El genocidio palestino erosiona la libertad de expresión en Reino Unido y dispara las detenciones y la censura

Hasta ahora, eran hombres y mujeres de letras o jóvenes con kufiya los detenidos por ser propalestinos en Reino Unido. Sin embargo, el interrogatorio a Stephen Kapos, de 87 años, superviviente del holocausto, realizado el viernes 21 en la comisaría de Charing Cross de Londres, degrada el derecho a la libertad de expresión y manifestación. El octogenario está acusado de participar en una manifestación no autorizada el pasado 18 de enero en Londres.

Stephen Kapos nació en julio de 1937 en Budapest y recuerda con nitidez a su madre y a su tía, cosiendo estrellas amarillas en la ropa que los delataba como judíos. En cada punteado de hilo y aguja, suspiraban. "Lo que más recuerdo de mi infancia es la persecución; la huida constante entre casas para esconderme de la persecución con seis o siete años o la estancia de mi padre en el campo de concentración de Belsen, del que salió, pero no podía olvidar", recuerda a Público el anciano que, apoyado en una muleta, se mantiene activo a día de hoy contra el sionismo colonial de Israel.

En 1956, antes de la sublevación húngara contra la Unión Soviética, Stephen emigró a Inglaterra, donde se hizo arquitecto, formó su propia familia y ha permanecido desde entonces. "Mis valores políticos son los de la izquierda, me afilié al Partido Laborista en 1997 tras la victoria de Tony Blair y en la asociación local de Kentish Town [norte de Londres] conocí a Keir Starmer. De hecho fue él quien me quiso conocer para que le apoyara en su candidatura a liderar el partido, pero cuando empezaron a manipular con el tema del semitismo, me aparté de ellos; este Gobierno está macartizado, Keir Starmer no representa los valores tradicionales del laborismo: la solidaridad, los derechos humanos, la igualdad entre los pueblos", explica el superviviente del holocausto, más cómodo en el laborismo dirigido por Jeremy Corbyn. Kapos asegura que él nunca sufrió antisemitismo en el partido ni vio signos de ello, mientras los laboristas pro-Israel montaban la campaña contra Jeremy Corbyn, que acabó vencido por antisemita y reemplazado por el nuevo líder y primer ministro.

Kapos está acusado de "participación en una manifestación no autorizada el pasado 18 de enero en Londres". Aquel día, la protesta mensual de la organización Palestinian Solidarity Campaign (PSC) fue prohibida porque transcurría cerca de una sinagoga y la cercanía del edificio podía provocar incidentes, según informó la Policía Metropolitana. Como alternativa, se organizó una concentración en Whitehall (la calle de los ministerios) el mismo sábado. Stephen Kapos fue interceptado fuera del perímetro de Whitehall con un signo "propalestino desautorizado", la kufiya o pañuelo palestino, por lo que fue llevado a comisaría. Él mismo se pregunta: "¿Dónde está el crimen cometido? ¿Qué libertad de expresión aplican?".

El interrogatorio policial a Stephen Kapos se produce unos días después de que la London School of Economics (LSE) censurara a cuatro académicos al prohibirles el uso público de las palabras "demonizar" y "solidaridad" en la presentación del libro Understanding Hamas and Why That Matters (Por qué importa entender a Hamás), a raíz de la protesta de la embajadora israelí en Londres, Tzipi Hotovely, quien consideró el acto "una plataforma de propaganda para la organización terrorista". La diplomática pidió la cancelación del evento; la LSE adujo el derecho a la libertad de expresión y limitó las intervenciones de los presentadores (los profesores de la LSE Michael Manson y Jeroen Gunning, la de la Universidad de Westminster Catherine Charett y la autora Helena Cobban) a cinco minutos y censura de vocabulario.

Cobban manifestó a Público que la LSE le "sometió a la mayor humillación como profesional; después de los cinco minutos, los sionistas hablaron sin límite de tiempo ni censura de vocabulario". La LSE no es la primera institución que se autocensura. Desde que la Universidad de Bristol destituyó a David Miller alegando antisemitismo, los profesores universitarios miden verbos, adjetivos, sustantivos e incluso preposiciones. El proceso judicial por el despido de David Miller ha acabado, de momento, en un tribunal laboral con la sentencia de "despido improcedente, discriminatorio y compensable económicamente". 

