Rigau niega el español en las aulas alegando que el sistema no es bilingüe

La titular del departamento fue muy taxativa ayer al apuntar que el sistema educativo de Cataluña no es bilingüe sino que asegura el dominio del catalán, y considera que con el modelo actual se garantiza el conocimiento del castellano al final de la educación obligatoria.

Tal como explicó la pasada semana LA RAZÓN, las hojas de preinscripción para el nuevo curso siguen sin incluir la pregunta sobre el idioma en que los padres quieren escolarizar a sus hijos. El impreso sólo apunta que los alumnos que quieran que su lengua habitual sea en castellano lo deben pedir en el momento de la matrícula a la dirección del centro para que reciban «atención lingüística individualizada en esta lengua». Pero son muchos los padres que ya han visto que realizar esta solicitud no significa que sus hijos acaben estudiando en castellano, y, tras un complicado periplo de reclamaciones, a tres familias les dio la razón el Tribunal Supremo.

Dos lenguas oficiales
Sin embargo, la Generalitat hace oídos sordos de las sentencias del Supremo, y se aferra a la Ley de Educación del tripartito, que blinda el catalán como lengua vehicular de la enseñanza.
Por este motivo, el Partido Popular llevó la citada ley al Tribunal Constitucional y ayer el portavoz del partido en el Parlament, Enric Millo, recordó a la consellera que «entre sus competencias está garantizar que el castellano también sea lengua vehicular en las escuelas». «Parece mentira que a estas alturas debamos recordar que en Cataluña hay dos lenguas oficiales, catalán y castellano, y que los padres tienen derecho a escoger la lengua de escolarización de sus hijos, avalados por diferentes sentencias», añadió el popular.

Por su parte, el portavoz de C's, Jordi Cañas, anunció que su partido llevará a la consellera a la Justicia porque la preinscripción no incluye la casilla del castellano. A su juicio, la consellera está cometiendo un delito de desacato ya que las sentencias del Supremo «obligan a preguntar con claridad a los padres en qué idioma quieren que se eduque a sus hijos». La denuncia de Ciutadans se suma a la de la plataforma Convivencia Cívica Catalana, que recientemente ha presentado uan querella criminal contra la conselleria de Enseñanza por «dictar una resolución de forma arbitraria expresamente en materia de preinscripción escolar».