Nuevo capítulo en la Autopista del Atlántico, más conocida como la AP-9. Esos cerca de 220 kilómetros que recorren Galicia de norte a sur y cuya concesión, que debía haber concluido en 2012, se ha ido prorrogando con el tiempo y los gobiernos, extendiéndose ahora hasta 2048.

Algo que no ha evitado, sin embargo, que sus peajes sigan subiendo hasta el punto de hacer de ella, hoy en día, la segunda más cara de España. Para recorrerla desde Tui hasta Ferrol son necesarios 25,55 euros; si el trayecto empieza en Vigo y concluye en A Coruña, el coste se sitúa en 18,15 euros.

Bajo este prisma, la rebaja de peajes -prometida por el candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro en la campaña autonómica de febrero-, la cesión de sus competencias a Galicia, y el rescate de la misma para poner fin a la sangría es un tema recurrente en la política gallega.

Tanto que, sin ir más lejos, este mismo verano, en junio, los diputados autonómicos de PP, PSOE y BNG defendieron su rescate en el Congreso, que instó por primera vez al Gobierno a poner fin a los peajes en la AP-9, lo que supondría anular los 24 años que restan de concesión tras las sucesivas prórrogas.

La reacción del Ejecutivo central no se hizo esperar, llegando de la mano de Óscar Puente, ministro de Transportes, que enseguida cifró el rescate en 6.000 millones de euros. “Si alguien pone el dinero, nosotros encantados”, resumió el ministro en su tono habitual.

Un tercio de lo dicho por el ministro

Hoy, casi tres meses después, desde el análisis y el estudio de los datos, la Xunta ha replicado cifrando ese rescate en menos de la mitad de lo apuntado por Puente.

El estudio encargado por la Xunta cifra en 526 millones de euros el coste de la transferencia de la autopista a Galicia, mientras que el rescate oscila entre 1.612 y 2.355 millones.

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, junto con el director de la Agencia Gallega de Infraestructuras, Francisco Menéndez, y el jefe de Proyectos de la consultora Eptisa, Marcos Maderuelo, ha desglosado esta mañana los resultados de este estudio.

El mismo fue encargado el pasado mes de junio a una empresa experta e independiente, a la que se le reclamó un análisis pormenorizado para determinar el coste real del traspaso de la AP-9 a la comunidad y de su liberalización.

Según ha detallado la conselleira, el informe contempla dos escenarios, el primero la transferencia de la titularidad de la AP-9 a la Comunidad Autónoma. El cambio de titularidad en sí mismo no tendría coste, pero sí los incrementos de bonificaciones que se prevén en el texto de la proposición de Ley que se tramita en el Congreso, que supondrían un gasto de algo más de 526 millones adicional a las bonificaciones vigentes.

El segundo escenario que evalúa el estudio es el rescate y, en consecuencia, la gratuidad, cuyo coste se estima en una oscilación entre los 1.612 y los 2.355 millones.

Estos números, tal y como ha puntualizado la conselleira, distan mucho de los ofrecidos en los últimos meses por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que elevó esa cifra hasta los 6.000 millones.

Allegue ha subrayado que la Xunta sigue defendiendo esta transferencia, cuya proposición de Ley fue aprobada por el Parlamento gallego hasta en cuatro ocasiones y por unanimidad.

La responsable de Infraestructuras ha hecho hincapié en que el Gobierno gallego continuará exigiendo que se cumplan los compromisos del PSOE y del BNG, que prometieron en campaña de las elecciones autonómicas la gratuidad en la AP-9 y también en la AP-53 entre Santiago y Lalín.