MADRID- La trágica fiesta de Halloween en el Madrid Arena, en la que murieron cuatro jóvenes, se ha cobrado su primer responsable político. El delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana y tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, presentó ayer ante la alcaldesa, Ana Botella, la dimisión de todos sus cargos, tras su imputación en el «caso Madrid Arena».

El juez que instruye el caso, Eduardo López Palop, citó el pasado lunes al responsable de la Concejalía que se ocupaba de gestionar los contratos de alquiler del Madrid Arena en calidad de testigo. Sin embargo, esta mañana, tras señalar a Pedro Calvo como responsable, por ser presidente de Madrid Espacios y Congresos, empresa municipal gestora del recinto ferial de la Casa de Campo, ha cambiado esa citación como testigo por una imputación. Horas después, un comunicado urgente del Ayuntamiento de Madrid anunciaba que Pedro Calvo dejaba sus responsabilidades como delegado del consistorio madrileño aunque conservará su acta de concejal. Según explicaron fuentes municipales, el ya ex delegado de Empleo se reunió con la alcaldesa ayer por la mañana para presentarle su dimisión.

El nombre de Calvo es uno de los que más ha sonado en la boca de quienes exigían la asunción de responsabilidades políticas tras la tragedia en el Madrid Arena. De hecho, el delegado estuvo presente en todas las ruedas de prensa que, desde horas después de la avalancha que se cobró la vida de Rocío, Cristina, Katia y Belén, dieron el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, y la alcaldesa. Es más, durante un tiempo se especuló con la posibilidad de que fuese Villanueva, en calidad de vicealcalde, quien dejase su cargo debido a lo sucedido la noche de Halloween. Finalmente ha sido el responsable directo del recinto quien lo ha hecho.

Comisión de investigación
Aunque la dimisión se produce después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 51, que investiga el caso, considerase a Calvo como imputado, las sospechas sobre una responsabilidad política fueron reclamadas por la oposición desde que se tuvo noticia de la tragedia. En primer lugar, el Ayuntamiento de Madrid negó que la avalancha se hubiese producido por la infraestructura del edificio, sus condiciones y los dispositivos de seguridad que se habían establecido para la macrofiesta. Durante aquella primera rueda de prensa, el vicealcalde indicó los datos de aforo que la empresa organizadora, Diviertt, había comunicado al consistorio y que no superaban el permitido para el Madrid Arena.

Sin embargo, al día siguiente Botella aceptó la petición de que se crease una comisión de investigación por parte de la oposición municipal, comisión que se nombrará el próximo viernes 16 en un Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa afirmó que habría «total transparencia» en la investigación de lo sucedido y anunció que no se celebrarían más macrofiestas en recintos municipales: sólo se podrían hacer eventos con localidades numeradas en el Madrid Arena.

Por entonces ya se conocía que la empresa promotora de la fiesta, Diviertt, había contratado a Kontrol 34 –empresa que se dedica al control de accesos– para la seguridad interior del edificio y que Seguriber, que es la compañía que cuenta con la concesión de la seguridad en el recinto ferial, desplegó un dispositivo extraordinario para la fiesta de Halloween. También comenzaron las denuncias sobre la reventa y un «asalto» a las puertas de centenares de jóvenes que hacían botellón en los alrededores del Arena cuando actuaba Steve Aoki.
Días después, tras la muerte de la cuarta joven, Beatriz Langdon, el Ayuntamiento de Madrid reveló que emprenderá acciones legales contra Diviertt tras conocer por el atestado policial que el aforo del Madrid Arena había sido «sobradamente sobrepasado», por «mentir» en los datos de número de asistentes que comunicó al Ayuntamiento. Al respecto, Miguel Ángel Flores, gerente de Diviertt, negó la mayor y acusó a Seguriber de no controlar la «invasión» de los jóvenes que hacían botellón.

La alcaldesa también afirmó que abriría una investigación a fondo, con la delegada de Hacienda, Concepción Dancausa, al frente, para «depurar las responsabilidades municipales en lo sucedido en el Madrid Arena, si las hubiere». Botella aseguró que llegaría hasta las últimas consecuencias una vez concluyese la investigación. Además, Pedro Calvo explicó que en mayo se había encargado un informe sobre las deficiencias de los edificios municipales a raíz del cual se cerraron preventivamente el Palacio Municipal de Congresos y el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. Los fallos de seguridad del Madrid Arena eran «menores y se subsanaron el pasado 19 de octubre», aseguró.