Garzón se inhibe en favor de los tribunales de Madrid y Valencia

Madrid- Cuatro días después de la celebración de las elecciones vascas y gallegas, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejó ayer de investigar la supuesta trama de corrupción empresarial vinculada al PP, que ahora queda en manos de los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia, tal y como le pidió en dos ocasiones la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado ha remitido parte del «caso Gürtel» al TSJ de Valencia al hallar indicios contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y contra el parlamentario autonómico Ricardo Costa, secretario regional del PP valenciano. En la misma resolución, Garzón ha sumado a la lista de imputados a José Víctor Campos, ex secretario de Organización del PP valenciano, y a Rafael Betoret, jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo del Ejecutivo de Camps.El magistrado hace hincapié en su auto en que la «contabilidad B» del entramado empresarial liderado por Francisco Correa (hallada en una oficina del número 40 de la madrileña calle Serrano) consta el ingreso de un millón de euros (de los que no constan la procedencia) y el pago de 420.000 «para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia» (identificado como PP VLC en la anotación contable). Según Garzón, «no existe lógica» en dicho traspaso puesto que, insiste, «un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas de Francisco Correa se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones». El juez sospecha que ese dinero sería la contrapartida a «la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa». Pero esta hipótesis, reconoce Garzón, «está pendiente de investigación».Y es que el magistrado detalla cómo la Generalitat valenciana adjudicó a la empresa Orange Market, una de las 23 que forman parte del conglomerado dirigido por Correa, la adjudicación de los stands de la Comunidad valenciana «en distintas ferias de turismo» (como Fitur, Expovacaciones, TCV, SITC e Intur) por un importe de 4.148. 595 euros (1.083.925 en 2006, 1.089.600 en 2007, 1.059.250 en 2008 y 915.820 euros en 2009).Trajes a medidaA cambio de esas adjudicaciones, relata Garzón, Orange Market regaló presuntamente trajes a medida tanto a Camps como a Costa, Campos Guinot y Parreño. Según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (Udef), Camps recibió trajes por valor de 12.783 euros y Costa, por importe de 7.325; a los que habría que sumar otros 4.850 euros de Campos Guinot y 9.950 de Betoret por el mismo concepto. Unas cifras, añade el juez, que «pueden incrementarse una vez avance la investigación». En estos casos, la elaboración de las facturas, pagadas por empresas de Correa, se realiza con conceptos que las tienda en cuestión («For Ever Young» y «Milano», de Madrid) «no comercializa» y por cuantías «que no se corresponden con los pagos ya que agregan diferentes pedidos a cuenta de ropa». Es decir, concluye, «la elaboración de las facturas responde a las necesidades que precisa la organización». Cuatro trajes devueltosEso sí, entre los pedidos a cuenta de Camps en «Milano», constata que cuatro fueron devueltos. La ropa encargada es «a medida», recalca Garzón, que en el caso de Costa se tomaron en la propia sede del PP de Valencia, y en el de Betoret, explica el magistrado, en el «Mesón Cinco Jotas», para lo que se desplazaba a la capital del Turia desde Madrid el responsable de la tienda.Garzón también hace referencia a que otro de los imputados, Álvaro Pérez, «El bigotes», realizó «labores de intermediación» para conseguir que Camps se entrevistase «con un candidato a ocupar un puesto en el Gobierno americano» y «obtener una ventaja». Pero la relación entre las empresas vinculadas a Correa y el PP de Valencia no termina ahí. Garzón hace también referencia al «pen drive» intervenido al contable de Orange Market, José Luis Izquierdo (también imputado en esta causa). En el mismo figura un archivo con el nombre «Congreso regional de Valencia» (celebrado el 28 de septiembre de 2002) en el que constan pagos en dinero A (90.151,82 euros) y B (150.421 euros) para un coste total de 240.582, 77 euros. La conclusión del juez instructor es que el pago de los gastos de organización del congreso, facturados por Orange Market y abonados por el PP valenciano, «se realizó, aparentemente, con dinero de procedencia A y B», es decir, «fuera del control fiscal y en efectivo».