El Congreso aprueba el proyecto de ley contra el empleo irregular

El proyecto de ley se basa en el plan contra el empleo irregular para 2012-2013 que aprobó el pasado 27 de abril el Gobierno y supone un endurecimiento de las sanciones.
Así, se amplía de uno a tres años el período para exigir responsabilidades solidarias a un empresario por la subcontratación.

Se considera como infracción grave la no comunicación de cualquier cambio en los documentos para la cobertura de contingencias comunes y no sólo profesionales, y el no dar de alta y cotización los salarios de tramitación y las vacaciones no disfrutadas antes de finalizar un contrato.

También el que, en los supuestos de suspensión o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, no se comuniquen las variaciones sobre el calendario inicial de los días de suspensión o de reducción de jornada.

Será infracción muy grave la ocupación de los trabajadores afectados en el periodo de aplicación de las medidas de suspensión de los contratos o en el horario de reducción de las jornadas autorizadas.

Durante el debate en Comisión, Uxue Barkos (Geroa-Bai) ha pedido que no se recorte la plantilla de los cuerpos de inspección y Sabino Cuadra (Amaiur) ha criticado que se "bendigan"la subcontratación y la "insuficiente"plantilla de inspección, que la patronal se aproveche de la crisis y que se persiga al parado por cobrar una prestación.

Álvaro Anchuelo (UPyD) ha explicado que su grupo se abstiene porque el endurecimiento de las sanciones no es el adecuado ni suficiente porque no se consigue la "tolerancia cero"en la materia, lo que provocará que no cambie la situación.

En nombre de Izquierda Plural (IU, ICV y Cha) Joan Coscubiela lo ha considerado "insuficiente y decepcionante", ha criticado las pocas enmiendas aceptadas y ha advertido de que la reforma laboral abre "más boquetes para que se cuele el empleo irregular".

Emilio Olabarría (PNV) ha dicho que el proyecto de ley es una "diarrea legislativa"difícil de asumir, aunque bienintencionado, y que le "frustra"el que no legisle adecuadamente la "subcontratación en cascada".

Carles Campuzano (CiU) no lo ha apoyado porque, aunque se refuerzan las medidas en la materia, se ha perdido una oportunidad para regularizar el empleo sumergido en el sector de cuidado de las personas.

La diputada socialista Magdalena Valerio ha justificado la abstención de su grupo en que el proyecto tiene un "título muy potente"pero está "vacío"de contenido y ha llegado al Congreso sin evaluación previa de las medidas aplicadas en la materia, por lo que ha pronosticado que no va a ser eficaz.

Carmen Álvarez Arenas (PP) ha agradecido las 112 enmiendas de los distintos grupos y el diálogo mantenido que ha permitido integrar más de 40 al texto, y ha negado que haya existido imposición.