Sudán se desliza a pasos acelerados hacia la guerra civil. Al cierre de esta edición, al menos 56 civiles han muerto y seis centenares de personas –entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad- han resultado heridas como consecuencia de los enfrentamientos entre las tropas del Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido –un grupo paramilitar que reúne a ex combatientes de la guerra de Darfur y cuenta con unos 100.000 efectivos-, quienes se disputan el poder desde 2021.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) aseguran haberse hecho con el control del palacio presidencial y la residencia del líder de las fuerzas armadas, la sede de la televisión nacional y el aeropuerto internacional de Jartum, además de las ciudades de Merowe y El Fasher y el estado de Darfur Occidental. El Ejército lo niega. Imágenes televisivas mostraban este domingo una densa humareda procedente de un edificio cercano al cuartel general del Ejército en la capital. Los militares aseguran también mantener el control.

La escalada comenzó el sábado en Jartum. La jornada estuvo marcada por duros enfrentamientos entre las partes y la noche registró una cadena de explosiones y disparos. La tensión entre el jefe del Ejército y presidente del Consejo Soberano de Sudán, el general Abdel Fattah al Burhan, y el comandante de las FAR y vicepresidente del Consejo Mohamed Hamdan Dagalo era máxima desde hacía semanas. Además de en Jartum se han registrado choques en las afueras de la capital, en el estado fronterizo de Kasala y en la región occidental de Darfur. A juzgar por la dureza de los combates en las últimas horas no hay nada que indique que las partes estén dispuestas a sentarse a negociar y evitar un baño de sangre aún mayor en Sudán, uno de los países más pobres del mundo.

Ambos bandos unieron sus fuerzas durante el golpe de Estado protagonizado por el general Abdel Fattah al Burhan en 2021. Pero los desacuerdos a propósito de la integración de los paramilitares de las FAR –creadas en 2013 por el entonces presidente Omar al Bachir, derrocado tras la revuelta pro democrática iniciada en 2019 - en las fuerzas armadas sudanesas han lastrado el proceso de transición democrática apoyado por la comunidad internacional y hoy abocan al país árabe a un conflicto armado a gran escala.

En agosto de 2019 la oposición civil sudanesa y la junta militar en el poder habían firmado la Carta Magna que debía ser la hoja de ruta para un proceso de transición que nunca llegó a buen puerto. En diciembre pasado los golpistas y la coalición de fuerzas civiles trataban de relanzar el proceso con la firma de un nuevo acuerdo que, sin embargo, fue rechazado por los grupos prodemocráticos. Más de 120 personas han fallecido exigiendo la continuidad del proceso en el último año y medio.

El balance de muertos y heridos en Jartum y el resto de lugares donde se están produciendo enfrentamientos puede aumentar considerablemente en las próximas horas. Entre los fallecidos hay tres empleados del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas que perdieron la vida en un cruce de fuego junto a una base militar en la ciudad de Kabkabiya, al oeste del país. La población trata a esta hora de buscar refugio en sus hogares. El Gobierno decretó ayer festivo y cerró colegios, administración y bancos.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido de que “una escalada en el conflicto tendrá un impacto devastador en los civiles y agravará aún más la ya precaria situación humanitaria del país”. La Liga Árabe celebró ayer una reunión de emergencia el domingo para discutir la situación. La UE, China, Rusia y Reino Unido han instado a las partes a decretar un alto el fuego. Grupos civiles participantes en las negociaciones de diciembre alertaban ayer en un comunicado que “este es un momento crucial en la historia de nuestro país (…) Esta es una guerra que nadie ganará y que destruirá nuestro país para siempre”.