Disturbios
El caos se apodera de Ecuador tras diez días de protestas
El Gobierno denuncia la desaparición de 18 policías y rechaza levantar el estado de excepción para iniciar el diálogo con los indígenas
“Una turba criminal generó absoluto terror en la ciudad de Puyo. Ciudadanos en estado etílico impedían atender a los pacientes y el paso de ambulancias y víveres”. El ministro de Interior de Ecuador, Patricio Carrillo, confirmaba este miércoles la muerte de un manifestante, seis policías heridos, 18 agentes desaparecidos, tres más “retenidos” y más de diez vehículos policiales dañados en las protestas de este martes en Puyo, capital de la provincia amazónica de Pastaza. El Gobierno de Guillermo Lassoha rechazado derogar el estado de excepción decretado en seis provincias y otras condiciones de la de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) para comenzar un diálogo que ponga fin a la huelga general indefinida convocada desde el lunes 13 de junio por el movimiento indígena.
Mientras siguen llegando a Quito centenares de indígenas desde diferentes puntos del país, el ministro de Gobierno ecuatoriano, Francisco Jiménez, ha asegurado que “no podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa la capital”: “No es el momento de exigir más demandas, es el momento de sentarse a negociar”. Unos 10.000 indígenas protestan en Quito portando palos de madera y escudos artesanales para enfrentarse a la Policía. Gremios campesinos, movimientos sociales y sindicatos como la Unión Nacional de Educadores se han unido a las protestas de los indígenas.
Tras la petición de 300 organizaciones civiles, Guillermo Lasso ha aceptado sentarse a negociar con el movimiento indígena para tratar de resolver la crisis que está haciendo tambalear su Gobierno: “Cuente con mi mejor predisposición y la de mi Gabinete para participar en un proceso de diálogo franco y respetuoso con la Conaie y más organizaciones de la sociedad civil que deseen sumarse, para juntos buscar solución a cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas”.
La Conaie ha pedido “garantías”. Su presidente, Leónidas Iza, detenido al inicio del paro nacional y en libertad con cargos, ha exigido al Gobierno eliminar el estado de excepción, “poner fin a la represión” y retirar a los policías alrededor de las universidades y otros lugares donde descansan en la capital. La Conaie reclama que les permitan llegar al parque El Arbolito y la vecina Casa de la Cultura para realizar sus asambleas.
El presidente ecuatoriano ha respondido que “ha acogido gran parte de las sugerencias presentadas en la Agenda de la Conaie con medidas compensatorias anunciadas públicamente”, como declarar la emergencia en salud, asumir el 50% del precio de la urea, uno de los fertilizantes más utilizados en Ecuador, créditos agrícolas y mayor gasto público. La UE y Naciones Unidas se han ofrecido como mediadores junto a las 300 organizaciones civiles que reclaman una negociación entre el Gobierno de Lasso y el movimiento indígena.
Pese a las cesiones, el ex presidente ejecutivo del Bando de Guayaquil de 66 años no logra frenar las movilizaciones, centradas en congelar los precios del combustible, controlar los precios de los productos básicos y una mayor cobertura pública en sanidad y educación. El galón
de diésel subió un 90% hasta 1,90 dólares y el de gasolina corriente un 46% hasta 2,55 dólares en poco menos de un año. La Conaie reclama rebajarlos a 1,50 y 2,10 dólares, respectivamente. El precio de muchos productos básicos de la cesta de la compra se ha duplicado.
Dos manifestantes muertos
Los bloqueos de carreteras continuaban este miércoles en Quito y otros puntos del país. Los manifestantes marchaban por el centro de la capital y la Policía ha empleado gases lacrimógenos. Dos manifestantes han muerto en los diez días de paro nacional en Ecuador. Un joven de 22 años falleció el domingo en una de las marchas indígenas hacia la capital tras caerse desde una gran altura por el hueco de un monte en Cayambe, a 70 kilómetros al norte de Quito, mientras huía de una carga policial en medio del caos.
El dirigente indígena de 42 años de la etnia amazónica kichwa, Byron Guatatuca, ha perdido la vida la noche del martes en una “confrontación” con la fuerza pública en Pastaza, en la zona amazónica de Puyo. La Conaie denuncia que fue asesinado por el “impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza”. La abogada Lina María Espinosa de la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador ha confirmado a Afp que “a esta persona le dispararon en el rostro, al parecer una bomba de gas lacrimógeno”.
Las imágenes difundidas la noche del martes en Twitter por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie) se puede ver a un joven inmóvil tumbado con una prominente herida en la frente y rodeado de un charco de sangre. Twitter ha eliminado los tuits que mostraban este vídeo. La Conaie ha denunciado que “aunque el gobierno intente censurar, restringir y eliminar el vídeo del asesinato del Guido Guatatuca, kichwa amazónico, denunciamos y exigimos justicia por las víctimas mortales del terrorismo de Estado que impone la política criminal de Guillermo Lasso”.
La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, que agrupa a 15 organizaciones, ha recibido 44 reportes de hechos que suponen violaciones de derechos humanos durante el paro nacional. Esta asociación denuncia que 74 personas han resultado heridas, tres de ellas continúan en estado crítico y cinco con lesiones oculares. Un manifestante ha sufrido la amputación parcial de una extremidad superior, denuncia esta plataforma. La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador contabiliza 87 detenidos.
Sindicatos y movimientos sociales se han unido a las protestas impulsadas por los indígenas. La Embajada española en Quito, junto con otras nueve legaciones diplomáticas, ha denunciado este miércoles su preocupación por “los continuos disturbios violentos”. El aeropuerto de Quito se vio obligado a suspender este martes varios vuelos por las protestas de la huelga general indefinida. Además, el bloqueo de carreteras dificulta la llegada al aeropuerto.
