MADRID- Gobierno y PP siguen analizando con discreción posibles actuaciones para ampliar el cerco a Batasuna e impedir que se cuele en las próximas elecciones municipales de 2011. La novedad es la posibilidad de que los proetarras utilicen un partido legal, como Eusko Alkartasuna (EA), para vulnerar la Ley de Partidos y concurrir, así, a los comicios. El acto del pasado fin de semana en el que EA y el «brazo político» de ETA presentaron su plan soberanista, sin condenar la violencia, ha encendido todas las alarmas. Pero el run run viene de lejos y, de hecho, ya con anterioridad el PP le había trasladado al Ejecutivo una fórmula jurídica para intentar anular candidaturas batasunas sin necesidad de poner en marcha el complejo proceso de ilegalización del partido que les da soporte. Consistiría en una modificación de la Ley Electoral, tomando en consideración causas distintas de la ilegalización y referidas individualmente a las personas que integran esas candidaturas «contaminadas». La propuesta, por tanto, estaba sobre la mesa antes del «akelarre» independentista de EA y Batasuna del domingo, pero aún no hay respuesta del Gobierno.A la espera de contestación El PP asegura que está a la espera de esa contestación e insiste en que la suya es la vía más eficaz para impedir el fraude de ley de que los proetarras utilicen a un partido legal para camuflarse. El Gobierno, por su parte, sigue instando a la coalición radical a hacer nuevos gestos más firmes, pero aún no se ha pronunciado. En cualquier caso, el Consejo de Ministros ya aprobó el pasado mes de marzo un paquete de reformas legales para tratar de sellar todos los resquicios legales que la izquierda abertzale podría utilizar el año próximo para burlar el Estado de Derecho y concurrir a las municipales. Lo más novedoso de las medidas anunciadas por el Gobierno era la llamada nueva causa de «incompatibilidad sobrevenida», que permitiría retirar el acta a un cargo electo de un partido ilegalizado después de las elecciones.