La CE revisará la normativa de sus fondos para evitar nuevos fraudes

En conversación con LA RAZÓN, el húngaro, al cargo de la hucha del Fondo Social Europeo (FSE), que incluye las partidas repartidas en Andalucía, dice que está al tanto del caso destapado en la región, y añade que «la situación no puede seguir así». Por ello, el comisario propondrá en la regulación del FSE para las próximas perspectivas financieras, cuya discusión se abre tras el verano, «crear nuevos medios» que permitan actuar si los fondos comunitarios no se gastan «apropiadamente».

La Guardia Civil avisó a la OLAF sobre los casos de fraude de las 5.870 empresas, que se calcula que han estafado hasta 27 millones de euros en ayudas. La agencia europea comunicó el pasado mes de noviembre a la Comisión la apertura de la investigación. El pasado febrero, la Comisión volvió a solicitar información a las autoridades españolas, de las que todavía espera respuesta. A pesar de que sólo 23 empresas serán acusadas de delito, y las demás sólo serán castigadas con una sanción administrativa por la escasa cuantía, el fraude es más extenso de lo que se pensaba en un primer momento. Los protagonistas eran empresas que contrataban a trabajadores para beneficiarse de las ayudas al empleo, con cargo al 80% del FSE y 20% de la Junta de Andalucía. Poco después, los empleados eran despedidos, en ocasiones en sólo 15 días, sin que los inspectores de trabajo hubieran destapado las irregularidades. Para el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, la causa de la desaparición de las empresas tras recibir el dinero de Bruselas no es otra que la crisis económica, que les impidió cumplir la exigencia de permanecer en activo cuatro años.

De todas formas, Andor señala que «muy a menudo se ven casos en los que nuestro país es sospechoso de no haber gestionado bien las ayudas, con regiones como Baleares también en la mira de Bruselas. Sin llegar hasta el extremo del fraude andaluz, pero sin cumplimentar la escrupulosidad que exige la burocracia comunitaria, España ha visto cómo en la última década se le han bloqueado una gran cantidad de fondos, que algunas fuentes cifran en 4.000 millones de euros. Este dinero no supone que el Estado pierda fondos, sino que quedan congelados hasta que la Administración nacional complete todos los pasos del complejo papeleo de la UE. No obstante, miembros del equipo de Andor reconocen que España, como otros Estados miembros sobre todo del Sur, «necesita mejorar bastante» la gestión europea de ayudas. «Se necesita corregir el funcionamiento de la gestión y el control de los sistemas en la aplicación de los pagos», comentan fuera de micrófonos.

Para reforzar la lucha contra el fraude, la Comisión presentó la semana pasada cambios para relanzar la OLAF. Tras una década de vida y más de 4.500 casos a la espalda, quiere ampliar sus capacidades y el seguimiento de los casos. Para ello, la Comisión propone mejorar la cooperación entre la agencia y las autoridades competentes nacionales de los Estados miembros, para aumentar el intercambio de información de los procedimientos en marcha.