El Papa Francisco autorizó el pago de hasta 1 millón de euros para liberar a una monja colombiana que fue secuestrada por militantes de una organización de Malí vinculada con al-Qaeda, según reveló este jueves el cardenal Angelo Becciu. Becciu aseguró en su testimonio que el Santo Padre autorizó en secreto la contratación de una empresa británica de seguridad privada, conocida como Inkerman, con el fin de encontrar a la religiosa y conseguir su libertad tras casi cinco años de cautiverio. El testimonio del cardenal Angelo Becciu supone un serio aprieto para el Vaticano y la Iglesia Católica, ya que probaría que el Papa estuvo dispuesto a pagar un rescate a los yihadistas a cambio de la liberación de la monja.

El pago de rescates rara vez ocurre en estos casos, precisamente con la intención de evitar futuros secuestros para hacerse con el botín. Todavía se desconocen las cantidades de dinero que recibieron los yihadistas, o si este pago llegó a realizarse de manera efectiva, tal y como asegura el cardenal Becciu.

Becciu fue el número dos en la Secretaría del Estado del Vaticano y uno de los más estrechos asesores del Papa hasta épocas recientes. Ahora asegura que ocultó esta información durante dos años ante el tribunal del Vaticano, supuestamente por tratarse de un asunto de Estado y un secreto pontificio. Becciu se encuentra acusado de malversación de fondos, abuso de poder y manipulación de testigos, acusaciones todas que el cardenal niega rotundamente. Solo después de que el Santo Padre le liberase del requisito de confidencialidad, y en su propia defensa, el cardenal ha podido aportar este testimonio durante el proceso que le juzga junto con otros diez miembros del Vaticano. Los imputados están acusados de cometer de un número de delitos relacionados con la extracción de fondos de la Santa Sede por un valor de millones de euros en honorarios, comisiones y malas inversiones.

Cecilia Marogna (una asesora de inteligencia italiana que también se encuentra acusada) ha comunicado a los medios italianos que ella misma ayudó en las negociaciones para liberar a rehenes católicos en el continente africano, siempre como mediadora de la Santa Sede, mientras los fiscales del Vaticano la acusan de malversar 575 millones de euros mediante la citación de registros bancarios de su holding en Eslovenia, que muestra nueve transferencias efectuadas por el Vaticano entre 2018 y 2019, siempre para fines humanitarios sin especificar. Marogna mantiene que las transferencias fueron reembolsos de gastos y compensación por sus servicios.

Becciu confirmó que acudió a Marogna tras el secuestro en febrero de 2017 de la hermana Gloria a manos integrantes de un grupo yihadista conocido en Malí por el secuestro de occidentales. Según dijo el cardenal, el Papa le autorizó a iniciar una colaboración con Inkerman, mientras le prohibió revelar esta información a nadie, incluyendo el jefe de policía del Vaticano, ante el temor de que esta decisión podía conllevar una serie de implicaciones negativas para la Santa Sede.

“En una reunión posterior con el Santo Padre, una vez en Roma, le hablé más detalladamente de la conversación que tuvimos con los miembros de Inkerman y de la suma que estimamos a grandes rasgos: alrededor de 1 millón de euros, una parte para pagar la creación de una red de contactos, y otra parte para la liberación efectiva de la monja”. Así lo testificó Becciu este jueves. “Señalé que no deberíamos ir más allá de esa cifra. Él (Francisco) la aprobó. Debo decir que cada paso de esta operación fue acordado con el Santo Padre”.

La hermana Gloria fue liberada en octubre de 2021, después de más de cuatro años de cautiverio. Poco después, se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano.