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De "premier" a lobista
Cameron, ante el «gran escándalo» de Reino Unido
Las presiones al Gobierno del ex «premier» a favor de una empresa de la que era asesor revelan el problema no resuelto de las puertas giratorias y el amiguismo en la política británica
David Cameron nunca quiso pasar a la historia como el primer ministro que convocó -a la ligera, además- el referéndum que terminó en Brexit. Pero es así como siempre será recordado. Una vez apartado de la política, tampoco habría querido protagonizar lo que él mismo llegó a decir que sería “el gran escándalo” del Reino Unido. Sin embargo ahora está en el centro de toda la polémica que sacude a Westminster por el “Greensillgate”.
La presión ejercida por el que en su día fuera inquilino de Downing Street a miembros del actual Gabinete para que la empresa financiera a la que estaba asesorando tuviera acceso a determinados créditos ha sacado a la luz el controvertido sistema de puertas giratorias y amiguismos con el que operan en el Reino Unido tanto ministros como funcionarios de alto rango.
El Gobierno ha pedido una investigación independiente sobre el papel desempeñado por el que fuera líder del Partido Conservador para analizar su papel como asesor Greensill Capital, la firma financiera que su día fue la gran mimada de la City.
Cameron dimitió como primer ministro en 2016 tras el triunfo del Brexit y no comenzó a trabajar para la compañía hasta 2018, respetando así los dos años que se piden de margen a los políticos antes de entrar en el sector privado. El problema es que luego utilizó cauces poco ortodoxos para contactar directamente a diferentes miembros del actual Ejecutivo con el fin de conseguir en plena pandemia unos créditos que aliviaran la delicada situación de la empresa, que finalmente ha quebrado. Cameron mandó mensajes de texto y correos electrónicos al actual titular Economía, Rishi Sunak, y a otros dos miembros del Gabinete, y mantuvo una reunión con el responsable de Sanidad, Matt Hancock.
Es curioso. Cuando se convirtió en primer ministro, Cameron prometió liderar una “revolución de la transparencia”, argumentando incluso que un Gobierno abierto era “absolutamente fundamental para el éxito potencial de una nación en el siglo XXI”. Señaló que había que regular el cabildeo porque, de otra manera, se convertiría en el “gran escándalo del Reino Unido”. Lo que nunca imaginó es que luego fuera él quien lo protagonizaría.
El que fuera líder tory reconoce ahora que ha aprendido “lecciones importantes” y explica que debería haber utilizado “los canales más formales” para asegurarse de que “no hay lugar para malas interpretaciones”. Sin embargo, matiza que en ningún momento ha violado “códigos de conducta ni reglas gubernamentales”.
La polémica no queda ahí. Se supone que el cuerpo de funcionariado que asesora a los Ejecutivos debe ser neutral. Pero, durante los años de Cameron, el que fuera uno de sus máximos responsables del “civil service”, Bill Crothers, estuvo como asesor a tiempo parcial del Greensill Capital mientras aún estaba en Whitehall, donde se encuentran todos los ministerios.
Cuando le han pedido explicaciones, Crothers ha venido a decir que es algo que está a la orden del día porque los funcionarios `senior´ pueden trabajar como asesores de empresas privadas en virtud de un acuerdo autorizado por la mismísima Oficina del Gabinete.
Por su parte, David Brierwood un banquero contratado en 2014 del sector privado para asesorar al Gabinete de Cameron, también compaginó sus funciones con un puesto en Greensill.
El actual premier Boris Johnson -rival de Cameron desde sus años en Eton y Oxford- se ha negado a respaldar a su viejo colega, asegurando que la investigación independiente que ha pedido tiene “carta blanca” para llegar hasta el fondo de la cuestión. La comisión estará presidida por Nigel Boardman, un experto jurista que fue durante años socio del bufete internacional Slaughter and May y en la actualidad es director no ejecutivo del ministerio de Comercio, Energía y Estrategia Industrial.
Sin embargo, Johnson ha rechazado la iniciativa de la oposición laborista de crear aparte un comité parlamentario que examine los casos de cabildeo y posible tráfico de influencias entre funcionarios y miembros del Ejecutivo porque considera que “no aportaría nada bueno”.
La cuestión es que el propio Johnson -como la gran parte de los políticos- es también un experto en esto del arte del “lobby”. Ahora se ha sabido que el pasado mes de junio atendió una petición del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, en relación con una oferta que este último hizo para comprar el equipo inglés de fútbol del Newcastle United, que al final no prosperó.
Por su parte, el responsable de Sanidad Matt Hancock también se enfrenta a algunas preguntas después de que haya salido a la luz que tanto él como su hermana tienen acciones en una empresa que obtuvo un contrato con el Sistema Nacional de Salud, según los rotativos locales, que estos días no paran de publicar historias que vienen a corroborar el controvertido “amiguismo” que existe en las altas esferas.
Steve Goodrich, de Transparencia Internacional Reino Unido, recalca que Westminster es de las “pocas democracias occidentales avanzadas que no tiene un registro completo de estas actividades de cabildeo, uno que cubra a todos, desde consultores hasta aquellos que trabajan internamente, con información clara sobre quién está tratando de influir en quién, sobre qué y cuándo”.
Mientras que en Estados Unidos y Canadá hay reglas muy estrictas al respecto, en el Reino Unido se basa todo en descripciones muy generales del estilo “conversación para discutir negocios” o “reunión introductoria”.
Diferentes comités parlamentarios, como el Tesoro, han abierto su propia investigación al respecto y ya han llamado a declarar a los afectados, entre ellos, el propio Cameron. Por su parte, el Comité Asesor de Nombramientos Empresariales -que supervisa los nuevos trabajos de los exministros y altos funcionarios-, ha pedido también explicaciones a la Oficina del Gabinete, demandando una lista completa con los detalles de los funcionarios que tienen o han tenido otro empleo parcial en el sector privado.
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