Torres se niega a declarar por la «desaforada presión mediática»

Madrid- Diego Torres no declarará ante el juez José Castro, instructor del «caso Nóos», el próximo día 22. Por segunda vez, el ex socio del duque de Palma optará por el silencio. Ya lo hizo el pasado 11 de febrero, cuando sí acudió ante el magistrado (estaba obligado, pues la comparecencia no era a iniciativa suya), pero al igual que hizo su esposa, Ana María Tejeiro, se acogió a su derecho a no declarar. La proximidad de la declaración de Iñaki Urdangarín explicaba esa maniobra: prefería conocer las declaraciones de su ex socio en el Instituto Nóos –que según la Fiscalía ingresó 5,8 millones de dinero público pese a ser una asociación sin ánimo de lucro– antes de explayarse o no en el juzgado.
Ahora era distinto. Fue el propio Torres el que solicitó declarar para explicar su verdad. Lo hizo el pasado 15 de marzo y el juez Castro aceptó su petición. Dos meses después, sin embargo, ha dado marcha atrás y en un escrito remitido ayer mismo al instructor justificó su repentino cambio de rumbo en la «desaforada presión mediática» que dice padecer. Castro se apresuró a dar su visto bueno a la solicitud, que se produce en una semana en la que Torres ha estado permanentemente en el ojo del huracán.

«Intromisión sin límite»
Su abogado, Manuel González Peeters, denuncia incluso «los continuos seguimientos personales a los que se tiene sometida a esta parte, con intromisión en la vida privada sin límite». Del mismo modo, deja caer presumibles presiones para condicionar la declaración de su cliente al hacer referencia a «los ofrecimientos de toda clase una y otra vez rechazados por esta defensa». Pero hasta el momento, el único ofrecimiento que ha trascendido ha sido el pacto sugerido precisamente por Torres y Urdangarín a la Fiscalía para lograr una rebaja en la petición de pena por parte del Ministerio Público.
En su escrito, Torres se queja de las «constantes falsas afirmaciones que sin cortapisa vienen prodigándose por doquier» y de las «tergiversaciones sistemáticas de la realidad» (hace unos días, su abogado negó que haya presionado a su ex socio con correos electrónicos que comprometerían a a la Casa Real).
González Peeters asegura que es «entendible» el «interés especial» que suscita el caso en la opinión pública, pero añade que «la situación a la que se tiene sometida a esta parte por los medios de comunicación» hace «absolutamente insostenible que sea factible el hallarse en condiciones para poder afrontar una declaración judicial». Reconoce, eso sí, que la decisión de dar marcha atrás «no ha sido en modo alguno fácil de adoptar».

«La presión, común a todos»
En la providencia en la que admite que Diego Torres no se persone en los juzgados de Palma de Mallorca el próximo día 22, el juez Castro manda un recado al ex socio de Urdangarín al asegurar que «la presión mediática» a la que alude «es común a todos los que intervenimos en esta causa». El instructor, que deja claro que «no habrá de valorar las razones esgrimidas», sí se queja, sin embargo, de que en el escrito remitido por González Peeters «ni tan siquiera se insinúa quiénes son los autores» de los seguimientos, intromisiones y ofrecimientos que denuncia el abogado de Torres, «a los que difícilmente por ello este juzgado pudiera poner freno».

El ex socio de Urdangarín ya amagó en marzo con guardar silencio
Tras negarse a declarar el pasado 11 de febrero, Diego Torres ya amagó con negarse a declarar de nuevo incluso después de solicitarlo voluntariamente. En un escrito remitido al juez Castro el pasado 16 de marzo, su defensa se quejaba de las trabas con las que se topaba a la hora de acceder a las declaraciones testificales. «Es imposible preparar la defensa de mis representados», insistía, «en tanto que no se nos permite acceder a una parte del sumario que no está afecta al secreto». El letrado reclamaba que se le facilitasen copias en soporte CD de las declaraciones de testigos e imputados «el mismo día» o, como máximo, «al siguiente». En caso contrario, «si no se cuenta con tales medios, por conculcarse su derecho de defensa, se nos aboca a seleccionar de nuevo el derecho a no declarar, pues se carece de elementos precisos para afrontar dicha defensa», concluía, a la vez que denunciaba que se estaba incurriendo en «manifiesta y proscrita indefensión».