La controvertida reforma de las pensiones, en el centro del pulso a cara de perro que mantiene el Gobierno de Emmanuel Macron con los sindicatos, llega este lunes a la Asamblea Nacional para iniciar un debate duro que marcará la agenda política de las próximas semanas en Francia.

El debate parlamentario se desarrollará en paralelo a lo que vaya aconteciendo en las calles de Francia, con otras dos nuevas jornadas de paros y movilización sindical convocadas para mañana martes día 7 y el sábado 11. La unión sindical tratará así de condicionar el curso de lo que vaya aconteciendo en la Asamblea tras dos jornadas masivas de protestas que han tensado al máximo la cuerda con el Ejecutivo francés.

De eso se trata con las nuevas fechas en rojo en el calendario de esta semana: de presionar a los diputados que cada día pueden comprobar en sus distritos el rechazo que provoca la reforma. Algo que también muestra la demoscopia con casi tres de cada cuatro franceses considera injusta la reforma estrella de Macron que pretende retrasar de los 62 a los 64 años la edad de jubilación y aumentar a 43 los años de cotización para obtener una pensión plena.

Tras las masivas movilizaciones del mes de enero, ambas por encima del millón de personas en la calle según Interior, y entorno a los dos millones y medio según los sindicatos, ahora la pelota está en la Asamblea Nacional. El problema para Macron es que, desde las legislativas de junio, carece de mayoría absoluta, pese a tener el primer grupo parlamentario.

La aritmética parlamentaria que hasta ahora se daba por descontada en Francia, es que Macron se apoyaría en la derecha moderada Los Republicanos para sacar adelante el texto vía algunas concesiones. Pero según pasan los días, las dudas crecen en esas cuentas parlamentarias. No todos los 62 diputados de LR quieren aprobar la reforma. Y surgen dudas entre los 250 diputados de los tres partidos que configuran el bloque macronista: Renacimiento, Modem y Horizonte.

La presión de la calle comienza a hacer mella en el hipercentro de Macron. Ese es precisamente el objetivo de esta unión sindical sin precedentes en Francia desde la era Sarkozy: crear fisuras en el bloque de apoyo a la reforma. Y ahí llegaría un desenlace clave y de alto voltaje: si el Gobierno no encontrara una mayoría parlamentaria, tiene una alternativa: aplicar el artículo 49.3 de la Constitución, que permite poner fin a los debates y adoptar la ley por decreto. En este caso, la oposición solo puede abortarla con una moción de censura. Eso parlamentariamente, sin contar con lo que supondría el argumento del decreto para los manifestantes en la calle. Un pulso a cara de perro que se intensifica y cuyo final va a dejar serias consecuencias para Francia.

Macron ha sugerido que, si prosperase una moción de censura contra la primera ministra, Elisabeth Borne, disolvería la Asamblea Nacional y convocaría nuevas elecciones legislativas.

La batalla parlamentaria no ha hecho más que empezar, y todo apunta a que tendrá vasos comunicantes con lo que vaya sucediendo en la calle. El gobierno se agarra a una posible erosión de los huelguistas, algo que ya se pudo ver en algunos sectores durante la segunda jornada de huelga del pasado día 31 de enero. Los miembros del gobierno siguen estos días ocupando horas de radio y televisión en lo que parece una operación destinada a argumentar y explicar mejor la impopular reforma. Elisabeth Borne ha vuelto a incidir en que se trata de preservar “un sistema que protege a los franceses”.

En una entrevista en la televisión pública el pasado jueves, la jefa del Gobierno indicó que en la actual situación el sistema de pensiones crearía un déficit insoportable, obligaría a subir los impuestos y empobrecería a los franceses. Borne defendió su propuesta “equilibrada” frente a los sindicatos que se oponen a la reforma y que han convocado ya dos huelgas generales y preparan otras dos para los próximos días 7 y 11 de febrero, Borne defendió que su proyecto es “indispensable”.

Según las cuentas del Gobierno, el déficit del sistema de pensiones alcanzará los 12.000 millones en 2027 porque “los ingresos bajan ya que hay menos activos para financiar a los pensionistas”. Al tiempo, hizo un llamamiento a la responsabilidad a la oposición de izquierdas que ha presentado 20.000 enmiendas al texto del Ejecutivo, lo que dificulta el debate que hoy arranca.

Francia, una baja edad de jubilación

Lo cierto es que Francia es uno de los países de la Unión Europea con la edad de jubilación más baja y la intención de los sindicatos es que siga así: gran parte de las protestas se centran en esos trabajos menos calificados, de mayor exigencia física, que tienen un coste sobre la salud de los empleados y que reducen la esperanza de vida.

Con un ojo puesto en la Asamblea y otro en las calles esta semana, Macron sabe que se juega su legado político en una partida impredecible. El mandatario galo se encuentra bajo presión y en una encrucijada de difícil salida. Si cede, su credibilidad como presidente reformista quedará tocada. Si sigue adelante, se arriesga a que el malestar social marque a fuego el resto de sus días en el Elíseo hasta 2027 con el riesgo de erupciones como el movimiento de los chalecos amarillos que lo puso contra las cuerdas durante su primer mandato.