A la espera del tsunami

Reino Unido ha activado, por fin, el Brexit. Nueve meses después de que los británicos votaran mayoritariamente en referéndum por el abandono de la Unión Europea, el nuevo Gobierno de Theresa May ha decidido remitir a Donald Tusk la carta que activa el Artículo 50 del Tratado de Lisboa. La primera ministra ha declarado que nos encontramos ante un momento inédito en la reciente historia de Occidente. Desde luego lo es, dado que nunca en los últimos 70 años se había dado un portazo tan sonoro al proyecto de integración política europea. Pero, a pesar de la trascendencia histórica de la carta de May, los mercados financieros apenas han arqueado la ceja: la bolsa de Londres cerró con subidas moderadas y la cotización de la libra se mantuvo esencialmente sin cambios.

A la luz de la reacción de «los mercados», parecería que lo acaecido ayer apenas tiene relevancia económica alguna; pero no es así: lo que sucede, en esencia, es que los tiempos políticos siempre van por detrás de las expectativas económicas. Si algo hizo ayer el Gobierno británico fue oficializar lo que era sabido: que iba a activar el Brexit y que, a partir de este momento, se abre un período de incertidumbre a propósito del nuevo marco institucional que regirá entre Reino Unido y la UE. Sobre lo sustantivo del asunto ayer no hubo cambio alguno: si acaso, el tono de la carta de May parece extender la mano a cierta voluntad de entendimiento con sus antiguos socios comunitarios. No en vano, la primera ministra recordó que «no hay ningún motivo por el cual no podamos lograr una nueva relación, profunda y especial, entre Reino Unido y la UE que funcione bien para todos», refiriéndose particularmente a que Londres disfrute del «mayor acceso posible al mercado único mediante un nuevo acuerdo de libre comercio audaz y ambicioso». Es decir, a tenor de la carta, parece que May no desea dinamitar la libertad de movimientos de mercancías y capitales entre ambas zonas económicas: cuestión distinta es la libertad de movimientos de personas que el Ejecutivo británico sí quiere limitar y que la UE desea mantener a toda costa.

Y, aunque desde luego sería muy deseable que Reino Unido no se enrocara en una postura antiinmigratoria que terminará perjudicando a los europeos pero sobre todo a los británicos, la UE tampoco debería llevar la negociación hasta el todo-o-nada. Excluir a la sociedad británica del mercado común como represalia por no admitir una amplia libertad de movimientos de personas supone aplicar al país unos estándares negociadores que no se imponen a otros países con los que la Unión Europea ha negociado o está negociando tratados comerciales –tales como Canadá o EE UU– y que serían mutuamente destructivos.

En suma, de momento, los mercados no han empeorado sus expectativas con respecto al Brexit: esperemos que los políticos de ambos lados no les den motivos para hacerlo durante los próximos meses.