La bomba ha terminado de estallar, después de años de especulaciones en Honduras, Estados Unidos solicitó oficialmente la detención y extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, menos de tres semanas después de que dejara el cargo.

Tras el anuncio, las fuerzas de seguridad hondureñas rodearon el lunes por la noche el vecindario de Hernández y la Corte Suprema de Justicia fijó una reunión urgente el martes por la mañana para elegir al juez que gestionará la petición de extradición.

En un video publicado por el equipo legal de Hernández, aparentemente desde dentro de la vivienda, el abogado Félix Ávila dijo que todo el proceso tendría que esperar a que la corte designara a un juez para instruir el caso. “Mientras tanto, es entendido que no existe ninguna orden de captura”, afirmó.

Sin embargo, en una barrera policial en torno al vecindario, Rasel Tomé, vicepresidente del recién elegido Congreso Nacional, dijo que Hernández tendría que entregarse o sería capturado a las 6 de la mañana del martes.

Se trata de un esperado evento para una figura que es detestado en su país, que aunque tuvo el apoyo del gobierno de Donald Trump, se vio repudiado por la Casa Blanca de Joe Biden, que ha señalado la corrupción endémica en Centroamérica como una causa de la migración.

Aunque no se conocían los cargos concretos presentados contra Hernández, fiscales federales en Nueva York le han señalado antes como co-conspirador en un caso de narcotráfico y afirmado que su ascenso político se financió con dinero de la droga. Hernández ha rechazado las acusaciones.

Hernández dejó la presidencia el 27 de enero al ser juramentada la presidenta Xiomara Castro. El mismo día en que Hernández dejó el puesto fue juramentado como representante de Honduras ante el Parlamento Centroamericano.

Su abogado, Hermes Ramírez, dijo a medios locales que su cliente tenía inmunidad por su puesto en la cámara regional e insistió en que las fuerzas de seguridad no estaban siguiendo el protocolo adecuado. Dijo que Hernández estaba en la vivienda.

Como parte de su defensa, Hernández ha señalado a menudo que Honduras empezó a permitir la extradición de hondureños por delitos de drogas cuando él era presidente del congreso.

Pero la fiscalía estadounidense ha alegado que recibió sobornos de narcotraficantes con la promesa de protegerlos una vez fuera presidente del país.

“Juan Orlando Hernández se ha involucrado en una corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para facilitar campañas políticas”, detalló en un comunicado el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

En 2019, fiscales estadounidenses en Nueva York le implicaron en numerosas ocasiones en el juicio de su hermano por delitos de drogas y afirmaron que los beneficios de las drogas financiaron su ascenso político.

La Fiscalía de Nueva York confirmó en febrero de 2021 la existencia de una investigación por narcotráfico contra el expresidente hondureño. El nombre de Hernández ya había salido previamente en las investigaciones, dado que los fiscales aseguraron que tuvo contacto con el narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Antonio Hernández, hermano del expresidente hondureño, fue condenado por un tribunal federal en Nueva York a cadena perpetua y a pagar 138 millones de dólares (118 millones de euros), tras ser hallado culpable en octubre de 2019 por narcotráfico, posesión de armas y falso testimonio.

Juan Orlando Hernández asumió la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2014. Más tarde aprovechó una Corte Suprema afín para evitar el veto constitucional a la reelección y obtuvo un segundo mandato en 2017 en elecciones marcadas por las irregularidades.

En torno a la medianoche del lunes, Jorge Arturo Vega, de 56 años, partidario del Partido Libertad y Refundación de Castro, celebraba ante una barricada policial en el barrio de Hernández.

“Esto es una fiesta que estábamos esperando desde hace mucho tiempo”, dijo Vega, en alusión a la docena de años desde que Hernández ascendió en el congreso. “Este narcotraficante, delincuente, asesino ya no lo podíamos soportar en Casa Presidencial”.