El gobierno de Lasso acusa a los indígenas de intentar “poner fin a la democracia en Ecuador” mientras la tensión aumenta en Quito y otros puntos del país. Los militares se han unido a la denuncia de Lasso. El ministro de Defensa, Luis Lara, ha asegurado que las Fuerzas Armadas “contemplan con enorme preocupación la manipulación de la protesta social, el crecimiento de la violencia por parte de quienes han rechazado el diálogo, principio fundamental de la convivencia en libertad y democracia para intentar imponer al Estado sus peticiones”. Lara concluía con la advertencia que repiten una y otra vez desde el Gobierno de Lasso en los últimos días: “La democracia está en riesgo”.
El ministro de Defensa ecuatoriano considera que “el único objetivo” de las acciones de grupos violentos “es crear el pánico agrediendo y extorsionando a las empresas, a las instituciones y a las autoridades”. Por su parte, la Conaie sube vídeos a las redes sociales mostrando proyectiles cilíndricos para denunciar que la policía “les recibe con balas” en Quito. Un grupo de indígenas enseñaba a la cámara cuatro de estos proyectiles: “Nos quieren matar. La policía nos dispara. La prensa no saca esto”, comentaba indignada una mujer con su rostro moreno medio tapado por una braga de montaña azul. Las arrugas dibujadas en su mejilla se profundizan mientras pregunta: “¿Hasta cuándo va a durar esto? Una lechuga vale dos dólares. El gobierno debe hablar con Leónidas Iza para que pueda solucionar esto”.
“Somos humanos”, comentaba un hombre mientras enseña estos cartuchos cilíndricos que denuncian que les ha disparado la Policía. El analista político de la Universidad Internacional SEK de Quito, Nelson Nogales, explica a LA RAZÓN que “se han ido uniendo ecologistas y sectores obreros a los indígenas”: “La agenda de la Conaie es amplia e inclusiva. Lasso ha cometido errores que han multiplicado la tensión como la detención de Iza o el registro de la Casa de la Cultura, algo que no sucedía desde los años 60 en la dictadura”. Tras una exitosa campaña de vacunación, Lasso no ha podido frenar el descontento popular por el aumento de la gasolina, la inflación y el deterioro de los servicios públicos.
Los mayores disturbios se concentraron el martes en el norte y sur de Quito. El sociólogo de la Universidad Mesoamericana de San Agustín Pablo Mamani explica a este diario que “una de las características de las sociedades latinoamericanos es que sectores urbanos son también indígenas urbanos”. Mamani advierte a este diario que “Lasso apuesta por la represión, que históricamente ha aumentado la movilización”: “Cuánto más se agrede la imagen de lo indígena, estos sectores urbanos indígenas de Quito son muy sensibles a sumarse a protestas sociales”. El analista subraya que “la detención del presidente de la Conaie fue una torpeza política porque hasta ese momento Lasso podría haber negociado bastante bien”: “Exacerbó la situación y provocó nuevos apoyos al movimiento indígena”.
El correísmo ha presentado en la Asamblea Nacional un procedimiento de destitución del presidente Lasso. El ex presidente de EcuadorRafael Correaha comentado el martes que “la situación del Gobierno de Guillermo Lasso está muy comprometida” por las protestas. Correa ha manifestado en RT que se trata de una administración “con altos índices de desaprobación” que “ha manejado muy mal la crisis y ha echado gasolina al fuego”.
El político ecuatoriano de 59 años asegura que si fuera presidente “pondría su cargo a consideración de pueblo ecuatoriano”. Mamani subraya que uno de los grandes escollos es la regulación del precio del combustible para tratar de frenar la inflación en la cesta de la compra: “Los indígenas buscan alargar el conflicto, ampliar las bases de la movilización, y tensar la situación para sentarse en mejores condiciones en la mesa de negociación. La Conaie no se va a sentar si Lasso se sigue negando a congelar los precios de la gasolina”.
Los disturbios y la violencia durante los 10 días de huelga general indefinida en Ecuador están generando malestar en este país de 17,6 millones de personas. El 76,4% de los ecuatorianos desearía que el paro nacional terminara, según una encuesta de CEDATOS. Además, una mayoría de ecuatorianos no está de acuerdo con la forma de protestar del movimiento indígena.
Mientras Lasso promete “defender Quito”, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Marlon Vargas, ha respondido al presidente ecuatoriano: “Nos han dicho que llegan a destruir Quito. Entonces no vengan a destruir la Amazonía”. El sociólogo Mamani subraya que “se está produciendo una lucha por el relato sobre la violencia y la legitimidad de las protestas”: “Es clave para la Conaie el apoyo del sector agrario, universitario y de la clase media sensible a estas luchas sociales”.
La huelga general indefinida convocada por el movimiento indígena está haciendo que aparezcan “discursos y conductas racista”, advierte Mamani, por parte de quienes consideran que el bloqueo de carreteras y las protestas indígenas están agudizando las dificultades económicas. Mamani recuerda que “antes en Ecuador indígena era sinónimo de salvaje, de irracional”: “Hay medios en Ecuador que señalan que un millón de indígenas están arruinando a los 17 millones de ecuatorianos. Es una lectura colonial. Separa entre ciudadanos de primera y de segunda”. El sociólogo de la Universidad Mesoamericana de San Agustín remarca que “el movimiento indígena puede mantener fácilmente las movilizaciones al menos durante dos o tres semanas más por su amplia experiencia en estas protestas”. Sin embargo, el analista destaca que “al gobierno de Lasso no le interesa que este conflicto se alargue porque la tensión está aumentando cada día”.
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