La ministra colgada de la red

Los mismos que pidieron su dimisión desde el día que asumió la cartera por su defensa de los derechos de autor en la red. Si bien es cierto que los que asistieron a aquella mesa había posturas extremas, la ministra, como otras veces, no tuvo la cintura política suficiente como para llegar a ningún tipo de acuerdo. Mientras ella declaraba a la salida que la reunión había sido fructífera, sus interlocutores declaraban que se sentían «decepcionados» y «si cabe más preocupados que antes» de la cita. La campaña en la red contra la directora y guionista arreció aún más si cabía.

Todo lo contrario ha ocurrido en el día de hoy, se aprecia un tono más favorable hacia la protección de la propiedad intelectual por parte de los invitados de Álex de la Iglesia tanto en sus comunicaciones escritas como orales después del encuentro. Entonces se achacaba a Sinde inexperiencia política. Aún menos tiene De la Iglesia y ha logrado tender puentes sin renunciar a seguir persiguiendo a los «piratas». A la ministra aún le queda la oportunidad de salvar los muebles si la negociación entre PSOE y el resto de los grupos
–previsiblemente el PP– da sus frutos a mediados de enero en el Senado y la norma antidescargas que se incluye de nuevo en la LES. Para ello es previsible que haya que incluir alguna intervención judicial más en el proceso, lo que, según la industria cultural, podría ralentizar la toma de decisiones. Para ellos resulta fundamental la rapidez de actuación contra las webs de enlaces, pues es en los días posteriores a un estreno cinematográfico o salida de un disco cuando el nivel de «piratería» del producto se dispara. Tal y como ahora prevé el texto, una comisión administrativa, adscrita a Cultura, pero con miembros de los diversos sectores implicados, recibiría las denuncias de los propietarios de derechos que vieran violadas sus creaciones. Una vez admitida a trámite, un juez de la Audiencia Nacional debería decidir en tres días si el procedimiento es correcto. El PP, por el contrario, insiste en que el juez debe entrar en el fondo de la cuestión y no simplemente dar el visto bueno. La mayor parte de los grupos parlamentarios optan por revisar la Ley de Propiedad Intelectual, lo que sería difícilmente encajable en esta legislatura.