Nadie quiere repetir las elecciones en Venezuela como piden Lula y Petro

«Las elecciones presidenciales en Venezuela se realizaron el pasado 28 de julio y las ganó abrumadoramente Edmundo González Urrutia». En tan solo una línea el candidato opositor a la presidencia de Venezuela fijó posición sobre las propuestas surgidas en los últimos días sobre una repetición electoral en Venezuela.

No fue la única voz que rechazó ese camino. La líder opositora María Corina Machado respondió en una declaración a periodistas argentinos que el planteamiento es «una falta de respeto a los venezolanos, la soberanía popular se respeta». Machado cree que la propuesta desconoce que el electorado de su país ya dio un veredicto. «Las elecciones tuvieron lugar y la sociedad venezolana se expresó en condiciones muy adversas, donde hubo fraude y aun así logramos ganar», agregó.

Insistió en que «hay que respetar la voz del pueblo, hay que respetar la soberanía», y preguntó: «¿Aceptarían ustedes que se llamara a otra elección en sus respectivos países?». «Se va a una segunda elección, y si no le gustan los resultados ¿se va a una tercera, cuarta, quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro?», se preguntó Machado.

La oposición en Venezuela insiste en que su candidato Edmundo González se impuso sobre Nicolás Maduro por más de 3 millones de votos, y ha publicado actas de las mesas electorales para soportar sus afirmaciones. Pero el Consejo Nacional Electoral anunció a Nicolás Maduro como el vencedor con casi el 52% de los votos, aunque sin hacer públicos los datos desagregados de la elección o entregar a los partidos políticos, como debe hacerlo por ley, los respaldos que confirmen ese resultado. Ahora, el Gobierno de Venezuela ha dicho que será el Tribunal Supremo quien «certificará» los resultados emitidos.

El Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU, las únicas dos organizaciones de observación internacional diurante las elecciones venezolanas, han puesto en duda los resultados emitidos debido a la falta de transparencia de la autoridad electoral.

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Brasil, Lula da Silva; y México, Andrés Manuel López Obrador han asumido un rol de mediación sobre la crisis venezolana. El primero ha propuesta un Gobierno de cohabitación, una suerte de democracia cerrada entre dos factores políticos que conduzca un camino de normalización en el país. El segundo ha sugerido nuevas elecciones para despejar las dudas sobre los resultados. Y el tercero dijo que no considera «prudente» pedir ahora nuevas votaciones, sino esperar que el Supremo se pronuncie.

En tanto, Estados Unidos mantiene la postura de que Edmundo González sacó más votos que Maduro y que el mandatario «debe aceptar la realidad», como dijo este jueves a LA RAZÓN el embajador de ese país para Venezuela, Francisco Palmieri, que opera desde Bogotá. La Casa Blanca confirmó esa posición al emitir una aclaratoria luego de la confusión generada por una breve respuesta del presidente Joe Biden que pareció apoyar la convocatoria a nuevas elecciones en el país suramericano.

Argentina también ha dicho que no respalda una repetición electoral en Venezuela. El Gobierno de Chile ha pedido respetar la voluntad del electorado y ha dicho no reconocer la victoria de Maduro.

La consultora política Carmen Beatriz Fernández afirma que el informe del Panel de Expertos de la ONU dificulta que ningún gobierno reconozca seriamente la reelección de Nicolás Maduro. Y opina que las posturas de los tres presidentes cercanos a las presiones internacionales lucen dispares pero demuestran que el chavismo se ha atrincherado.

Maduro ha confirmado que no ha hablado con los otros tres presidentes, y le ha respondido a Brasil y Colombia de manera indirecta afirmando que él no practica la diplomacia de micrófonos, esperando que ningún gobierno se inmiscuya en asuntos internos de Venezuela.

Este viernes Lula calificó como «desagradable» al Gobierno de Maduro, aseguró que tiene «tendencia autoritaria» e insistió en que se muestren los respaldos del resultado electoral anunciado el 28 de julio.

«Las distintas declaraciones internacionales de las últimas horas denotan que no existe una mediación activa con comunicación fluida con los actores venezolanos», opina el abogado Mariano De Alba, experto en geopolítica. «La incidencia internacional existe pero su impacto en las posiciones del gobierno y la oposición es limitado. El Gobierno se siente capaz de mantenerse cohesionado y enfrentar nuevamente un aislamiento por parte de Occidente, y la oposición no concibe una solución distinta al reconocimiento de su victoria», apunta desde Washington.

María Corfina Machado y Edmundo González han convocado a una protesta mundial este sábado con llamados en las distintas ciudades de Venezuela y la petición de descargar e imprimir las actas electorales divulgadas por la oposición para mostrarlas. Entretanto, el chavismo ya ha dicho que se movilizará el mismo día para apoyar «la lucha contra el fascismo».

Mientras tanto, el oficialismo en Venezuela avanza. Por una parte, la ONG Foro Penal afirma que solo 55 personas de las 1.406 detenidas por protestar el anuncio de la reelección de Maduro, que han podido certificar, han sido liberadas. Varios de los aún encarcelados enfrentan cargos de terrorismo y condenas a 30 años. La Fiscalía General ha dicho que las detenciones superan las 2.400.

Por otra parte, este jueves fue aprobada una nueva ley que permitirá al Ejecutivo disolver o suspender organizaciones no gubernamentales que, a juicio de funcionarios, tengan relación con partidos políticos o participen de «actos fascistas» o «terroristas».

Esta semana el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió a las autoridades no adoptar esta u otras leyes que socavan el espacio cívico de Venezuela, y la Relatora Especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, lamentó la aprobación. Activistas en Venezuela han calificado el instrumento como «ley antisociedad» y alertado de que sus efectos serán similares a lo ocurrido en Nicaragua, donde han sido cerradas más de 3.600 organizaciones sin fines de lucro.