Amenazas de azotar a quienes no voten a Evo Morales, machismo explícito y denuncias contra el Tribunal Supremo Electoral han sido algunos de los escándalos que han prologado la campaña electoral para los comicios de octubre en Bolivia, que acaba de arrancar.

Amenazas de azotar a quienes no voten a Evo Morales, machismo explícito y denuncias contra el Tribunal Supremo Electoral han sido algunos de los escándalos que han prologado la campaña electoral para los comicios de octubre en Bolivia, que acaba de arrancar.

Estas aguas revueltas, aún más que en elecciones anteriores, se deben según analistas consultados por Efe al "cambio de las reglas del juego", con un endurecimiento de la regulación de las campañas que consideran que beneficia al partido en el poder.

"El primer problema es que la nueva Ley del órgano electoral ha cambiado las reglas del juego y cuando ocurre eso cambias también la cultura política", explicó a Efe el sociólogo y director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana, Rafael Loayza.

Uno de los principales cambios en la legislación electoral ha sido limitar la campaña en medios de comunicación a un mes antes de las elecciones, cuando anteriormente su duración era de tres meses.

Así, los candidatos no han podido aparecer en la prensa, radio o televisión hasta exactamente 30 días antes de los comicios, mientras que Evo Morales sí lo ha hecho al protagonizar diariamente varios actos oficiales como presidente.

Esto ha obligado, según Loayza, a que los presidenciables de la oposición recurran la polémica con el fin de salir en la prensa a toda costa.

"Antes, durante la campaña los opositores, de alguna manera, podían reparar su 'no presencia' en los medios durante el ejercicio de la oposición. Pero ahora Evo ha duplicado la cantidad de publicidad institucional, mientras que el resto de partidos tendrá sólo un mes", refirió el experto de la "Católica", la universidad privada más prestigiosa de Bolivia.

Con este panorama, a juicio de Loayza, los candidatos de oposición han buscado crear polémicas "que les permitan sostener presencia en los climas de opinión".

Entre las declaraciones más controvertidas de los candidatos se encuentra la denuncia del empresario Samuel Doria Medina sobre un posible "gasolinazo"si Morales es reelegido, en referencia a la retirada de la alta subvención estatal a los combustibles.

Llamativas fueron también las palabras del expresidente Jorge Quiroga, quien en la precampaña aseguró que se comerá su reloj si Morales gana los comicios.

"En la época del neoliberalismo ni (el expresidente) Jorge Quiroga ni (el empresario) Samuel Doria Medina habrían hablado jamás de estos temas, pero lo hacen porque necesitan el micrófono", sostuvo.

Durante las últimas semanas, otro escándalo recurrente ha sido la difusión de grabaciones ocultas de los candidatos.

En agosto se filtró un audio de Evo Morales en el que este afirmaba que la Cumbre del G77 celebrada en junio pasado en Bolivia fue "la mejor campaña"para su partido, y otro de Doria Medina tratando de disuadir a la esposa de un candidato de su formación para que retirara una denuncia por violencia machista.

Para Rafael Loayza, "siempre ha habido guerra sucia, pero ahora es de mayor intensidad porque se ha limitado el acceso de los partidos opositores a hacer proselitismo".

"Nunca he visto esta intensidad que ha obligado a personas tradicionalmente conservadoras e institucionalistas a empezar a hablar fuera de tono", consideró.

Pero más allá de los posibles exabruptos de los candidatos opositores en busca de un espacio en los medios, durante la precampaña han trascendido otros escándalos que ponen en entredicho el sistema democrático boliviano.

Uno de ellos fue el anuncio de un diputado oficialista de que en el norte del departamento andino de Potosí los sindicatos campesinos han acordado controlar el voto y castigar con latigazos a quienes no voten a Morales.

Otras organizaciones sociales que apoyan a Evo Morales, como la federación de mujeres campesinas indígenas Bartolina Sisa, también han asegurado que obligarán a sus afiliadas a votar por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

Según Loayza, este tipo de "prácticas antidemocráticas"se entrelazó con la política boliviana tras la primera victoria de Morales en 2005, ya que incorporó a las organizaciones sociales a la estructura de su partido, y en esas organizaciones esta clase de castigos es tradicional, como también lo es el "voto vigilado".

"Los ayllus, las centrales agrarias y sindicatos campesinos tienen un control social extraordinario. Estas cosas siempre han pasado en esas organizaciones como mecanismo de control social, pero en las elecciones sólo pasa desde el momento en que se incorporan como parte de la estructura del MAS", agregó.