Denuncia a la Junta Electoral la campaña del PSOE en Argentina

MADRID- Hecha la ley, hecha la trampa o el maquillaje de la trampa. PSOE y PP pactaron el pasado mes de febrero una reforma de la Ley Electoral en la que prácticamente limitaban a los 15 días de campaña la realización de todo tipo de propaganda, con el fin de reducir los gastos. Semanas después ya pactaron otras reglas de aplicación de ese acuerdo que suponían una interpretación algo más flexible de las restricciones fijadas inicialmente en la ley, pero manteniendo la prohibición de que pudiera haber publicidad exterior fuera de los quince días oficiales de vigencia de la misma.

Ayer este periódico publicaba los primeros carteles del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, en Buenos Aires a la caza del voto de los más de 300.000 residentes en Argentina con derecho al sufragio en las generales. Y ayer por la tarde el PP reaccionaba a esa información llevando ante la Junta Electoral Central (JEC) esa cartelería con propaganda socialista para que aclare si no chocan con las restricciones vigentes.

La resolución del órgano electoral tiene su alcance, ya que igual que se ha conocido que el PSOE ha empezado su campaña en Argentina, podría estar haciendo lo mismo en otros países donde también hay una importante bolsa de residentes nacionales que pueden participar en las generales. El voto emigrante afecta a más de un millón y medio de personas desplazadas por distintos países.

El citado acuerdo de febrero tenía pendiente un desarrollo reglamentario que, al final, los dos partidos dejaron en manos de la JEC, de tal manera que fuera este órgano el que dictaminara el alcance y los límites de las limitaciones fijadas por ley. En agosto socialistas y populares volvieron a levantar un poco la mano sobre la prohibición de publicidad exterior y acordaron que sí podría haber marketing electoral (cuñas y cartelería de actos sectoriales o folletos divulgativos del programa) antes de la disolución formal de las Cortes Generales. No después.

José Antonio Bermúdez de Castro, secretario de Electoral del PP y miembro del comité de campaña, explicó a este diario que su partido quiere que la JEC se pronuncie al respecto porque la propaganda de Rubalcaba en Buenos Aires puede estar reproduciéndose también por otros países y, de no ajustarse a derecho, deberá ser retirada por el PSOE. «Las reglas tienen que ser iguales para todos», señaló el diputado popular.