La Sanidad carga con 60 millones de turistas de los que 10 se quedan 6 meses

A los gestores sanitarios no les preocupan tanto los 60 millones de turistas que vienen al año a España como la carga que suponen los al menos diez millones -aún no están cuantificados-, que tienen más de 65 años y que pueden considerase "consumidores sociosanitarios"por pasar medio año en este país. Ante la llegada del verano, el Gabinete de Estudios del Consejo General de Enfermería ha analizado este fenómeno, popularmente conocido como "turismo sanitario". Según los análisis de esta organización consultados por EFE, desde hace cinco años se detectan numerosos casos de personas que llegan a España como turistas pero que, en realidad, vienen a recibir asistencia sanitaria aprovechando el nivel de cobertura del Sistema Nacional de Salud. Otro caso frecuente, es el de los extranjeros jubilados que solicitan la residencia en este país y, una vez obtenida esta condición, viaja de nuevo a su lugar de origen a someterse a una intervención que posteriormente tiene que pagar España. Las principales prestaciones sanitarias practicadas a este colectivo son la implantación de prótesis de cadera y los puentes coronarios. Respecto al perfil del turista sanitario, abundan los jubilados, aunque figuran veraneantes de todas las edades. Con respecto a sus nacionalidades, hay una mayoría de británicos, alemanes y belgas. Todos ellos sacan provecho de la reglamentación europea, que permite a los ciudadanos miembros del bloque recibir tratamiento médico en cualquier país de la Unión Europea, y eligen España porque el acceso a la asistencia sanitaria es más fácil, al ser universal, gratuita e igualitaria. En algunos países del norte de Europa los pacientes deben esperar meses antes de figurar en las listas de espera y aquí la media es de 45 días para una operación corriente. Además, las prótesis allí en ocasiones son de pago y aquí son gratuitas. La Sanidad española asume cada año la repercusión de los turistas de la tercera edad que pasan largas estancias en las zonas turísticas o residenciales. Una parte de estos foráneos mayores tiene una casa en la costa, con lo cual, en lugar de pasar quince días como un turista normal, su estancia se prolonga hasta seis meses. El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, ha declarado a EFE que una persona mayor de 65 años que pasa la mitad del año en España es "un consumidor de servicios sanitarios por definición y para esta gente no está pensado el sistema". Aunque desde los organismos públicos nadie se atreve a hablar de la existencia de un "turismo sanitario"propiamente dicho, sí se reconoce el peso importante con que carga la Sanidad pública por los cuidados crecientes a los extranjeros, sobre todo en zonas costeras. Así son varias las comunidades autónomas que se quejan de que tienen que atender a una población mucho mayor de la que realmente tienen censada, lo que genera situaciones de déficit, no sólo asistencial, sino económico y de infraestructuras. La legislación europea supedita este tipo de tratamientos o intervenciones quirúrgicas en el extranjero a dos condiciones: que respondan a una patología diagnosticada previamente y cuenten con una autorización de los organismos sanitarios del país de origen. Para esquivar esta norma aprovechan por ejemplo una crisis aguda de una patología que padecen desde hace tiempo para presentarse en urgencias, donde son examinados y operados si es necesario. En la Costa de Sol, por ejemplo, llama la atención, que turistas, procedentes sobre todo de Alemania y Holanda, reciben una cantidad "chocante"de implantes de cadera y marcapasos de forma gratuita, unas intervenciones que suponen un gasto considerable. El núcleo de Vélez-Málaga soporta una población flotante "muy importante"durante todo el año, que al ser portadora del documento E-111, tiene derecho a una asistencia sanitaria gratuita equivalente a la de cualquier ciudadano español. Además, hay que tener en cuenta que la población española no cesa de crecer, ya que en el último padrón del INE superaba los 45 millones de personas, una cifra que aumentará en 2,7 millones en diez años. Los expertos coinciden en que el debate sobre la libre circulación de pacientes en los países europeos reclama el establecimiento de elementos correctores que impidan abusos. González Jurado ha señalado que desde el Ministerio de Sanidad ya se está trabajando conjuntamente con las CCAA para desarrollar una normativa que evite esta práctica.