La Fiscalía austriaca investiga al canciller Kurz por corrupción

Los fiscales en Austria sospechan que el canciller Sebastian Kurz, que ya está siendo investigado en una pesquisa de soborno, utilizó fondos públicos para asegurar una cobertura mediática favorable. «Sebastian Kurz y otros nueve sospechosos, así como tres organizaciones» son objeto de una investigación sobre varios delitos de corrupción relacionados con el asunto, asegura la Fiscalía en un comunicado publicado este miércoles.

Los medios austriacos informaron que los investigadores habían registrado las oficinas del gobernante Partido Popular (ÖVP) en relación con una investigación de soborno. Los fiscales añadieron que estaban investigando a Kurz y a otras nueve personas. La Agencia de Prensa de Austria (APA) informó de que también se registró el edificio de la Cancillería, aunque no estaba claro de inmediato si esto incluía las oficinas de Kurz, así como el Ministerio de Finanzas.

Dos diarios, «Presse» y «Kurier», publicaron en sus páginas web de que la investigación estaba vinculada a pagos sospechosos por encuestas de opinión publicadas en otro periódico, el populista “Österreich”. La emisora pública ORF afirmó que sondeos favorables a los conservadores fueron pagadas por el Ministerio de Finanzas.

La Fiscalía asegura que su investigación sobre Kurz, así como tres organizaciones que no nombró, estaban bajo sospecha de abuso de confianza y soborno, informó la agencia APA. Se trata de supuestas acciones entre 2016 y 2018, mientras Kurz era ministro en la última Gran Coalición con los socialdemócratas del SPÖ y aspiraba a convertirse en el nuevo líder de los conservadores.

El canciller no tardó en defenderse y denunciar desde Eslovenia, donde se encontraba en una cumbre de la UE, lo que calificó de «acusaciones construidas». «Se extraen fragmentos de mensajes de texto y se sitúan en un contexto falso para montar en torno a ellos acusaciones penales construidas», se defendió Kurz en la televisión pública ORF, en referencia a SMS intercambiados entre sus colaboradores y en los que se basan algunas acusaciones.

Previamente, la subsecretaria general del ÖVP, Gaby Schwarz, había confirmado las acciones de los fiscales, pero no confirmó quién estaba siendo investigado, y solo dijo que las redadas eran «para lucirse» y que «se construyeron acusaciones sobre hechos que se remontan a cinco años».

El canciller de 35 años ya fue investigado en mayo por las autoridades anticorrupción bajo sospecha de hacer declaraciones falsas a una comisión parlamentaria, una acusación que ha rechazado y por la que, como en esta ocasión, se ha negado a dimitir. Kurz se convirtió en el canciller más joven de Austria a fines de 2017, pero tuvo que dimitir en mayo de 2019 arrastrado por el «Ibiza Gate», el escándalo de corrupción que salpicó a sus socios de coalición, el ultraderechista Partido Liberal (FPÖ).

Todo arrancó con un vídeo grabado en 2017 en el que el líder populista y vicecanciller, Hans Christian Strache, ofrecía a una supuesta hija de un oligarca ruso contratos públicos a cambio de financiación para el FPÖ, al mismo tiempo que explicaba que todos los partidos austriacos se financiaban ilegalmente. Una declaración que empujó a la Fiscalía Anticorrupción a tirar del hilo de una madeja que amenaza con acorralar al mismísimo canciller, que volvió al poder en enero de 2020 tras pactar esta vez una inédita coalición con Los Verdes.

Sus socios se limitaron a instar este miércoles a dejar actuar a la Justicia, pero la oposición no ha sido tan benévola. Socialdemócratas, populistas y liberales han pedido la dimisión de Kurz, así como la celebración de una sesión parlamentaria
en medio de las acusaciones de corrupción que apuntan al ministro de Finanzas, Gernot Blümel. Este último, también conservador, habría intercedido a favor de una empresa de juegos y casino a cambio de financiación para el ÖVP.

Por ahora, el único juzgado ha sido Strache, que fue condenado en agosto pasado a 15 meses de prisión suspendida por modificar una ley para ayudar a un donante de la extrema derecha a asegurar fondos públicos para su hospital privado.