Los euroescépticos no consiguen su ansiada «Global Britain»

Boris Johnson vendió la ejecución del Brexit como una de las victorias más importantes en la historia reciente de Reino Unido. Tras casi cinco décadas, los británicos salían de la Unión Europea el pasado 31 de diciembre de 2020 a medianoche. Sin embargo, el aniversario de su gran «hazaña» estará marcado por la soledad. La gran soledad de un primer ministro sin popularidad en la calle y sin autoridad entre sus filas del Parrtido Conservador. Las cosas no han salido como se esperaban para la «Global Britain» con la que soñaban los euroescépticos que hicieron campaña para salir de la UE en el referéndum de 2016.

Prueba de ello ha sido la reciente dimisión de David Frost como ministro del Brexit. En su carta de salida, señalaba que «el Brexit ahora es seguro», pero tiene «preocupaciones sobre la dirección actual de viaje». Y es que, lejos de la reducción del papel del Estado, la desregularización radical de la economía y la bajada de impuestos que querían los «brexiters», la pandemia ha obligado a Johnson a tomar un rumbo completamente distinto.

Nadie pone en duda que el coronavirus ha creado circunstancias excepcionales. Pero las restricciones sociales y la deuda pública que acumula Reino Unido por las continuas ayudas a los perjudicadas (la deuda supera ya el 96% de su PIB, el nivel más alto desde que comenzaron los registros) son dos puntos difíciles de digerir para las filas del Partido Conservador, que en diciembre protagonizaban la rebelión más importante del mandato del primer ministro desde que llegó al número 10 de Downing Street.

Sus filas han retirado el apoyo al «premier». Y el electorado también. Porque en la calle ha causado gran indignación los detalles que van saliendo estos días sobre las fiestas celebradas el año pasado en Downing Street en plenas restricciones por la covid-19.

Por lo tanto, por mucho que cuente con una amplia mayoría en la Cámara de los Comunes, si Johnson va a tener que seguir dependiendo de la oposición laborista para sacar adelante sus planes ante la pandemia, demuestra que tiene Gobierno, pero no poder. Y si tampoco tiene popularidad entre los ciudadanos, eso nunca garantiza su supervivencia política a corto plazo.

Frost defiende el liderazgo del primer ministro e insiste en que su salida se debe a que mantiene «diferencias políticas» respecto a la dirección que ha tomado el Ejecutivo en ciertas áreas, pero no respecto al Brexit.

Sin embargo, cuesta creerlo porque su salida coincide con un momento en el que Downing Street parece estar suavizando su postura respecto a las renegociaciones con Bruselas sobre el Protocolo de Irlanda, un volantazo considerable teniendo en cuenta que hace tan solo un mes se hablaba seriamente, tanto en público como en privado, sobre la activación del artículo 16 del pacto de divorcio para suspender de manera unilateral el considerado santo grial del acuerdo de retirada.

Cuesta creerlo, pero tras cuatro años de largas negociaciones y un año después de consolidarse el divorcio, Londres y Bruselas siguen a día de hoy negociando. Johnson dejó a la provincia británica de Irlanda del Norte con un estatus diferente al del resto del Reino Unido y ahora se niega a realizar los controles acordados para los productos que pasan de Gran Bretaña (Escocia, Inglaterra y Gales) a Irlanda del Norte. Si bien Bruselas está dispuesta a reducir hasta en un 80% los controles, Downing Street quiere renegociar también el papel del Tribunal de Justicia Europeo como árbitro final ante posibles disputas.

Tras la salida de Frost, Liz Truss, ministra de Exteriores, es la que ha tomado las riendas. En su día, hizo campaña por la permanencia en la UE, pero rápidamente se subió luego al caballo vencedor y ahora es vista como la posible sucesora de Johnson. El hecho de que el líder «tory» haya cerrado el Ministerio del Brexit y le haya dado las competencias a la responsable de la diplomacia británica (que ya se ocupa de Exteriores, Desarrollo Internacional, Mujeres e Igualdad) ha enfurecido aún más al ala euroescéptica de sus filas, ya que consideran que ha «degradado» el Brexit.

El «número dos» de la ministra será Chris Heaton-Harris, que se define en como un «fiero euroescéptico». En su momento, fue investigado por la Comisión de Estándares Éticos de Westminster cuando se supo de su reunión, en marzo de 2019, en dependencias parlamentarias, con una delegación de Vox, encabezada por Iván Espinosa de los Monteros.

