El Gobierno deja en manos de los nacionalistas los órganos reguladores

La renovación de los miembros del consejo de los organismos reguladores ha sido duramente criticada por el PP por no consensuarse entre el Gobierno y las fuerzas políticas. El 19 de abril, el Grupo Popular presentó en el Congreso una proposición de ley relativa al refuerzo de la independencia de estos organismos y, hace unos días, se abstuvo en el nombramiento de los dos nuevos consejeros de la Comisión Nacional del Sector Postal, aprobados a propuesta de Fomento.

De hecho, por primera vez en la historia de la democracia, un regulador español, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) tiene un consejo dominado por una mayoría de vocales nombrados a propuesta de partidos nacionalistas. Marta Plana fue designada consejera de la CMT a petición de CiU y Xabier Ormaetxea Garai del PNV. Igualmente, la CNE tiene desde hace pocos días a dos nuevos consejeros propuestos por el PSOE (Tomás Gómez) y del PNV (Idoia Zenarruzabeitia, mano derecha del ex presidente del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe).

«Chalaneos»
Además, el Gobierno puso al frente de la CMT al que fuera secretario de Estado de Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo, ignorando las insistentes peticiones de Bruselas para que España aumentase la independencia de sus organismos reguladores.
Hace unos días el portavoz adjunto de Economía del PP en el Congreso, Álvaro Nadal, reprochó al ministro de Industria, Miguel Sebastián, que los organismos reguladores «estén actuando como el brazo largo del Gobierno en la ejecución de sus políticas». Nadal denunció que se están convirtiendo en un «chalaneo de puestos a cambio de apoyos parlamentarios o pactos políticos con los grupos parlamentarios».

En el PP se cree que sería incluso un «pago» a cambio del aval de los nacionalistas a los presupuestos. Los miembros de los reguladores son designados por el Gobierno, con la novedad que introduce la Ley de Economía Sostenible (LES) de que deben comparecer en comisión en el Congreso para presentarse al resto de los grupos. Asimismo, los presidentes de estos organismos están obligados a comparecer ante el Parlamento cada año. La LES no ha conseguido, por tanto, garantizar su independencia.

Para garantizarla y evitar así casos como la Opa a Endesa, recuerda Álvaro Nadal, el PP reclamó a través de una proposición de ley que la designación de los miembros se realice por consenso entre el Gobierno y las fuerzas políticas, y que los cargos sean votados por el Parlamento, con mayoría de tres quintos para el presidente, y mayoría absoluta para los consejeros.

Las Opas pasadas
El PP denuncia que el «origen gubernamental de los nombramientos los hace o los puede hacer permeables a la influencia política en las importantes decisiones que se tienen que tomar en el funcionamiento de los sectores regulados». En junio acaba el mandato de Maite Costa como presidenta de la CNE, cargo que ocupa a propuesta del PSOE desde hace seis años. Bajo su mandato, este organismo gestionó la tan sonada Opa de Gas Natural sobre Endesa y su independencia fue duramente cuestionada. Costa defendió ante el Congreso que la decisión de autorizar la Opa de la gasista catalana sobre Endesa se ajustó a las leyes vigentes y se tomó bajo estrictos criterios de rigurosidad.

La independencia queda en el aire con la nueva ley
La novedad que introduce la recientemente aprobada Ley de Economía Sostenible (LES) respecto a los organismos reguladores es que los miembros del consejo, designados por el Gobierno, deben comparecer ante el Congreso de los Diputados, y que sus mandatos tienen una duración de seis años no prorrogables. Los presidentes comparecerán de forma regular, cada año, requisitos que, según el Ejecutivo, «refuerzan la independencia y transparencia» de su gestión. Una independencia cuestionada por el PP, que pide que los miembros de estos organismos sean elegidos por consenso entre el Gobierno y los partidos políticos.