Esto no solo atañe a Hong Kong. Esto es sobre el destino de la democracia en Asia en su conjunto”. De esta forma reaccionó ayer un usuario de Twitter tras conocer la decisión del Gobierno Central de imponer una Ley de Seguridad Nacional para la ex colonia británica. Sus palabras, llenas de preocupación, reflejaban el sentir de muchos ciudadanos hongkoneses que, tras casi un año de protestas contra la injerencia de Pekín en los asuntos de la ciudad, veían este anuncio como la “sentencia de muerte” de la ex colonia británica.

La Asamblea Popular Nacional (APN), que arrancó ayer en la capital china, presentó el borrador de este proyecto de ley que pretende “prevenir, detener y sancionar” cualquier acto “de traición, secesión, sedición, subversión” en Hong Kong y otros comportamientos que pongan en peligro la seguridad nacional. Todo un varapalo para los pro democráticos, que lo traducen como un intento de limitar sus libertades y acallar las voces críticas con el Gobierno Central. Y el nuevo detonante de masivas movilizaciones.

Precisamente ayer a última hora, las redes sociales se inundaron con diferentes llamamientos a manifestarse, mientras aseguraban que las fuerzas de seguridad se estaban aprovisionando de gases lacrimógenos y otros materiales antidisturbios en previsión de nuevos enfrentamientos. El impacto del anuncio también repercutió en el mercado de valores local y el índice Hang Seng registró la mayor caída de los últimos cinco años con una bajada del 5,6%.

Para sus opositores, esta ley supone quedar bajo el control total y directo del Gobierno Central y un movimiento para socavar el principio de “un país dos sistemas” que rige en la ciudad desde que volvió a manos chinas en 1997. Dicho modelo otorga una mayor autonomía a este territorio y ha permitido hasta ahora que los hongkoneses gocen de unas libertades que no existen en el resto de China. Por eso, muchos califican esta ley como la “sentencia de muerte” para la urbe.

De hecho, uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el de que “cuando sea necesario, los órganos relevantes del Gobierno central establecerán agencias en Hong Kong para cumplir con las obligaciones pertinentes”, lo que significa que las autoridades comunistas podrían actuar dentro de la ciudad, algo que hasta ahora no tienen permitido. Aunque no se ha especificado qué tipo de encargos podrían acometer,"si los agentes chinos pueden operar en Hong Kong, podrían usar los mismos métodos que usan en China. Ese sería nuestro final”, afirmaba el activista Leung Kwok Hung.

La normativa también incluye prohibir la “actividad de fuerzas extranjeras y externas” que interfieran en los asuntos internos de esta región administrativa especial , una acusación a la que Pekín ha recurrido en repetidas ocasiones en el último año.

Mientras los detractores de una ley que ya se intentó aprobar en 2003 pero hubo que retirarla después de que medio millón de ciudadanos salieran a las calles para mostrar su oposición, insisten en que solo les queda seguir protestando; desde el Ejecutivo de la ciudad -afín a Pekín- se mandaba un mensaje de calma. “Asegurará a largo plazo la prosperidad y la estabilidad”, admitía la jefa del Gobierno local, Carrie Lam.

“Este no es el fin del ‘un país dos sistemas’”, declaró por su parte Andrew Leung, presidente del Consejo Legislativo, donde una vez más se produjeron nuevos altercados entre el bloque oficialista y los prodemocráticos, que protestaban contra la venidera ley.