Sevilla- Kishore Rao es el director del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco. Este señor dirigió el 9 de enero una carta al embajador Ion de la Riva Guzmán, solicitando que paralice las obras de la Torre Pelli por tener su elevada altura «un impacto excesivo e indudablemente negativo» sobre el casco histórico en genegal y sobre la percepción de los tres monumentos patrimonio de la Humanidad de Sevilla: la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias. Ayer, el Ayuntamiento recibió esta misiva, como primera conclusión de la visita que expertos de Icomos realizaron el pasado mes de noviembre y a la espera de que en junio se reúna el Comité de Patrimonio Mundial en San Petersburgo (Rusia) para estudiarlo.

El alcalde, Juan Ignacio Zoido, ha reiterado en más de una ocasión que hará lo que dictamine la Unesco, sin obviar que las responsabilidades de una paralización, como ahora se plantea, no han de ser asumidas exclusivamente por el Ayuntamiento sino repartidas por las administraciones superiores, la Junta y el propio Estado, que de una u otra forma han permitido que las licencias solicitadas por Cajasol-Banco Cívica eleven ya el rascacielos por la planta dieciséis. La entidad bancaria, por su parte, optó ayer por guardar silencio y estudiar el informe hecho público antes de pronunciarse de forma oficial, como en un principio se barajó que haría a través de un comunicado.
Pese a su enorme calado, la noticia no ha sorprendido. De hecho, Zoido siempre ha dado por hecho que este momento llegaría y que nunca se atrevería a poner en riesgo la denominación de Sevilla como Patrimonio de la Humanidad. Sólo dos lugares han salido de la lista a lo largo de la historia: la ciudad alemana de Dresde (2009), cuando se construyó un puente sobre el Elba; y el santuario de los óryx árabes de Omán, apartado en 2007 a petición del sultanato, deseoso de explotar petróleo.

El informe elaborado después de una visita de tres días por Elvira Petroncello (Italia) y José Aguiar (Portugal) advierte de un «impacto visual altamente negativo» de la torre, que dista 500 metros del casco histórico de la ciudad y unos 1.500 metros del triángulo formado por la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias. Según el estadio, «la nueva torre ambiará dramáticamente la actual prominencia y significado» de la Giralda, el antiguo y célebre minarete almohade que corona la Catedral de Sevilla y cuyo altura no llega a los cien metros.

«La prominencia volumétrica y la dimensión vertical de la Catedral y el minarete de la Giralda siempre han sido una imagen característica, un poderoso referente, un imaginario colectivo, un signo que expresa un largo proceso de desarrollo. Si esas relaciones cambian, afectaremos o comprometeremos los principios sobre los que el ‘valor universal' fue establecido o definido», señala el informe en cuanto a los motivos por los que estos monumentos gozan de una declaración de Patrimonio de la Humanidad.

De ello se concluye que «las autoridades locales deben encontrar formas para parar la construcción de la torre y revisar el proyecto, a través de la modificación de su perfil en relación con el impacto percibido que éste podría tener en conexión con el contexto histórico» y los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. «Su proceso de revisión debería comenzar estudiando una modificación de su escala y su altura», señala el informe que será examinado en el seno del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco.

El Ayuntamiento, a través de su delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ya anunció que plantearía una reducción en la altura de la torre a los emisarios de Icomos. De hecho, en el informe se hace referencia a las plataformas «no gubernamentales que han hecho llamamientos para detener la torre» y vienen a concluir que aunque el efecto no sea directo sobre los tres monumentos catalogados, el contraste sí se produce sobre el casco histórico en su conjunto, incluyendo al río y la Torre del Oro. De hecho, se habla de «Conjunto Monumental». Según los contactos mantenidos por la expedición de Icomos con Cajasol, sus dirigentes mantienen que su proyecto es «completamente legal» y consideran «inadecuado» cambiar el proyecto. Alguien tendrá que ceder.