MADRID- Lejos de que llegue la calma, la tempestad se cierne de nuevo sobre el Gobierno. Por eso, a menos de dos meses de la cita con las urnas, las luces de alarma se han disparado, una vez más, en La Moncloa. El «caso Faisán», que investiga el novel juez Pablo Ruz, amenaza con convertise en un juicio sumarísimo al frustrado «proceso de paz», iniciado por ETA con la declaración del alto el fuego permanente en 2006 y que la banda concluyó ese mismo año con el atentado de la T-4. En este escenario, la preocupación se ha apoderado en los últimos días del Gobierno. «Una cosa es que se juzgue el "caso Faisán"y otra muy distinta es que el "proceso de paz"pase por el tamiz de la Justicia», asegura a este diario un destacado miembro del Ejecutivo.

El «caso Faisán» permaneció durante «largo tiempo en el cajón» del superjuez Baltasar Garzón. «Probablemente, si se hubiera desempolvado antes se hubiera remitido al juzgado de Irún», localidad donde está el bar Faisán, escenario del chivatazo a ETA. Años después, el celo del juez Ruz le ha llevado hasta la reputada jueza antiterrorista francesa Le Vert. Molesta con el comportamiento de Garzón, y a petición del juez de la Audiencia Nacional, puso en manos de Ruz las actas etarras de las negociaciones entre el Gobierno español y la organización terrorista ETA. Con esta documentación, la investigación del «caso Faisán» ha dado un giro de 180 grados, que inquieta al Ejecutivo.

El Gabinete de Zapatero está preocupado ante la posibilidad de que sus «negociadores» o algún miembro del Ejecutivo se siente en el banquillo, como les ocurrió en el «caso Gal» al ministro del Interior y al secretario de Estado de Seguridad de la época, José Barrionuevo y Rafael Vera, respectivamente. De momento, los negociadores del Ejecutivo durante la tregua de 2006 (el ex ministro Javier Moscoso, el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y el vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez) han declarado en calidad de testigos ante el juez Ruz. Fuentes gubernamentales no descartan que la imputación de revelación de secretos oficiales que pesa sobre los implicados en el «caso Faisán» se pueda tornar en un delito de colaboración con banda armada si lo que se juzga es el «proceso de paz». En este escenario, el vicepresidente primero del Gobierno, que no cree en complot de los suyos, no está dispuesto a tirar la toalla y abandonar la política. «No considera necesaria su salida del Ejecutivo, sobre todo, por el "proceso de paz". Sería una auténtica ironía del destino que se marchara por la tregua de 2006, cuando él, precisamente, puso los puntos sobre las íes a los terroristas», asegura un amigo del vicepresidente.

Rubalcaba está dispuesto a dar la batalla y a asumir las riendas del PSOE, una vez el presidente ha deciddido no volverse a presentar a las elecciones generales. De hecho, el fin de semana pasado abordó esta cuestión con Zapatero. Pero Rubalcaba no ha sido el único que desfiló en los últimos días por el despacho del presidente para tratar la sucesoria y las consecuencias del «caso Faisán».

Impacto en la lucha contra ETA
Con independencia del malestar y preocupación que existe en el Ejecutivo por este caso, la realidad es que la publicación de las actas etarras ha impactado directamente en el corazón de la política antiterrorista. La inmensa mayoría de la población reclusa de la organización terrorista «se había embarcado en un proceso de respaldo a Batasuna y a su apuesta por desmarcarse de ETA».
 
Sin embargo, tras publicarse en la prensa las actas, se ha frenado en seco este clima favorable a los postulados de la izquierda abertzale, admite a este diario un miembro insigne en la lucha antiterrorista. Amén del recelo que ha despertado entre la banda comprobar negro sobre blanco la falta de cumplimiento de lo dicho durante las negociaciones, advierten fuentes de los socialistas vascos. Pese a ello, el PSE continúa con sus puentes tendidos con la izquierda abertzale. Además, mantiene tomas de temperatura con algunos miembros de la banda. Mientras, Rubalcaba niega en público que el «caso Faisán» esté afectando a la política antiterrorista. Es más, sigue manteniendo que «estamos en el principio del fin de ETA».

Su convencimiento nace de que «las cosas se hicieron bien» en el «proceso de paz», al no fiarse de los terroristas y dar la orden de continuar con las detenciones de comandos. Pero en privado, se reconoce una cierta preocuapción por cómo ha afectado el caso en la política antiterrorista.