El acuerdo, firmado por la presidenta del Ejecutivo y de UPN, Yolanda Barcina, y el vicepresidente primero y secretario general del PSN, Roberto Jiménez, prevé para aumentar los ingresos la implantación del llamado "céntimo sanitario"(8 millones de euros), aplicar la Imposición a las Labores del Tabaco (2 millones), modificar el Impuesto de Sociedades (3 millones), reforzar la lucha contra el fraude fiscal (14 millones) y revisar las deducciones fiscales (entre 25 y 40 millones con impacto en 2013).

Dentro de la lucha contra el fraude se ha descartado la amnistía y en su lugar se ha optado por incentivar las declaraciones complementarias o sustitutivas con una reducción este año del 90 % en el recargo que corresponda y del 20 % en los intereses resultantes, y al mismo tiempo se modificará la normativa para incrementar las sanciones graves entre un 75 y un 180 por ciento.

La reducción del gasto se conseguirá con medidas de ahorro en personal (25 millones), un aumento de jornada hasta las 37,5 horas semanales para rebajar horas extraordinarias y reducir listas de espera sanitarias evitando las "peonadas"de los profesionales sanitarios, y con la aplicación de medidas aprobadas por el Gobierno central que son de obligado cumplimiento (15 millones).

Y junto a estas decisiones, los socios en el Gobierno de Navarra se "comprometen"en educación a mantener los actual ratios de alumnos por aula y en sanidad, la atención a todas las personas inmigrantes empadronadas en Navarra antes del 30 de abril de 2012, mientras que en materia de transporte sanitario se hará una "racionalización"en función de la situación médica, familiar y geográfica de los usuarios.

Además, el acuerdo incluye un cuarto apartado dotado con 20 millones de euros para un nuevo "plan de dinamización"de la economía y el empleo que se debatirá con los agentes económicos y sociales, con los que se quiere "impulsar la concertación".

También se agilizarán "proyectos estratégicos"por su incidencia, como el Tren de Altas Prestaciones o tres nuevos centros de investigación, y se modificarán las leyes forales de contratación y Administración Local para impulsar las obras públicas.