IU engullido por el PSOE libra a Griñán de responsabilidad en los ERE

SEVILLA-Se cumplió el guión marcado. En las conclusiones de la comisión del caso de los ERE ha pesado más la alianza de los socios del bipartito (PSOE e IU) que la búsqueda franca de responsabilidades. Poco se esperaba del Partido Socialista, que ni siquiera preguntó a los miembros de su partido. La incógnita era IU, que se mostró vehemente en la fase de declaraciones, pero que ha aflojado su postura a la hora de la verdad, en la que había que poner negro sobre blanco las posibles irregularidades. Orillados han quedado los reproches al presidente andaluz, José Antonio Griñán, que recibió reiterados informes de la Intervención General alertándole, entre otras cosas, de que la Junta estaba prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido. Cuando Griñán acudió a la comisión, la portavoz de IU, Alba Doblas, le espetó: «Si su coche le avisa con una luz de que falta líquido de frenos, ¿usted sigue hasta darse el tortazo?». No aparece, sin embargo, Griñán entre los responsables políticos a los que apunta IU.

La coalición de izquierdas sí señala por su nombre y apellidos al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, al ex consejero Antonio Fernández y el que fuera su viceconsejero Agustín Barberá y al ex consejero José Antonio Viera. IU también «salva» al ex presidente de la Junta Manuel Chaves, máximo responsable de la Administración andaluza durante el tiempo en el que se produjeron las irregularidades, y a otras personas a las que indirectamente ha salpicado el caso aunque no estén imputadas, como la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y el ex titular de Empleo, Manuel Recio.
IU copia el argumento esgrimido durante este tiempo por el PSOE para blindar a Griñán: que la Intervención General no abrió un informe de actuación al no detectar menoscabo de fondos públicos. En este sentido reprende al máximo órgano fiscalizador por «renunciar» a emitir dicho informe «a pesar de haber razones suficientes para ello». Con todo, desliza que el informe especial sobre el ejercicio 2003 emitido por la Intervención hubiera merecido «al menos, una reflexión, una respuesta y alguna actuación correctora». Ni Hacienda, ni las consejerías de Empleo e Innovación «adoptaron las medidas para corregirlas». Es el único reproche indirecto que hace IU a Griñán.

En apreciaciones globales IU sí es contundente. Habla de un sistema «opaco» para «resolver problemas de forma clientelar-personal». También reparte IU reproches para el PP: «Ha habido un interés descarado por parte de la derecha andaluza y nacional en inflar a priori la cuantía de lo presuntamente defraudado».

El PSOE hace más un bloque de defensa de la actuación de la Junta que de denuncia de lo ocurrido. «No puede considerarse ilegal, ni tampoco inexistente,un procedimiento que ha pervivido en el tiempo durante una década sin más discrepancias que las manifestadas en los informes de la Intervención». Niega que hubiera «fraude generalizado» en la concesión de ayudas y se ampara en que la Intervención no detectó menoscabo de fondos públicos ni puso reparos a la legalidad del proceso.

La responsabilidad política la residencia sólo en el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. «La Dirección General de Trabajo era el órgano con la atribución exclusiva para la concesión de las ayudas y, por tanto, es dicho órgano el responsable de las mismas».
Por su parte, pide responsabilidad y también la dimisión de 16 altos cargos de la Junta, entre los que se encuentra el propio presidente andaluz y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves; además de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; el consejero de Economía y Empleo, Antonio Ávila; o el ex titular de Presidencia, Gaspar Zarrías. «Ha quedado probado que (...) en el seno de la Administración funcionó una trama que otorgó ayudas fraudulentas y de la que se beneficiaron los propios miembros del Gobierno andaluz, amigos, familiares afines al Gobierno y al Partido Socialista, empresarios próximos al poder, despachos de abogados, mediadores, compañías de seguros, comisionistas, quienes recibieron cuantiosas subvenciones y comisiones concedidas sin norma ni control».

Apunta directamente a Griñán el PP por varias vías. La primera, por desoir los informes que le llegaron de la Intervención General alertando de graves disfunciones. «Ha quedado probado que es inverosímil que después de tantas advertencias ningún responsable político se sintiera concernido por el contenido tan demoledor de los reiterados informes (...) La actitud culposa e indigna de éstos merece la reprobación política y la dimisión de todos y cada uno de ellos».

La segunda vía por la que culpa el PP a Griñán es por no aplicar la orden estatal sobre ayudas a trabajadores afectados por procesos de reconversión de empresas, pese a que el máximo mandatario andaluz la aprobara siendo ministro de Trabajo y Seguridad Social en 1995. «Es inconcebible que el Gobierno andaluz jamás aplicara la orden estatal y que ni siquiera se molestara en aprobar en estos años una norma andaluza».