Investigación
El negocio de la caridad: Carlos III y su hijo William ganan con ella millones
La explotación del patrimonio de dos ducados para servicios públicos y beneficencia podría reportar a la Familia Real británica unos 50 millones de libras, exentas de impuestos, según un informe
Carlos III, cuya fortuna alcanza los 610 millones de libras, es dueño de siete palacios, diez castillos, doce casas, más de una decena de ruinas históricas y otros 5.400 propiedades y terrenos más.
Un patrimonio, nunca mejor dicho, digno de un rey. La mayoría son propiedad del Estado de la Corona, el ducado de Lancaster y el ducado de Cornualles, instituciones mantenidas «por derecho de la Corona» mientras dure su reinado. Otras están controladas por la propia monarquía «en fideicomiso» para sus sucesores y la nación.
Una investigación conjunta de «The Sunday Times» y el programa «Dispatches de Channel 4» revela ahora que el patrimonio inmobiliario de Carlos III y su hijo William procedente de los ducados mencionados les reportan unos 50 millones de libras anuales gracias a acuerdos de arrendamiento con el National Health Service (NHS), el servicio nacional de salud del Reino Unido, y con las escuelas o las fuerzas armadas. Esta cantidad, exenta de impuestos empresariales, permitirían financiar el estilo de vida y el trabajo filantrópico de la realeza.
Hasta ahora se desconocía el alcance de estos acuerdos comerciales libres de impuestos con los que el Rey y su heredero han mantenido su fortuna. El ducado de Lancaster recaudó 27,4 millones de libras (32,8 millones de euros) para el Rey, mientras que el de Cornualles aportó 23,6 millones de libras (26,4 millones de euros) al Príncipe William.
Sus arrendatarios son departamentos gubernamentales, consejos, empresas, compañías mineras y el público en general gracias a rentas comerciales o tributos feudales sobre tierras en gran parte confiscadas por monarcas medievales. Según la información extraída de los archivos, en virtud de esos gravámenes, la Casa Real opera como propietaria comercial y obtiene ingresos tanto por obras de caridad como por el uso de puentes de peaje, transbordadores, tuberías de alcantarillado, iglesias, ayuntamientos, pubs, destilerías, gasoductos, amarres de barcos, minas, aparcamientos, viviendas de alquiler y turbinas eólicas. Se aplican tasas hasta por cavar tumbas.
Un ejemplo de todo ello es Camelford House, un bloque de pisos de los años sesenta a orillas del Támesis que ha generado al menos 22 millones de libras desde 2005 gracias a los alquileres pagados por organizaciones benéficas y otros inquilinos. Dos organizaciones benéficas contra el cáncer, Marie Curie y Macmillan (de las que el rey es un histórico mecenas) se tuvieron que mudar recientemente a unas instalaciones más pequeñas.
«Los arrendamientos y contratos a nombre del Rey y el príncipe -indica la investigación- muestran que están ganando millones de libras al año cobrando al ejército, la marina, el Servicio Nacional de Salud, el servicio penitenciario y las escuelas estatales por el uso de sus tierras, ríos y costas». Un acuerdo especial con el Tesoro les exime de pagar impuestos sobre sus ganancias corporativas. Las revelaciones han provocado que la ciudadanía pida la apertura de una investigación parlamentaria.
El Rey y su hijo pagan impuestos sobre la renta sobre los beneficios de los patrimonios una vez deducidos los gastos empresariales, aunque no especifican cuánto. Ante esta publicación, de la que se han hecho eco varios periódicos británicos, un portavoz del ducado de Lancaster ha aclarado que «opera como una empresa comercial, que gestiona una amplia gama de activos inmobiliarios y de tierras en Inglaterra y Gales. Cumple con toda la legislación y las normas reglamentarias pertinentes del Reino Unido aplicables a sus actividades comerciales».
El informe saca a la luz un aspecto más: el dudoso compromiso medioambiental. A pesar de los discursos e intervenciones de Carlos III y del Príncipe de Gales sobre cuestiones medioambientales, muchas propiedades residenciales alquiladas por las propiedades reales infringen los estándares básicos de eficiencia energética del gobierno. La investigación encontró que el 14% de las viviendas arrendadas por el ducado de Cornualles y el 13% por el ducado de Lancaster tienen una calificación de desempeño energético F o G. Desde 2020, es ilegal que los propietarios alquilen propiedades que tengan una calificación inferior a E, según las regulaciones de Estándares Mínimos de Eficiencia Energética. También en este aspecto el ducado de Lancaster se ha defendido. «Más del 87% de todas las propiedades alquiladas por el Ducado tienen una clasificación E o superior. El resto está a la espera de obras de mejora programadas o están exentas según la legislación del Reino Unido».
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