Que las leyes que rigen el mercado de trabajo en España tienen que cambiar de arriba a abajo no lo pone en cuestión ya nadie sensato. José María Fidalgo acaba de pedirlo públicamente hace pocos días. Y hay una razón muy contundente para ese cambio: cinco millones de desempleados, o sea, casi el 21% de tasa de desempleo; y más de un 40% de tasa de paro juvenil. España duplica la tasa de paro media de la UE.

Desde que se inició la crisis, en otros países europeos la tasa de desempleo se ha elevado entre 2 o 3 puntos –con excepciones como la de Alemania–. En España se ha elevado 12 puntos. Y esto no es sólo una anomalía hispana de esta crisis: durante 30 de los 33 años de democracia, España ha registrado tasas de desempleo por encima del 10%. Las causas profundas del elevado desempleo estructural español se encuentran en una legislación laboral que, en lo fundamental, no ha cambiado desde que la implantara el dictador Francisco Franco. La normativa se caracteriza por una gran rigidez en las relaciones laborales, algo incompatible con la realidad de cualquier sociedad avanzada. Que el despido sea libre en España –y, de facto, lo es– es perfectamente compatible con la rigidez que atenaza la relación empresario-trabajador en prácticamente todos los demás aspectos de esa relación.

La rigidez laboral española tiene tres consecuencias letales para el empleo: la primera, que en las fases de debilidad económica, los ajustes en el empleo operan por la vía de las cantidades, y no de los salarios. Las reducciones de costes laborales se obtienen de las ganancias de productividad que se derivan de los despidos. En otros países, como Alemania, la flexibilidad permite el ajuste tanto a través de la reducción de la jornada laboral como de los salarios, evitando los despidos. La segunda es una enorme capacidad destructiva del tejido empresarial en momentos de crisis: ante la incapacidad de ajustar el salario y, en su caso, el empleo en condiciones razonables, los elevados costes del despido acaban por llevarse por delante muchas pequeñas empresas. Si durante esta crisis las pymes hubieran podido rebajar salarios y ajustar sus plantillas a menor coste, se hubieran podido salvar cientos de miles de empresas y, con ellas, cientos de miles de puesto de trabajo. La tercera consecuencia es el pánico a contratar cuando la actividad se vuelve a recuperar. Los costes –económicos, sociales y personales– derivados de los despidos de la crisis provocan que el empresario sea renuente a volver a contratar aunque la demanda se recupere.

Si a ello añadimos un mercado de trabajo segmentado en castas –los funcionarios, a los que en ningún caso se puede despedir, los ultraprotegidos trabajadores fijos, los débilmente protegidos trabajadores temporales y los desheredados desempleados–, las consecuencias sociales de la rigidez laboral son un incremento profundo en las desigualdades y un rebrote de la pobreza en las etapas de crisis.

El cambio laboral pasa, pues, por abandonar la rigidez del franquismo sociolaboral imperante y transformar nuestro mercado de trabajo de la mano de la flexibilidad: eso exige reformar la negociación colectiva –primacía total de los convenios de empresa–, las modalidades de contratación –contrato único–, la intermediación laboral –liberalización total–, las políticas de formación profesional –modelo alemán–, el diseño de la prestación por desempleo –modelo austríaco– y el resto de las políticas activas de empleo. Sólo así podremos empezar a soñar con un mercado de trabajo «normal» en términos europeos.

Jaime García-Legaz
Secretario general de la Fundación FAES