Pero las tensiones de Londres con Bruselas van más allá del Protocolo de Irlanda. Las relaciones con Francia –que precisamente ocupará el próximo 1 de enero la Presidencia de turno de la UE– pasan por su momento más delicado desde la Entente Cordiale de 1904 por la disputa en torno a las licencias de sus barcos y la crisis migratoria en el Canal de la Mancha.

De hecho, Reino Unido corre el riesgo de que su acceso al mercado único se vea restringido si no respeta el acuerdo del Brexit en lo referido a la concesión de licencias de pesca para faenar en sus aguas jurisdiccionales, advirtió este jueves el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune. «Si los británicos no respetan el acuerdo, no tendrán acceso libremente a nuestro mercado en el futuro», aseguró Beaune en una entrevista en France 2.

Si finalmente todo desemboca en una guerra comercial entre Reino Unido y los Veintisiete, las consecuencias para ambas partes serán nefastas. A principios de 2022, deben entrar en vigor los nuevos controles aduaneros en todo Reino Unido para las mercancías procedentes de la UE. Bruselas lleva implementado controles completos de los productos procedentes de Reino Unido desde principios de 2021. Sin embargo, Downing Street se está encontrando con dificultades y ha ido postergando continuamente plazos. Algunos referentes a seguridad sanitaria y fitosanitaria para productos agrícolas no se implementarán hasta el mes de julio.

Ironías del Brexit, el regulador fiscal del Gobierno, (OBR, por sus siglas en inglés) cree que su previsión de 2016, antes del referéndum, se mantiene, y el total de importaciones y exportaciones será un 15% menor que si se hubiera seguido en la UE. Nadie es capaz aún de vaticinar con certeza cuál será el impacto económico del divorcio. La OBR ha cifrado en un 4% el impacto negativo sobre el PIB que tendrá el Brexit a largo plazo. Pero nadie es capaz de definir con exactitud ese «largo plazo». Y, pandemia mediante, es muy fácil echar ahora al virus la culpa de todos los males.

De momento, el Banco de Inglaterra ha subido desde el mínimo del 0,1 al 0,25 % los tipos de interés en Reino Unido –su primer aumento en tres años–, a fin de contener la inflación, que se situó en noviembre en un 5,1%, el mayor incremento desde 2011.

La escasez de mano de obra tampoco ayuda. Entre otros, se calcula que hay un déficit de 100.000 camioneros. Pese a su nueva normativa de inmigración, el pasado mes de septiembre, el Gobierno se vio obligado a ofrecer 10.500 visados de trabajo temporales hasta Navidades: 5.000 para transportistas y 5.500 para empleados de la industria avícola.

Sin acuerdo sobre Gibraltar

Por otra parte, pese a que la gran «Global Britain» prometía grandes acuerdos comerciales con terceros países al haber «recuperado el control», más allá de replicar los pactos que ya tenía estando dentro del bloque, la lista de nuevos socios es más bien escueta y no aporta mucho desde el prisma económico. Porque el comercio de Londres con Japón –con quien se ha cerrado una nueva alianza– representa solo el 2% del total de Reino Unido. Y el alcanzado con Australia, supondrá tan solo un incremento a largo plazo de un 0.02% al PIB. Del acuerdo comercial con Estados Unidos, de momento, no hay noticias.

Lo que tampoco han concluido son las negociaciones en torno a Gibraltar. En la Nochevieja del 2020, a pocas horas de que terminara el periodo de transición, Londres y Madrid conseguían cerrar «in extremis» un principio de acuerdo para evitar los estrictos controles en la verja que habrían sacudido a la economía tanto del Peñón como de las regiones españolas aledañas. La frontera entre España y Gibraltar es la única terrestre, junto con la de Irlanda, que existe ahora entre Reino Unido y la UE. A diario es cruzada por 15.000 trabajadores, de ellos, más de 10.000 son españoles de una zona como la del Campo de Gibraltar, donde pocas veces se baja de una tasa de paro del 30%.

España dijo entonces haber llegado a un entendimiento con Reino Unido para suprimir las barreras terrestres y adelantó que agentes de la Agencia europea de control de Fronteras (Frontex) asumirían el control de las entradas y salidas por el aeropuerto y puerto de Gibraltar por un período inicial de cuatro años. Pero todo eso era tan solo un marco. Ahora es la UE y Reino Unido quienes deben cerrar el pacto final. Había intención de hacerlo este año, pero las partes han decidido ampliar los plazos. Londres se ha marcado como objetivo poder alcanzarlo para finales de marzo.