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Otro profesor detenido, pero no destituido, por su actividad propalestina es -de la Universidad de East London- Haim Bresheeth, hijo de supervivientes del Holocausto, judío crecido en Israel en un piso que él sabía que pertenecía a una familia palestina expulsada en 1948. Haim fue detenido el pasado noviembre por manifestarse ante la residencia de la embajadora israelí y por "apoyo a una organización proscrita". Sigue investigado por sus acciones. Sus obras en cine o en libros sobre los holocaustos se cuentan por docenas. Lo mismo que le ocurrió a Haim, lo vivió el escritor Tony Greenstein, acusado de "apoyo a la resistencia palestina en las redes sociales".

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Algunas detenciones van acompañadas de la confiscación de móviles y ordenadores; lo que le ocurrió en agosto pasado al periodista Richard Medhurst a su llegada al aeropuerto de Heathrow. Allí fue detenido bajo la ley antiterrorista y sus aparatos electrónicos confiscados. Medhurst es hijo de dos miembros del equipo de la ONU que obtuvieron el Premio Nobel de la Paz en 1988. El periodista es de los pocos que accedió al juicio de Julian Assange, otro detenido en desafío a la libertad de expresión en Reino Unido, como Kit Klarenberg, Vanessa Beeley o David Miranda. El exdiplomático británico Craig Murray ha pasado de exembajador a denunciar las masacres contra palestinos y el papel (ineficaz, si no inútil) de la ONU -ignorado por Israel- como única autoridad internacional.

El mismo agosto pasado en el que detuvieron a Richard Medhurst, la Policía irrumpió de madrugada en la casa de Sarah Wilkinson, de 61 años, bajo la ley antiterrorista, "por contenidos colgados en las redes sociales". Unos días antes, en julio, fue detenido Majid Freeman, de 36 años, por cargos similares a los de Sarah, y puesto en libertad bajo fianza con la prohibición de uso de redes sociales. Otro periodista con casa, vehículo y aparatos electrónicos confiscados es el galés Asa Winstanley, residente en Wembley, al norte de Londres, detenido el último mes de octubre por ser cofundador de The Electronic Intifada, una publicación online sobre política internacional. Asa, como Kapos, mantiene que la caída de Corbyn del liderazgo laborista se debió a una campaña maquinada por el lobby pro-Israel. Winstanley ha desarrollado sus argumentaciones en el libro Weaponising Anti-Semitism: How the Israel Lobby Brought Down Jeremy Corbyn (El arma antisemita o cómo el lobby pro-Israel derrumbó a Jeremy Corbyn).

Asa conoce de primera mano que la libertad de expresión no atraviesa buenos momentos en Reino Unido, ni el derecho a la propiedad de objetos personales como el móvil o el ordenador. La misma suerte de detención provisional, investigación continuada y confiscación de móvil y ordenadores que han corrido los profesores y periodistas citados ha alcanzado también a Richard Barnard, cofundador de la organización Palestine Action, o Mouin Rabbani, holandés de padres palestinos, coeditor de Jadaliyya Journal of Peacebuilding.

El daño que hace a los acusados de cometer ilegalidades, absueltos por la Justicia, es irreparable. El profesor David Miller ha perdido el trabajo, como le ha ocurrido a la profesora Marieha Hussain, denunciada por un grupo anónimo, por manifestarse con una pancarta en la que Rishi Sunak y la exministra de Interior Suella Braverman aparecían como dos cocos caídos de un cocotero en una manifestación contra el genocidio palestino. Marieha fue acusada de "racista", primero en las redes sociales, después en el juzgado. La jueza Vanessa Lloyd sentenció que la pancarta "es parte del género y la sátira política", absolviendo a Marieha, quien manifestó que "las leyes sobre el odio y la libertad de expresión deberían estar para protegernos, en cambio, este juicio ha demostrado que las normas se utilizan contra las minorías étnicas".

Público ha contactado con el British Board of Deputies (BoD), la mayor organización judía y sionista en Reino Unido, para saber su opinión sobre el impacto del genocidio en la libertad de expresión y en los miembros del BoD, pero han declinado contestar.