Tenemos en la legalidad a Bildu, Amaiur y Sortu. Es decir, que tenemos en la legalidad a la ETA. Se han enfadado mucho sus miembros con la detención del terrorista que asesinó a Isaías Carrasco, que ha sido enchironado junto a otro compañero de sangre putrefacta. Se entiende. A nadie le gusta que detengan a un hermano. Para Amaiur es «ir en dirección contraria». Analicen la reflexión. En España, la detención de un asesino es ir en dirección contraria. Bildu ha subvencionado un cortometraje que hace apología de la ETA. El Gobierno ha dicho que toma nota. El Fiscal también. Las notas pueden terminar en las papeleras, la del Gobierno y la del Fiscal. En Cataluña, el Presidente de la Generalidad y su Consejera de Educación han afirmado que no tienen la menor intención de acatar una sentencia del Tribunal Supremo en la que se anulan los decretos de imposición del catalán como única lengua vehícular. A mí, lo de la «lengua vehícular» se me antoja una cursilería, pero ahora se dice de esta forma. Es decir, que el máximo representante del Estado en Cataluña se cisca públicamente en el Tribunal Supremo. En ninguno de los casos anteriormente expuestos se cumple la Ley. Un Estado que no obliga a cumplir la Ley no es un Estado de Derecho, sino un Estado de máxima gravedad. No obstante, los ciudadanos de a pie se sienten asfixiados con las medidas económicas, probablemente correctas, que se han adoptado. Pero carecen del derecho a ser comprendidos. El retraso de un día en el pago de los impuestos –los que pueden pagarlo–, se castiga con una multa descomunal. ¿Qué aliciente tiene un ciudadano para colaborar con sus impuestos con un Estado que no cumple ni hace cumplir la Ley? Por cada cien españoles, un político. España es la nación con más políticos de Europa. Diecisiete Gobiernos, y diecinueve Parlamentos. Más de doscientas embajaditas ubicadas en todos los rincones del mundo de exclusiva representación autonómica. Miles de ayuntamientos inviables, opuestos a la creación de macrocomunidades por exclusivos problemas de aldea y discusiones de campanario. Esperanza Aguirre propone reducir el número de parlamentarios en Madrid y los suyos responden con el silencio. El PSOE e IU, lo contrario. Quieren aumentar el número de gorrones en Andalucía. El ciudadano de a pie habla solo por la calle, gesticula, no comprende lo que sucede y acude como un corderito a la Delegación de Hacienda a pagar su multa. Para colmo, es severamente amonestado por un funcionario. El Presidente del CGPJ, es acosado y derribado por un resentido con la ayuda del grupo más importante de comunicación de España. Del más importante, entre otros motivos, por ser el que más debe. Su Consejero Delegado, que cobra más de una decena de millones de euros se ha instalado en Nueva York. La nueva y ejemplar izquierda. Hasta Nueva York no llegan los insultos y las lágrimas de los despedidos con un ERE. El Estado de las Autonomías ha fracasado rotundamente. Podría haber funcionado en una nación poblada por políticos mayoritariamente honestos, no dedicados a vivir de los contribuyentes. Pero no. Las dos autonomías autollamadas «históricas» han recibido tanto que se sienten inducidas a la separación. Una, con violencia física, y la otra con violencia verbal.

Un aparte. ¿Acaso Castilla no es una comunidad histórica? Manda narices. El resto no tiene sentido. Las redes sociales y las palabras de la calle no llegan a los políticos. Se pide una recomposición, refundación del Estado. España se deshilacha. El Estado, apenas existe. Las Leyes no se cumplen. ¿Esto qué es?