Transparencia reclama los datos del coste y reparto de irregulares enviados desde Canarias en 2023

Las peticiones de información a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTGB) acerca del traslado de población migrante desde otros países a España van dando pistas acerca del número de estos desplazados. Así, en febrero se supo que nuestro país ha aceptado durante el mandato de Pedro Sánchez la deportación desde Alemania de 7.573 irregulares, de los cuales se hizo efectivo el traslado de 1.730. Este dato es fruto de la petición de un particular que, tras intentarlo sin éxito con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo consiguió en la cartera de Interior.

En este sentido, el ministerio de Elma Saiz, que tiene abiertas tres reclamaciones en Transparencia por los acuerdos migratorios con Alemania, Estados Unidos y sobre el reparto de los llegados a Canarias, deberá responder ahora sobre este último punto merced a una resolución del CTBG favorable al interés en esta cuestión por parte de nuevo del abogado Guillermo Rocafort.

Así lo expuso mediante un escrito con fecha del 12 de diciembre del año pasado que no tuvo respuesta, motivo por el que interpuso una reclamación el 29 de enero de este año, que tuvo una concesión parcial por parte del Ministerio de Inclusión y Migraciones como «órgano competente para la planificación, desarrollo y gestión de programas de atención humanitaria a personas migrantes, así como para la coordinación y planificación de actuaciones de intervención urgente ante situaciones de carácter excepcional y emergencia humanitaria».

En este escenario, «desde el verano de 2023 se ha producido un incremento sin precedentes en el número de llegadas de personas migrantes a las costas españolas, especialmente a las Islas Canarias, lo cual ha motivado la necesidad de adoptar diversas declaraciones de emergencia para incrementar de manera inmediata las capacidades y recursos».

En el marco «de dicho programa se han trasladado en el año 2023 un total de cerca de 29.000 personas a la Península. El coste de los servicios y actuaciones se ha asumido con cargo a las correspondientes declaraciones de emergencia que han tenido que adoptarse en 2023», continúa en su respuesta la cartera de Saiz. Según esta fuente, «los inmigrantes son alojados en los recursos habilitados a lo largo de todo el territorio nacional, siempre en coordinación con las comunidades autónomas y entidades locales».

El interesado respondió el 18 de abril que «no se aportan los informes de impacto turístico, sanitario y de orden público de las zonas de los repartos», ni «tampoco qué se va a hacer con los desplazados cuando pasen los periodos contratados con los hoteles» o «los incidentes causados por los inmigrantes». Apuntaba que «de alguna manera tiene que saber el reparto efectuado para no sobrecargar unas regiones sobre otras». «Es como si el Ministerio de Justicia no tuviera centralizado la información sobre el reparto de los presos por cárceles en toda España. No hay que perder de vista que cuando el Estado asume y desplaza a esos irregulares, está asumiendo en parte su custodia y vigilancia», razonaba Rocafort.

Para el Consejo de Transparencia, la «identificación de los municipios de la Península» para el traslado y «el número concreto por municipio» es «información que obra en poder del ministerio, como se desprende de su propia respuesta», por lo que se estima la reclamación del letrado.

Acerca de «los incidentes causados» y «qué se hará con esas personas una vez finalizado el periodo contratado», el CTBG «entiende que no tiene cabida la pretensión de obtener información sobre hechos futuros, que todavía no han acontecido».

El Consejo de Transparencia reclama, pues, el «reparto por toda la Península ibérica de los inmigrantes irregulares llegados a Canarias desde África en cayucos en el 2023, especificando el municipio peninsular de asignación, número de personas desplazadas», así como el «coste real del alojamiento».