Las comunidades autónomas de Extremadura, Asturias, Navarra y Canarias pidieron este jueves en un debate celebrado en el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) en Bruselas garantizar el acceso a los derechos más básicos a todos los niños en Europa en riesgo de exclusión social. Asimismo, participaron en la votación de dos dictámenes, para el refuerzo de los sistemas europeos de garantía y protección de la infancia a escala local y regional.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, destacó que la prioridad de su comunidad es apoyar a las familias de acogida de menores, abogando por mayores aportaciones económicas. Subrayó que el 70% de los recursos de la región se destinan a políticas sociales, enfatizando la necesidad de atención psicológica para menores víctimas de violencia de género, adaptada a la dispersión geográfica de la región.

Por su parte, María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, resaltó las políticas públicas de su comunidad, que incluyen una renta de garantías para más de 4.500 familias con menores, educación pública desde la primera infancia y una sólida red de becas. Además, destacó la ampliación de la atención temprana para niños con trastornos del desarrollo y el refuerzo de los servicios de salud mental infantil.

Celia Alberto Pérez, directora general de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, abordó la situación desafiante que enfrenta su región debido a la llegada masiva de migrantes a las costas insulares. Destacó que muchos de estos migrantes son menores de edad, quienes pasan a ser tutelados por el gobierno regional junto con los niños locales en situación de desamparo. La directora describió la emergencia humanitaria como el mayor desafío migratorio en la historia de Canarias y señaló la alta tasa de pobreza en la región según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Raquel García González, directora de la Oficina de Proyectos Europeos del Principado de Asturias, destacó el lanzamiento de una red de escuelas gratuitas para niños de cero a tres años, con la meta de alcanzar 5.188 plazas. Asimismo, abogó por un mayor porcentaje de cofinanciación en instrumentos como el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para medidas de protección infantil, independientemente de la categoría regional.

Estas intervenciones se enmarcan en los esfuerzos de la Unión Europea, que presentó en 2019 la Garantía Infantil Europea, con el objetivo de asegurar que todos los niños en Europa, especialmente aquellos en riesgo de pobreza, accedan a servicios básicos como educación, atención médica y nutrición adecuada.