Garzón afirma que hizo lo que debía por las víctimas por encima de ideologías

"Hice realmente lo que creí que tenía que hacer por encima de ideologías. Los jueces no estamos para ideología, cada uno tendrá la suya pero aquí no ha habido ideología, ha habido cientos y cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos y que ejercitaron su acción penal y el juez tiene la obligación de tratar de investigar esos hechos y de dar protección", ha dicho.

De esta forma contestaba Garzón a su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, después de que el Supremo haya rechazado declarar la nulidad de la causa como solicitaron la defensa y la Fiscalía y haya reanudado el juicio al magistrado, que un día más ha contado con el apoyo y aplauso de decenas de sus partidarios concentrados a las puertas del alto tribunal.

Garzón, que se ha negado a contestar las preguntas de la acusación popular de Manos Limpias por considerar que no está legitimada, ha insistido en que no vulneró la Ley de Amnistía porque esa norma se refiere a hechos políticos y en ningún caso se puede afirmar que los crímenes denunciados pudieran tener naturaleza política.

"Son hechos delictivos", y no políticos, en un contexto del crímenes contra la humanidad, ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que las denuncias que a partir de diciembre de 2006 presentaron en su juzgado las asociaciones de Memoria Histórica y varios particulares describían un "plan preconcebido"y "sistemático"de eliminación de personas, desapariciones forzosas, enterramientos ilegales, secuestro de niños y torturas, que encajaban dentro de crímenes contra la humanidad.

Se trataba, según Garzón ha dicho a su abogado, de hechos parangonables a los ocurridos entre 1933 y 1945 en otros regímenes totalitarios en Europa.

"Absolutamente, así es", ha afirmado el juez comparando la mecánica utilizada con la de los regímenes nazis y recordando que también otros jueces de la Audiencia Nacional, como Ismael Moreno, investigan causas relacionadas con supervivientes de campos de concentración en Alemania.

Garzón ha insistido en que se declaró competente para investigar dichos crímenes en conexión con un delito contra la Constitución y altos organismos de la nación, aplicando la ley, los convenios internacionales y la doctrina que el propio Supremo estableció al condenar al exmilitar Adolfo Scilingo por las desapariciones en Argentina.

Además, considera que no existía prescripción de los delitos puesto que se trataba de desapariciones y ejecuciones permanentes cuyos efectos son también permanentes mientras no aparezca la víctima.

El magistrado ha negado que sus decisiones entraran en colisión con la Ley de Memoria Histórica y ha asegurado que "verdad, justicia y reparación"es lo que él desea para las víctimas que no han sido resarcidas.

Respecto al auto de octubre de 2008 en el que se declaró competente para investigar los hechos y pidió, entre otras pruebas, el certificado de defunción de Franco, ha destacado que era un trámite normal y necesario para determinar la exención de responsabilidad penal más allá de la "chanza o gracia"que pueda provocar.

En respuesta al fiscal Luis Navajas, que pide también su absolución, Garzón ha señalado que siempre ha procurado respetar las normas legales y procesales, que "para nada"intentó hacer una interpretación que se apartara de una línea aceptable y defendible en derecho y que actuó de acuerdo con la leyes de la "buena fe".

El juez de la Audiencia Nacional ha recordado que tres de sus compañeros en ese tribunal respaldaron su competencia para investigar los hechos, al igual que dos juzgados de Granada y San Lorenzo del Escorial que le devolvieron la causa.

El juicio, en el que Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad piden 20 años de inhabilitación por prevaricación, continuará mañana con la declaración de tres testigos propuestos por la defensa, que representan a varias asociaciones de Memoria Histórica.

Respecto de la 'doctrina Botín', la Sala aduce que los bienes jurídicos protegidos son de naturaleza pública, por lo que basta la acusación popular para sostener el procedimiento.
La aplicación de esta doctrina -llamada así por haber sido instaurada en el denominado "caso de las cesiones de crédito", en el que estaba imputado el presidente del Banco Santander- se justificaría, según el abogado de Garzón, en el hecho de que en este caso el juez suspendido se sienta en el banquillo con la única acusación de Manos Limpias y la organización Libertad e Identidad, sin que hayan presentado cargos contra él ni el Ministerio Público ni ninguna parte directamente perjudicada por sus actuaciones.

A este respecto, la decisión adoptada por la Sala señala que el supuesto objeto de enjuiciamiento en esta causa entra en el ámbito de lo señalado en la sentencia que dio lugar a la "doctrina Atutxa", que permitió el enjuiciamiento del expresidente del Parlamento Vasco por no obedecer al alto tribunal y disolver un grupo parlamentario vinculado a Batasuna. En este caso sí se consideró bastante seguir con el juicio pese a que la Fiscalía no presentaba acusación.

LOS EXCESOS DE VARELA NO SON SUFICIENTES

Por otro lado, la Sala ha resuelto igualmente anular la instrucción realizada por Luciano Varela desde el 20 de abril de 2010, que fue el momento en el que, según la defensa, este magistrado dio oportunidad a las acusaciones a enmendar sus escritos, que carecían de requisitos formales para ser aceptados.

A juicio del tribunal, "los excesos denunciados no tienen entidad material suficiente para justificar su anulación", sin perjuicio de lo que se diga luego en sentencia sobre este particular.

Asimismo, el tribunal confirma los autos de denegación de prueba suscritos por Varela, si bien acepta que los documentos interesados por Garzón en su defensa puedan aportarse en la fase documental de la vista. El juicio prosigue entonces según el calendario fijado para las pruebas testificales y periciales, que tiene sesiones señaladas hasta finales de este mes.

La Fiscalía, que apoyó todas las cuestiones previas planteadas por la defensa, no presenta acusación y solicita la libre absolución de Garzón -mantiene la misma postura en los tres procedimientos abiertos al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5-, si bien el sindicato Manos Limpias, que concurre como acusación popular junto a la asociación Libertad e Identidad, pide que Garzón sea multado e inhabilitado por 20 años.