A menos de no encontrarse bajo una amenaza de seguridad grave, los escándalos mediáticos o diplomáticos que afectan a Israel no suelen alterar la cotidianidad de sus ciudadanos. Así ocurrió en julio de 2021, cuando el colectivo “Forbiden Stories” reveló una filtración masiva a miles de teléfonos de periodistas, activistas o políticos mediante el software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO. Entonces, se descubrió su uso por parte de las autoridades de Arabia Saudí, Marruecos, Azerbaiyán, Hungría, México o India.

Ahora, todo apunta a que las infiltraciones en smartphones penetraron de lleno en el Estado judío, país que se enorgullece de ser la única democracia de Oriente Medio. Según una investigación del periódico israelí Calcalist, 26 funcionarios, políticos, periodistas o líderes de movimientos sociales estaban incluidos en una lista de espionaje elaborada por la Policía, que en 2013 habría adquirido el software malicioso, y que puso en funcionamiento sin la requerida aprobación judicial previa.

El reportero Tomer Ganon, que desveló por capítulos una saga que pone en entredicho la separación de poderes del país, explicó tras la revelación de la exclusiva que la Policía puso en práctica las escuchas para inculpar a activistas por posible alteración del orden público, a gobernadores locales por presunta corrupción, o funcionarios con sospechas de tráfico de influencias.

Su uso se implementó tras la entrada del ex jefe de la Policía, Roni Alseich, que fue nombrado en el cargo por el ex primer ministro Benjamín Netanyahu. Alseich procedía del Shabak –servicio de seguridad interna- y al parecer instauró en el cuerpo policial el ADN de los servicios de inteligencia.

Terremoto político

Desde el seno de la heterogénea coalición de gobierno, las primeras reacciones fueron de sorpresa y rechazo. Avigdor Liberman, ministro de Finanzas, afirmó que “si las publicaciones son ciertas, hablamos de un terremoto de nivel 9 en la escala de Richter”. Nitzan Horowitz, titular de Sanidad, consideró que “lastima las bases fundamentales de nuestra democracia, los derechos fundamentales y el derecho a la privacidad. El espionaje a cargos electos, ciudadanos o periodistas es un escándalo, correspondiente a países oscuros antidemocráticos”.

En las primeras semanas tras el escándalo, sólo se pudo conocer la información aportada desde Calcalist. Lo que sí se sabe es el potencial de Pegasus: cuando se utiliza para penetrar un teléfono, es capaz de extraer toda su información en tiempo real. Escuchar conversaciones, espiar por la cámara, acceder a todas las aplicaciones, cuentas bancarias, redes sociales… Para infectar el dispositivo, se suele mandar un enlace o documento, que si es abierto por el usuario, permite el acceso del software. También puede implantarse con otros métodos, como utilizando un transmisor inalámbrico ubicado cerca del objetivo.

“Hay una especie de agujero negro en la Policía donde nadie sabe exactamente lo que ocurre, y se debería establecer una comisión parlamentaria externa, porque ya no se puede confiar en el cuerpo”, consideró Josh Breiner, del rotativo Haaretz. Y es que el problema no es únicamente que se espiara a posibles infractores sin la debida orden judicial, sino que incluso se podría haber rastreado sin fundamento, por si alguien pudiera cometer crímenes futuros. “Es algo que debería aterrar a cualquier ciudadano de un país democrático”, prosiguió Breiner.

La propia policía se habría saltado la ley. Decidió recurrir a Pegasus para lo que el cuerpo definió como “necesidades de información” y no una investigación formal, y que por lo tanto no necesitaba la luz verde judicial. La ley vigente para poder realizar seguimientos establece líneas rojas: por ejemplo, cuando un diputado habla con su abogado, no se le puede escuchar.

“Descubrimos que Israel no es diferente a los países a los que NSO vendió su software. Aquí también nuestra Policía decide imponer su criterio dependiendo de lo que considera correcto, sin supervisión del juez”, destacó Ganon.

Mientras la Fiscalía continúa recabando pruebas para verificar las informaciones, el ministro de justicia, Gideon Sa’ar, insiste en que por ahora no hay indicios que prueben que la exclusiva revelada por Calcalist sea cierta. En la misma línea se pronunció el ex comisario Alsheich, que denegó que las fuerzas del orden hubieran adquirido –bajo su mando- el software malicioso. Por su parte, la Policía se limitó a confirmar que posee herramientas de cibervigilancia, pero que su uso se hace bajo los parámetros establecidos por la ley. En un informe entregado al primer ministro Naftali Bennett, el cuerpo aclaró que de las 26 personas incluidas en la lista, solo se intentó espiar a tres de ellas, y que se logró únicamente en un caso.

La fuente anónima que proporcionó la información también apuntó a que se habrían infectado teléfonos del entorno de Netanyahu, claves en las causas de corrupción que afronta. Por ello, la Fiscalía decidió posponer los juicios previstos para la semana pasada. El ex “premier” aprovechó la ocasión para alentar a los suyos a manifestarse: “si no queréis que todo se esconda bajo la alfombra, deseáis mantener vuestro derecho a la privacidad y el futuro del país, alzad la voz”. Los indicios apuntan a que se habría espiado a sus allegados mientras estaba en el poder. Recurrentemente, “Bibi” acusó a la Policía, la justicia y la prensa de querer derribarle. Tras el escándalo surgido por Pegasus, sus incondicionales exigen anular todos los juicios en su contra.