El PP: «El presidente de la Cámara de Cuentas ejerce de abogado de Griñán»

Sevilla- El informe de la Cámara de Cuentas sobre los ERE irregulares, que detecta responsabilidades administrativas y contables de la Junta, censura el procedimiento utilizado para el pago de prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis –en torno a mil millones de euros en una década–, y anula párrafos comprometedores que afectaban al presidente Griñán y al ex interventor general, fue ayer objeto de reacciones por parte de todos los grupos políticos.
Para el PP, el informe «ha sido mutilado para exculpar a la Junta y a Griñán», según aseguró ayer la vicesecretaria de Territorio del PP -A, Alicia Martínez. Según Martínez, el informe ha sufrido modificaciones en 48 párrafos y la eliminación de otros seis con respecto al anteproyecto efectuado por los técnicos de este organismo. La anulación más polémica es la que hacía referencia a que las modificaciones presupuestarias a propuesta del consejero de Economía y Hacienda (Griñán entre 2004 2009) se hicieron «sin ajustarse a las previsiones normativas en materia presupuestaria y contable». «Se han empleado a fondo en maquillarlo». «Da la impresión de que el presidente de la Cámara de Cuentas ejerce como abogado defensor del presidente Griñán».

El PP ha presentado un escrito ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz que estudia los ERE fraudulentos reclamando el expediente completo de este informe, con su primer borrador, el memorando de prealegaciones, las actas de la comisión técnica en la que se recogen las sugerencias hacia el borrador, el escrito de valoración técnica, las fichas de tratamiento de las alegaciones y el informe del gabinete jurídico. «Solo conociendo todo el expediente completo desde el inicio sabremos si los cambios obedecen exclusivamente a criterios técnicos o, como nos tememos, ha habido intencionalidad política en la mutilación de determinados párrafos».

Para Griñán, el informe de la Cámara de Cuentas ratifica el planteamiento de la Junta cuando se personó en el procedimiento judicial en el sentido de que se produjo un «uso fraudulento» de un mecanismo legal.