A escasas horas de que el máximo representante de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, aterrice en Rusia, los Veintisiete tacharon ayer la condena al opositor ruso Alexei Navalni como «inaceptable». El viaje de Borrell viene precedido por la polémica ya que algunos países europeos –las tres repúblicas bálticas y los países del Este– habían pedido que este trayecto fuera anulado puesto que coincide con una oleada de represión.

A pesar de esto, Josep Borrell ha seguido adelante con esta visita ya que considera que en estos momentos el diálogo con las autoridades del país es más necesario que nunca. «No estoy de acuerdo con que cuando las cosas están mal no se hable, es precisamente cuando más falta hace hablar», se defendió tras el último Consejo de Exteriores.

Aún se desconoce cuál será la agenda detallada del máximo representante de la diplomacia comunitaria, aunque hay previstos encuentros con representantes de la sociedad civil. El Partido Popular Europeo ha pedido a Borrell que aproveche este viaje para mantener una cita con el disidente ruso. Los liberales de Renew Europe se unieron ayer a las voces críticas con esta visita. En un comunicado, piden al máximo representante de la diplomacia europea que posponga su viaje que comenzará hoy, si no puede «garantizar resultados tangibles», en referencia a la liberación del opositor ruso.

El Kremlin ya ha advertido que no piensa tolerar ningún tipo de lección moral por parte de Borrell. “Estamos dispuestos a explicarlo todo de manera paciente y consecuente, pero no tenemos intención de reaccionar ante ciertas declaraciones aleccionadoras y tampoco pensamos tenerlas en cuenta”, aseguró Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, este pasado martes.

Alexei Navalni fue envenenado con un agente nervioso desarrollado por la extinta URSS y a su vuelta a Moscú, tras ser tratado en Alemania, le ha sido impuesta una pena de 2 años y ocho meses de cárcel. Tras el intento de asesinato, la UE sancionó en octubre a seis personas y una entidad rusa relacionadas con este ataque.

La posibilidad de ampliar los castigos contra Rusia fue barajada en la última reunión de los ministros de Exteriores. Pese a las presiones de algunos países europeos partidarios de la mano dura contra Moscú, la gran mayoría de las cancillerías, lideradas por Berlín, prefirieron esperar precisamente a los posibles frutos de este viaje de Borrell antes de dar un paso en falso.

En el comunicado suscrito ayer por los 27 se recalca que el próximo Consejo de Exteriores previsto para el 22 de febrero servirá para analizar «las implicaciones y posibles acciones», aunque quizás sea necesario esperar a la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de marzo para saber hasta qué punto el club comunitario está dispuesto a estrechar su presión contra Vladimir Putin.

Tras la anexión ilegal de la península de Crimea (Ucrania) en 2014, el club comunitario ha ido ampliando la lista de personalidades rusas castigadas con la congelación de sus bienes en suelo europeo y la prohibición de visado, pero nunca se ha planteado incluir entre los sancionados al mismísimo Vladimir Putin, ya que esto supondría el fin de cualquier diálogo. Hasta el momento, las cancillerías europeas siempre se han decantado por la realpolitik, aún a costa de entrar en contradicciones. Las tres repúblicas bálticas siempre han sido los países que tradicionalmente han abogado por la línea dura con el Kremlin, una postura en la que contaban como aliado fiel a Reino Unido. Tras el Brexit, emergen nuevos equilibrios dentro del club comunitario.

Mientras tanto, crece la presión para que Berlín abandone la construcción del gasoducto North Stream II que pretende conectar Rusia con Alemania a través del Mar Báltico para proveer de gas sin tener que transitar el territorio ucraniano. Un proyecto que nunca ha gustado a la Comisión Europea, que siempre ha defendido la necesidad de encontrar vías alternativas de suministro.