El Tribunal de Cuentas paraliza la sentencia del 1-O al llevar al TJUE sus dudas sobre la aplicación de la Amnistía

El Tribunal de Cuentas lleva la Ley de Amnistía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al considerar que la polémica medida de gracia puede ir en contra de lo que determina el derecho comunitario en la lucha contra la corrupción hasta en ocho cuestiones. El organismo contable ha paralizado la sentencia sobre el supuesto desvío de 3,4 millones de euros de dinero público, para financiar el referéndum ilegal del 1-O y la promoción en el extranjero del «procés», contra una treintena de ex altos cargos de la Generalitat –entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el líder de ERC Oriol Junqueras– hasta que la Justicia europea se pronuncie

La consejera de la Sección de Enjuiciamiento encargada del asunto ha resuelto plantear al TJUE ocho cuestiones prejudiciales de la ley que, según su criterio, podrían oponerse a la interpretación que la jurisprudencia del TJUE viene realizando de forma reiterada sobre determinados principios y preceptos del Derecho de la Unión Europea.

El Tribunal de Cuentas cuestiona los artículos 1.1 (letras a, b y c), 1.2, 1.3, 1.4, 2 e), 8.3, 10 y 13.3. Y es que, según su criterio, esas disposiciones pueden ir en contra de lo que estipula el derecho comunitario sobre el principio de la lucha eficaz y disuasoria contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE; el principio de cooperación leal; los principios de igualdad y de no discriminación; los de seguridad jurídica y confianza legítima; y el principio del Estado de derecho y de tutela efectiva en el proceso judicial.

Asimismo, la consejera acuerda que en este momento no procede tramitar las peticiones de varios demandados, que el mismo día en que entró en vigor la Ley de Amnistía, el pasado 11 de junio, solicitaron su aplicación inmediata.

Además de Puigdemont, Junqueras y Artur Mas, entre los encausados figuran los exconsellers condenados por malversación por el Tribunal Supremo –Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa– y los también exintegrantes del Gobierno de Puigdemont Toni Comín y Lluís Puig, también huidos a Bruselas.

La Fiscalía rebajó de nueve millones y medio a algo más de tres las cantidades que habrían desviado los demandados para costear el proceso soberanista en Cataluña en 2017 y para imponer su relato en el extranjero, sirviéndose para ello de Diplocat y de algunas «embajadas» catalanas. La acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana (SCC) eleva esa cifra a 5,3 millones. A diferencia de lo que hizo la Fiscalía, SCC sí se pronunció a favor de recurrir al TJUE para que esclareciese si la ley es contraria al derecho de la UE.

El Tribunal de Cuentas entiende que las presuntas responsabilidades contables que, en su caso, se pudieran declarar por sentencia firme, como consecuencia de la participación de los demandados en el presumible desvío de fondos entre 2011 y 2017 «deberían incardinarse dentro de esa “interpretación amplia” de la protección de los intereses financieros de la UE, acogida por la consolidada jurisprudencia del TJUE», teniendo en cuenta que «se habrían estado realizando actuaciones de corrupción (ilegales) con daño para el patrimonio público de la Generalitat» y que «no podría excluirse que dichas actuaciones de corrupción hubieran generado un riesgo o perjuicio potencial en los intereses financieros de la UE, con independencia del origen de los fondos públicos empleados».

En esos años, sostiene la consejera, se habrían llevado a cabo por parte de los encausados «unas actuaciones de corrupción destinadas a procurar la celebración de las consultas ilegales en Cataluña» del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017 «y, en general, a promover la independencia de Cataluña -esto es, la independencia de una parte de un estado miembro de la UE», actuaciones que, finalmente, culminaron con la celebración de la consulta ilegal del 1-O y la posterior declaración de independencia de Cataluña. «Sin ninguna duda», subraya, estos comportamientos «de corrupción (ilegales) en el manejo del patrimonio público» de la Generalitat «habrían generado un riesgo o perjuicio potencial en el presupuesto de la UE».