MADRID- Tras unos últimos Consejos de Ministros copados casi íntegramente por medidas económicas de ajuste para paliar las graves cifras de déficit y desempleo, ayer el papel protagonista recaló en la política hidrológica y el medio ambiente. Y es que los tiempos en que las autonomías podían invadir competencias en agua se han acabado. Así lo anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tras el cual se decidió que el Gobierno asumirá todas las funciones sancionadoras en las cuencas hidrográficas que discurren por varias comunidades autónomas.

Hasta ayer, después de que el 26 de agosto de 2011, la ex ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, aprobara un Real Decreto por el que devolvía a las comunidades autónomas la gestión del dominio público hidráulico en las cuencas que pertenecían a distintas comunidades. Pero, además, se les dio la potestad sancionadora, al darles la función de vigilantes de las cuencas de los ríos. En palabras de Santamaría, «se les posibilitaba asumir funciones de policía», algo que a partir de ahora no podrán hacer. De hecho, el baremo sancionador irá desde los 10.000 euros, para las infracciones más leves, hasta 500.000 euros o incluso un millón para aquellas más graves.

El Ejecutivo considera que «el agua es un recurso escaso y un dominio público de todos los españoles», según la vicepresidenta, por lo que «el Estado recupera esta potestad en las cuencas intercomunitarias», para evitar «duplicidades, solapamientos y actuaciones contradictorias en algo tan importante como el régimen sancionador en el mal uso del agua».

Mayor unidad en la gestión
«Parece que el agua no es de todos, sino de aquellos que la tienen más cerca», reclaman desde hace años las comunidades de regantes que siempre han exigido una mayor unidad en la gestión del agua. Las medidas que se aprobaron ayer les han dado la razón: «Con esta nueva norma se frenan las pretensiones autonómicas y se pone fin a muchos problemas que se estaban generando con la duplicidad de competencias», afirma Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore). La creación de la «Policía del agua», como la denominan los expertos, diferente en cada comunidad autónoma es una figura que se intentó impulsar en los estatutos de autonomía de algunas comunidades, pero que el TC negó, aunque las reclamaciones seguían existiendo.

Con las medidas urgentes en política medioambiental que ha introducido el actual ministerio, «el Estado recuperará sus competencias», insistió la vicepresidenta. La aprobación de este nuevo régimen afectará principalmente a tres comunidades: Cataluña, Andalucía y Aragón. Esta última aprobó en marzo una disposición por la que iba a empezar a ejercer su derecho de «Policía del agua» y «ahora van a tener que echarse atrás», comenta Del Campo.

Otro de los puntos conflictivos y que implica directamente a la continuidad del trasvase Tajo-Segura es la determinación del nuevo real decreto que afecta a los acuíferos, en especial a los que se sitúan alrededor de las Tablas de Daimiel y que «busca evitar la sobreexplotación de estos», en palabras de Sáenz de Santamaría. Para que estos acuíferos obtengan suficientes reservas es necesario derivar agua de la cabecera del Tajo y por tanto el agua que llegue al trasvase será menor. Al margen de esto, hasta que no se haga público el documento, sólo se ha avanzado que se incorporarán normas comunitarias. 

¿Plan Hidrológico para 2013?
Una de las mayores preocupaciones de Arias Cañete es lograr el consenso en un nuevo Plan Hidrológico Nacional. Para ello necesitan los 25 planes de las demarcaciones y sólo se ha aprobado el de Cataluña y se ha presentado el borrador del de la cuenca del Ebro. Además, Europa también insiste en ello, ya que en 2009 se debían haber presentado todos.