El Congreso exige a los herederos de Batasuna que renieguen de ETA

El texto, que salió adelante con la abstención de CiU, PNV, ERC-IU-ICV, el Bloque Nacionalista Galego y Nafarroa Bai, se fraguó en torno a la moción consecuencia de la interpelación que la diputada de UPyD, Rosa Díez, dirigió el pasado 1 de diciembre al vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. PSOE y PP enmendaron el texto original y finalmente los dos partidos mayoritarios aceptaron incorporar a su enmienda conjunta otras aportaciones de Díez.

El texto aprobado insta al Gobierno a tener siempre presente la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de junio de 2009, donde se especifica que "los estatutos y programa de un partido político no pueden ser tomados como único criterio para determinar sus objetivos e intenciones", sino que "es preciso comparar el contenido de dicho programa con los actos y tomas de posición de los miembros y dirigentes del partido en cuestión".

Con la vista puesta en las elecciones municipales de 2011, la Cámara Baja también pide al Ejecutivo que continúe aplicando la legislación y la doctrina del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "para evitar que formaciones políticas ilegales o quienes justifican o apoyan la violencia terrorista puedan utilizar cualquier tipo de vía para, fraudulentamente, concurrir a futuros procesos electorales y obtener representación institucional".

Las reformas legales, listas
"A tal efecto -reza el texto pactado por PSOE, PP y UpyD-, el Gobierno tendrá dispuestos los medios necesarios para aplicar de forma inmediata las reformas legales que están en tramitación en el Parlamento y que tienen la finalidad mencionada". Los tres partidos también solicitan al Gobierno que vele para que "no entren en las instituciones democráticas partidos políticos o formaciones que sustenten un proyecto político incompatible con el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales".

En la misma línea, le demandan que "vigile"la aplicación estricta de la jurisprudencia "especialmente en cuanto a los requisitos exigidos a los partidos políticos, coaliciones y federaciones de partidos y agrupaciones de electores, para concurrir a las elecciones". Es en este contexto, en el que se recoge la exigencia de que se tenga "siempre presente"la citada sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de junio de 2009.

Además, el texto emplaza al Ejecutivo a seguir "combatiendo"a todo "el conglomerado"de ETA a través de una política antiterrorista integral, a impedir, en colaboración con el Gobierno vasco, todo tipo de actos de apoyo al terrorismo y a evitar que la banda goce de "cualquier tipo de impunidad en países extranjeros".

La moción incluye también un llamamiento al Gobierno destinado a reforzar el compromiso con las víctimas del terrorismo y a seguir afianzando "la unidad de las fuerzas políticas democráticas en torno a una política antiterrorista encaminada a la derrota definitiva e incondicional de ETA".

Con herederos no hay derrota
Precisamente, durante su intervención, Díez agradeció la disposición al diálogo de los dos grupos mayoritarios e interpretó el acuerdo como "un paso más en la lucha de los demócratas hacia la derrota definitiva e incondicional de ETA".

Además, avisó de que no se habrá "derrotado a ETA"si se mantiene "a sus herederos políticos"entre los demócratas e insistió en que "no basta con condenar la violencia para convertirse en demócratas". Por eso, defendió la oportunidad de que "quede claro que la incompatibilidad más radical que existe es entre el proyecto político de ETA y la democracia".

El socialista Antonio Hernando se afanó en dejar claro que el PSOE promovió una enmienda conjunta con el PP porque la unidad de los partidos frente al terrorismo es "fundamental", aunque reconoció que esa unidad ha pasado por momentos "muy altos", como el Pacto de Ajuria Enea, pero también por otros más bajos. "Ahora está en un momento alto y no podemos romper la unidad con la interpretación de cómo puede acceder un partido político a la legalidad porque eso está claro en la ley", proclamó.

Para no dejar ninguna duda sobre la posición del PSOE parafraseó el lehendakari, Patxi López, dejando claro que para concurrir a las elecciones no basta con "fotocopiar"el programa de un partido legal, sino que hay que "acatar las reglas del juego, romper con cualquier tipo de vinculación con ETA y repudiar la violencia como método para objetivos políticos".

"No hay una línea imaginaria que divide a los estamos a favor o en contra de esta moción; no existe línea de división entre los demócratas", sentenció como colofón y dando por hecho que habría grupos que no apoyarían el texto.

PP: acuerdo definitivo, no coyuntural
En la misma línea, el 'popular' José Antonio Bermúdez de Castro, se congratuló de que la iniciativa de UPyD haya permitido sellar un "acuerdo de amplio espectro muy trascendente"que contiene los "elementos básicos que deben sustentar la política antiterrorista del Gobierno con el objetivo firme e irrenunciable de la derrota definitiva e incondicional de ETA".

El diputado del PP hizo hincapié en que éste no debe "ser un marco coyuntural, como en el pasado"sino "un marco estable y definitivo que defina los pilares inamovibles de la lucha contra el terrorismo"y que lo haga "en la línea del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo".

"Un único objetivo la derrota o la rendición de ETA ese es el reto y la meta, no sólo el camino y para eso y no para otra cosa es por lo que estamos apoyando realmente al Gobierno", advirtió, incidiendo en que al final tendrá que haber "vencedores y vencidos y víctimas y verdugos". "Podemos hacerlo y lo vamos a conseguir", aseveró.

Jordi Xucl, de CiU, proclamó su adhesión a la unidad de los demócratas y se congratuló del texto pactado, lo que no le impidió criticar también algunos de sus puntos, por obvios y decantarse por la abstención.

Más crítico se mostró desde ERC, Joan Ridao, quien replicó que la "verdadera victoria de la democracia"sería lograr que "quienes defendían objetivos políticos a través de la violencia lo hagan a través de la palabra y la democracia"y no impedir que se presenten a las elecciones.

Por eso, criticó que esta moción se apruebe cuando la "gran mayoría de la izquierda abertzale"quiere dar pasos hacia la democracia, unos movimientos que ERC ve con "esperanza"y que, a su juicio, sólo pueden negar quienes están "cegados por el fanatismo o las ansias de venganza". Así, pidió al Gobierno que sea capaz "si no de apoyar ese proceso, de al menos, no obstaculizarlo".

En nombre del PNV, Emilio Olabarría, recriminó al PSOE que haya querido recuperar su pacto antiterrorista en exclusiva con el PP en lugar de trabajar por un "consenso real de amplio espectro"que huya de la "retórica fácil y hueca"que sólo busca réditos electorales.

A Díez le reprochó que desde su "representación de carácter absolutamente unipersonal"se permita "expedir certificados de calidad democrática"y promover mociones que no son más que "un cúmulo de obviedades". También le afeó su "gran capacidad de captar apóstoles para una causa que, sencillamente, busca patrimonializar determinadas posiciones políticas para obtener rendimientos electorales".