Como buen líder populista, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (popularmente conocido como AMLO), sabe que la campaña no acaba con la llegada a la Presidencia. Y con más motivo si el Gobierno que lidera no está dando los grandiosos resultados que había prometido: al finalizar el primer año de su sexenio, la economía del país sigue sin levantar cabeza y se han registrado 31.688 asesinatos en 2019, convirtiéndolo en el año más violento de la historia de México. La gigantesca estrategia que ha diseñado para despertar las simpatías de los mexicanos es impecable: ha creado un ejército de 19.000 encuestadores -llamados “Servidores de la Nación”- que recorren los barrios más humildes del país para representarle y seleccionar quién recibirá el dinero público reservado a los programas de ayuda del Estado. Y lo hacen sin obedecer a ninguna normativa.

Los “Servidores de la Nación” son una figura adscrita a la Secretaría de Bienestar que fue creada durante el proceso de transición presidencial de 2018, antes de que AMLO ocupase oficialmente la Presidencia. Inicialmente, esta institución estaba integrada por voluntarios del partido del presidente, el Partido de Regeneración Nacional, más conocido como “Morena”. En el momento en el que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, la maquinaria electoral de Morena pasó a ser -de facto- una institución estatal, y comenzaron a actuar como una estructura paralela a la Secretaría de Bienestar; saltando por encima de los organismos municipales, estatales y federales. Así, la Administración, que es la responsable legal de la gestión de los caudales públicos, pasó a tener un papel meramente testimonial en el reparto.

La labor de los servidores de la nación consiste -esencialmente- en recorrer las calles de los barrios más humildes de México e inscribir a los más necesitados en una base de datos llamada “Censo del Bienestar”, con la que el Gobierno reparte las ayudas sociales del Estado. De esta forma, el dignatario se gana la simpatía de los beneficiarios de las ayudas públicas, a los que se les da a entender que reciben las ayudas gracias a la benevolencia del presidente.

Cuando López Obrador ocupó la Presidencia aseguró que esta “sería una práctica ciudadana, totalmente voluntaria y apartidista”. Pero pronto quedó claro que la actividad de los servidores no sería ninguna de estas tres cosas.

Al igual que el coordinador nacional, la mayoría de los dirigentes de Servidores de la Nación son militantes, candidatos o altos cargos de Morena. Y es que, aunque los nombramientos de estos cargos vienen firmados por la Secretaría de Bienestar y su nómina depende de este organismo, es la Presidencia quién designa y coordina su trabajo. Y además lo hace sin la debida diligencia, pues no hay ningún procedimiento que atestigüe su idoneidad para el cargo. La lealtad a los líderes de la “cuarta transformación” y el compadreo parecen ser el único criterio para elegir quién ocupará cada cargo.

La base de esta estructura piramidal la forman los 19.130 encuestadores encargados de elaborar el “Censo del Bienestar”. Por encima de ellos están los 287 coordinadores regionales, que organizan a los encuestadores en regiones, que casualmente se corresponden geográficamente con los distritos electorales. En el escalón superior, 32 delegados estatales (o “súper delegados”) organizan la actividad de los servidores en los 32 estados mexicanos. Y en la cúspide de la pirámide está Gabriel García Hernández, el mismo que sentó los cimientos de la maquinaria electoral de AMLO, que actualmente ostenta el cargo de coordinador nacional de Programas para el Desarrollo, con contacto directo con el presidente.

De acuerdo con los datos de la plataforma Nómina Transparente de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función pública, el erario público mexicano destina en torno a 195 millones de pesos al mes (unos 9 millones de euros) en sufragar los salarios de los servidores de la nación: Los encuestadores perciben un salario de 10.217 pesos brutos al mes, unos 470 € cada uno (el salario medio en México es 449 €). Pero -a pesar de las ayudas sociales que reparten- los contratos de los encuestadores se renuevan cada mes, por lo que el Estado no reconoce ninguna obligación de carácter laboral con ellos: no tienen seguro social y deben desembolsar de su salario traslados, dietas, (…). Prestaciones establecidas por el Derecho Laboral Mexicano y por el artículo 123 de la Carta Magna.

Pero al ascender en el escalafón, se puede observar que a los altos cargos les está yendo sustancialmente mejor: los 287 coordinadores regionales perciben unos ingresos mensuales de 73.507 pesos (más o menos 3.400 euros). Y los 32 “súper delegados” reciben -por su parte- 122.512 pesos mensuales (casi 5.700 euros).

Tampoco hay una normativa concreta que delimite el reparto racional del dinero público. Esencialmente, son los mismos servidores los que deciden sobre el terreno -bajo las indicaciones de los coordinadores- quién recibirá las ayudas del Estado. Según la coordinadora de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Guadalajara (México), Alicia Gómez López, con esta estructura se genera clientelismo político, ya que al entregar los recursos económicos señalan que los beneficios se dan gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador: “No existe siquiera una página de la Delegación Estatal de Programas de Desarrollo, ni de la Secretaría del Bienestar (…) Podríamos decir que se han ‘institucionalizado’ los programas sociales”, subrayaba Alicia Gómez.

De hecho, los encuestadores encargados de distribuir las ayudas sociales no están distribuídos de una forma proporcional a las zonas con mayor porcentaje de pobreza extrema. Sinaloa y Jalisco, donde la pobreza extrema alcanza al 3% de su población, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval), disponen de muchos más “servidores” que Chiapas, por ejemplo, que tiene casi un 30% de personas viviendo en una situación límite; o Oaxaca, que tiene un 23,3%.

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene en el punto de mira a los Servidores de la Nación desde el mismo momento de su creación. La utilización de fondos públicos -que deberían tener como único objetivo la lucha contra la pobreza- en la promoción de la imagen “mesiánica” del presidente violaría el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe la utilización de cualquier recurso público en la “promoción personalizada de ningún servidor público”. De hecho, el INE ya tuvo que obligar a los servidores a quitar de sus chalecos el nombre del presidente.