Enrique Santiago, secretario general del PCE y diputado de Podemos por Madrid, se ha jactado de que los comunistas están en el Gobierno de España por segunda vez en su Historia. La primera fue durante la Guerra Civil, y siempre ha sido en coalición con otras fuerzas. Los referentes de Santiago son, según dice, Maduro, Lenin y Castro, quienes no son precisamente modelos de democracia, libertad y prosperidad. El comunista que esta vez estará en el Gobierno será Alberto Garzón, si Pedro Sánchez no cambia su decisión a última hora. Este diputado de Unidas Podemos es el coordinador general de Izquierda Unida, formación que lidera el PCE. Garzón confesó en el debate de investidura de Sánchez que es un «orgulloso militante» del Partido Comunista.

¿Por qué sucede esto? Es decir; ¿cómo es posible que alguien alardee de sostener una ideología que es sinónimo de muerte y robo, de genocidio y tiranía, de eliminación de las libertades, e incluso de terrorismo? Ni siquiera vale la referencia a Santiago Carrillo porque la nueva generación de comunistas desprecia la Transición y la Constitución de 1978. El motivo de ese alarde es que han conseguido radicalizar a la socialdemocracia e inocular la idea de que el objetivo de la democracia es «luchar contra las desigualdades». Así hacen creer a la gente que la riqueza hay que repartirla, no crearla; que la libertad hay que sacrificarla a la igualdad material; y que el Estado debe corregir a una sociedad desviada por el capitalismo.

Ese proceso de podemización, antaño llamado de «bolchevización», es una estrategia desplegada en situaciones de crisis política y social. Lenin desarrolló la idea de la bolchevización tras su golpe de Estado de enero de 1918 contra la Asamblea constituyente porque habían perdido las elecciones. El objetivo fundamental de su plan era conquistar las bases y la dirección de las organizaciones socialistas alemanas y británicas para ponerlas a su servicio. En los años 20 la izquierda europea estaba dividida en dos facciones: aquellos que creían en la vía democrática al socialismo, o simplemente en la reforma social, como el laborismo, y los que pensaban que la caída del capitalismo debía forzarse con un golpe o una revolución, que eran los bolcheviques.

Lenin corrigió a Marx al decir que el método del filósofo alemán, su materialismo histórico, supondría que el cambio al comunismo solo se haría pasados 500 años y en países altamente industrializados. La clase obrera, afirmaba, debía tomar conciencia del conflicto político y alzarse con el poder, derribar la «dictadura de la burguesía» y establecer la «dictadura del proletariado». La Historia venía a ser entonces la sucesión de hegemonías que se traducían en gobiernos dictatoriales de clase. De ahí que todo sistema comunista sea una tiranía que, por supuesto, ha llevado aparejada la liquidación social, el latrocinio y la pobreza.

Visita a Lenin

El PSOE anterior a 1931 se resistió a la bolchevización. Fernando de los Ríos, uno de sus intelectuales, viajó al país donde había tenido la revolución proletaria. Se entrevistó con Lenin y examinó la situación. El motivo del viaje era que los comunistas habían invitado a los socialistas españoles, como a otros, a formar parte de la Tercera Internacional con sede en Moscú, claro. De los Ríos no regresó a España con una buena impresión: los derechos no existían, la violencia estaba banalizada y aquel país no prosperaba, sino que se hundía. El exclusivismo y la lucha cainita empobrecían. El español preguntó a Lenin qué pasaba con la libertad, a lo que el líder bolchevique contestó: «¿Libertad para qué?».

El testimonio de Fernando de los Ríos quedó impreso en su libro «Mi viaje a la Rusia sovietista» (1921). La negativa de los socialistas a su bolchevización supuso que se convirtieran para los comunistas en «socialfascistas». La razón es que todo aquel que se opusiera al mundo soviético (también se autodenominaban entonces «progresistas») se convertía directamente en un fascista, cosa que ocurre hoy en similar medida. Ya lo dijo Pablo Iglesias cuando perdieron las elecciones de diciembre de 2018 en Andalucía, y puso en marcha la «Alerta antifascista», lo que fue seguido de disturbios callejeros. Y también había ocurrido antes, cuando en 2016 el PP de Rajoy y Cs, cuando aún estaba Albert Rivera, llegaron a un acuerdo de investidura. Los podemitas rodearon el Congreso y acosaron a los diputados llamándoles fascistas y tirándoles objetos.

Demonización del adversario

La radicalización del PSOE es una constante en tiempos de crisis, donde la búsqueda del conflicto para hacer política supera a la cordura de la conciliación para resolver problemas. Ocurrió durante la Segunda República. El PCE era un grupúsculo. Fundado en 1921, apenas contaba con militantes y un puñado de intelectuales. Entre ellos, dos mujeres. Una era Dolores Ibárruri, La Pasionaria, que fue detenida en varias ocasiones antes de 1933, justamente por un gobierno republicano-socialista, por levantarse contra el régimen. Otra, Margarita Nelken, que llegó a ser diputada y se opuso al voto de las mujeres. Luego, ya en la Guerra Civil, destacó por su habilidad organizadora de checas.

Gabriel Mario de Coca, socialista seguidor de Julián Besteiro, explicó el proceso de bolchevización del PSOE en su libro «Anti-Caballero: Crítica marxista de la bolchevización del Partido Socialista (1930-1936)». Los reformistas del Partido Socialista se vieron desbordados, contaba Coca, pero tampoco hicieron nada. Besteiro y Araquistain mantuvieron un debate sobre la esencia del socialismo, del marxismo, y el objetivo del partido, pero no dejó de ser una discusión libresca, ajena a lo que pasaba en la calle.

Largo Caballero, el «Lenin español», diseñó una estrategia fundada en la demonización del adversario, en definirlo como un lastre histórico para la justicia social que había que quitarse de en medio de cualquier forma, incluida la Guerra Civil. Adoptó un lenguaje violento, movilizó a sindicalistas y militantes coordinando al PSOE y a la UGT, e introdujo al PCE en el Frente Popular. Los comunistas cambiaron de estrategia por orden de Stalin: había que colaborar con los que antes llamaban «socialfascistas» para acceder al poder, y desde esa posición, empujar hacia la sovietización.

Un gobierno exclusivo

Si la vida política de la Segunda República era propicia para el discurso y la acción comunista, mucho más la guerra y la injerencia rusa. Una vez se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, los comunistas entraron en el Gobierno de Largo Caballero y dominaron la administración formal e informal, y no dudaron en eliminar físicamente, no solo a la derecha, sino a los anarquistas, republicanos, trotskistas o cualquier «desviacionista» que impidiera su gobierno exclusivo. No defendieron la República de 1931, a la que despreciaban, sino una soviética.

Vicente Uribe, ministro comunista durante casi toda la guerra, escribió en sus memorias que la tibieza de Indalecio Prieto y Manuel Azaña permitió la victoria de los sublevados. Uribe, primer ministro comunista de la historia de España junto a Jesús Hernández, de Instrucción Pública, lo tenía claro: Largo Caballero era un «viejo chocho»; Prieto, un «incapaz», y el PCE era el auténtico dique contra el fascismo. Por supuesto, una vez en el exilio, Uribe fue humillado en un pleno celebrado en 1956 en Bucarest y marginado del PCE en una de las incontables purgas.