«Es una pregunta que está en el aire», deslizó el dirigente popular. La afirmación molestó especialmente al presidente de la Junta de Andalucía, quien dijo que le repugnaba la forma de hacer política del principal partido de la oposición.

Entonces sólo se habían conocido 37 casos irregulares en los ERE. En estas tres semanas han cambiado muchas cosas. El número de personas que cobra una prejubilación sin haber trabajado nunca en una empresa se eleva a 59 y el total de casos irregulares a 146. La juez ha imputado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, se tambalea en su puesto al reconocer que no informó a Griñán de los avisos de la Intervención General en relación al procedimiento administrativo que se estaba llevando a cabo para transferir el pago de las prejubilaciones, en un intento de parapetar al presidente andaluz. Y, además, ha trascendido que un falso prejubilado del PSOE de Camas, José Antonio García Prieto, donó al partido un local para una sede que le costó 57.000 euros y que compró junto a la exalcaldesa en el municipio sevillano Encarnación Díaz Cerezo, según avanzó ayer el diario El Mundo. De las insinuaciones sobre la financiación ilegal del Partido Socialista, el PP ha pasado ahora a reforzar una acusación velada que se repite tanto a nivel regional como nacional. En este sentido, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que ahora se produce un «salto cualitativo» y reclamó la dimisión del secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, que estaba en la Consejería de Presidencia en los años en los que se extiende el escándalo; del expresidente Manuel Chaves; y de José Antonio Griñán.

Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, también incidió en el «peldaño más» que ha subido el caso. Si todo se confirma, «se trataría de un hecho gravísimo que vincularía directamente al Partido Socialista con un caso de presunta financiación ilegal». Asimismo, el presidente del PP de Sevilla reclamó al secretario provincial del PSOE, José Antonio Viera, una relación de todas las sedes socialistas al sospechar de una posible «red de financiación ilegal de este partido en el uso de sus sedes».

Así las cosas, el PSOE de Sevilla aseguró que «es totalmente falso» que existan «irregularidades» en la compra del local del PSOE de Camas. Este partido afirma que desde 2001, «cada céntimo del inmueble se está pagando con dinero del partido» y se puede acreditar con la documentación pertinente. En un comunicado señala esta formación que «en ningún momento» los dos militantes de la Agrupación del PSOE de Camas José Antonio García Prieto y la ex regidora Encarnación Díaz Cerezo «han regalado la sede de la Agrupación socialista de Camas al Partido Socialista». El PSOE argumentó que desde el 30 de enero 2001, fecha en la que formalizó el contrato de alquiler con opción a compra, los socialistas de Camas han pagado todas las cuotas relativas a su uso, en concepto de alquiler en un principio y, posteriormente, como propiedad tras su compra el 17 de septiembre de 2003.