Política

Juanma Moreno

Vox enfría el cambio político en Andalucía

El partido de Santiago Abascal avisa de que no aceptará el acuerdo suscrito entre PP y Ciudadanos por su apoyo a las leyes de género: «Son medidas dictadas por asociaciones feministas podemitas».

Algunos de los asistentes a la Toma de Granada con una pancarta alusiva a Vox. El PP repartió más de 4.000 banderas de España en el 527 aniversario de la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos
Algunos de los asistentes a la Toma de Granada con una pancarta alusiva a Vox. El PP repartió más de 4.000 banderas de España en el 527 aniversario de la conquista de la ciudad por los Reyes Católicoslarazon

El partido de Santiago Abascal avisa de que no aceptará el acuerdo suscrito entre PP y Ciudadanos por su apoyo a las leyes de género: «Son medidas dictadas por asociaciones feministas podemitas».

Vox irrumpe con fuerza en las negociaciones que, hasta el momento, mantenían PP y Ciudadanos para formar Gobierno en Andalucía. Ambos partidos han cerrado un pacto con 90 medidas para romper con casi cuatro décadas de hegemonía socialista en la Junta y ahora se encuentran inmersos en el diseño del futuro Ejecutivo autonómico. Sin embargo, la formación de Santiago Abascal pone en peligro los planes para el cambio político en la comunidad autónoma avisando de que no aceptará las medidas relativas a las leyes de género acordadas por PP y Ciudadanos. En su cuenta de Twitter, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano –un juez especialmente combativo contra dichas normas–, aseguró ayer que «esos pactos que los suscriban con PSOE y Podemos. En política social todos siguen, con sumisión lanar, los mandamientos de la dictadura de género. ¿Dónde el cambio?». En la misma línea, la cuenta de Twitter de Vox a nivel nacional recordó que PP y Ciudadanos se comprometen a implementar, «con dotación presupuestaria suficiente, las medidas dictadas por la ideología de género y las asociaciones feministas podemitas radicales». «Vox no les dará su apoyo si no eliminan, entre otros, este punto del acuerdo».

Hace referencia así al punto 84, en el que los populares y el partido naranja pactan «impulsar un gran acuerdo contra la violencia de género en Andalucía que desarrolle en nuestra comunidad los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género». De esta manera, Vox quiere hacerse oír en este periodo crucial tras las elecciones del pasado 2 de diciembre. Con 396.000 votos cosechados en las urnas, sus 12 escaños en la Cámara andaluza son fundamentales para investir al líder del PP-A, Juanma Moreno, como presidente de la Junta, dando comienzo así a una nueva etapa alejada de las legislaturas monocolores del PSOE. Vox ya dijo en la campaña electoral que no daría cheques en blanco a PP y Ciudadanos, aunque también dejó claro que no será un obstáculo para el cambio político.

Pero éste no es el único punto en el que PP y Ciudadanos apuestan por la igualdad. En el apartado de «Conciliación, igualdad y familias», se comprometen a hacer efectivos los derechos contemplados en la nueva Ley Andaluza de Igualdad de Mujeres y Hombres, «con la finalidad de mejorar la conciliación laboral y familiar de todos los trabajadores andaluces, la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y la reducción de la brecha salarial, el desempleo femenino y la precariedad laboral de las mujeres». Junto a ello, acuerdan ofrecer incentivos a las empresas que «flexibilicen sus horarios y permitan a los padres y madres con hijos en edad escolar adaptar su jornada» y promover «activamente la igualdad de género dentro de las empresas». También plantean impulsar un «cambio cultural» para educar a los niños, «desde edades tempranas, en los mismos valores».

Sin embargo, no todo son diferencias entre el ideario de Vox y el pacto alumbrado por PP y Ciudadanos. Por ejemplo, el partido de Santiago Abascal propone la derogación de la ley de memoria democrática y el acuerdo andaluz no contempla ninguna medida en este sentido. Cabe recordar que el Gobierno socialista impulsó una norma autonómica sobre este asunto, absteniéndose PP y Ciudadanos. Este partido argumentó que la ley ponía en cuestión un «periodo sagrado» como es la Transición. El PP no estaba de acuerdo en el «enfoque» que la norma daba a la educación, además de mostrarse contrario a la Ley de Amnistía. Las competencias de memoria histórica han recaído, hasta el momento, sobre el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios.

Tan sólo el PP ha mantenido hasta el momento algún contacto con Vox de cara a la investidura de Moreno. Las cúpulas nacionales, en concreto los secretarios generales de ambos partidos, Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith, respectivamente, se han reunido para conocer las condiciones que pone sobre la mesa Vox. Ayer, los populares instaron a la formación a tener «altura de miras» y a no plantear «líneas rojas». El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, subrayó, no obstante, que el PP «no va a renunciar a la protección de las mujeres». Sí se mostró más crítico el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, formación que se ha desmarcado en todo momento de los planteamientos de Vox. Rivera aseguró que «luchar contra la violencia machista con recursos y medidas para que nadie abuse de una mujer no es una opción, es una obligación para todos». El PSOE, por su parte, señaló que estas exigencias «son un nuevo capítulo del pacto de la vergüenza», con el objetivo de «dejar desprotegidas a las mujeres de esta tierra». «¿Está dispuesto Ciudadanos a eliminar ese punto del acuerdo poniendo claramente en entredicho todos los avances conseguidos durante todos estos años?», se preguntó.

Ante la polémica suscitada, Serrano aclaró sus planteamientos. «Nadie condena más que Vox los agresiones a las mujeres», por lo que este partido «nunca pedirá que acaben las ayudas a mujeres maltratadas, sino que dichas ayudas lleguen a todas las personas que sufren violencia en el ámbito familiar, sin discriminación alguna».

En este sentido, instó a «no tener prejuicios, a respetar la presunción de inocencia y la independencia judicial y que se acaben las subvenciones millonarias a asociaciones que fomentan el feminismo supremacista y las imposiciones ideológicas de la izquierda».