Falta de transparencia
Sánchez ya conocía la investigación a Ábalos cuando le colocó en su lista
Hacienda niega al Senado la información que tuvo que entregar a la UCO. Montero usa como vía de escape los casos de corrupción del PP
El informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), que figura en el sumario del «caso Koldo», confirma que la Agencia Tributaria hizo requerimientos de información en enero de 2022 sobre los contratos concedidos a Soluciones de Gestión por parte de los ministerios de Transporte e Interior. La fecha de estos requerimientos de información, que dan oficialmente la luz de alarma sobre lo que se había estado cociendo en el entorno del exministro José Luis Ábalos, dejan en evidencia la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar a Ábalos en su lista a las elecciones generales de julio del pasado año. Para entonces, como confirma el citado informe de la ONIF, dentro de su Administración ya estaban al corriente de que se le estaba investigando por la vía de su asesor y persona de máxima confianza, Koldo García.
Ábalos fue cesado como ministro de Transportes y secretario general del PSOE en julio de 2021. Una destitución que se caracterizó por la falta de explicaciones y transparencia. Tan inexplicado fue este movimiento como la decisión posterior de rehabilitarlo en julio de 2023 en las listas electorales, a lo que siguió su posterior expulsión en febrero de 2024, tras el inicio del «caso Koldo», decisión que reabrió viejas heridas y puso en entredicho la coherencia del Gobierno en su lucha contra la corrupción. Desde entonces no han dejado de correr rumores sobre las razones de su cese, que abarcan desde su vida personal hasta su vinculación con la visita ilegal de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a España. Todos estos giros del PSOE sí le han permitido mantener su acta de diputado, gracias a la decisión de Sánchez, lo que le concede el privilegio del aforamiento y de que su caso termine en el Tribunal Supremo.
Por cierto, la investigación inicial es de Hacienda, pero la vicepresidenta y titular de ese ministerio, María Jesús Montero, se ha negado a trasladarla al Senado, a pesar de las peticiones registradas por el PP.
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el «caso Koldo», Ismael Moreno, tomó ayer declaración como testigos al jefe de Presupuestos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Jorge Meana, y al que fuera secretario general y del Consejo de Correos, Julio González García. El juez investiga al asesor del exministro Ábalos y a otras personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
El pasado miércoles, el presidente del Gobierno se negó a revelar cuántas veces se reunieron él o su mujer, Begoña Gómez, con el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, ahora en prisión por el fraude del IVA en la compra de hidrocarburos. Distintas informaciones han apuntado que podrían haber tenido una relación directa, pero el presidente no ha querido ni confirmarlo ni desmentirlo.
Fue el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien le exigió que explicara a los españoles cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron Sánchez y Gómez con Víctor de Aldama. La respuesta del líder del PSOE fue una huida hacia delante que no despejó la incógnita. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incorporado al sumario del caso, traza un mapa de subtramas que dibuja un oscuro futuro para sus protagonistas. Las nuevas revelaciones sobre el comisionista le colocan también como figura central de otros entramados, siendo calificado por la UCO como el «nexo corruptor» en el «caso Koldo».
Hoy hay sesión de control al Gobierno en el Senado, en la que una vez más estará ausente el presidente del Gobierno. La oposición dirigirá toda su ofensiva política por la corrupción contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda, a quien reprocharán, entre otras cuestiones, que oculte información al Parlamento que ya está en manos de la Guardia Civil. Es previsible que Montero use como vía de escape, como ya hizo la semana pasada, el recordatorio de los casos de corrupción del PP, sin que dé explicaciones de lo que en la actualidad está encima de la mesa de la UCO y de los jueces.
Enfrente tendrá la estrategia del PP de convertir las sesiones parlamentarias en un monográfico sobre corrupción, con distintas y sucesivas preguntas a los distintos miembros del Gobierno. El PP sabe que la agenda política la continuarán marcando las informaciones vinculadas a estos escándalos y no dejarán pasar ninguna oportunidad de «morder» al líder socialista por el «caso Ábalos» y por la investigación a su esposa. En su argumentario ya han colocado a Sánchez como el «número uno», haciéndose eco de cómo se referían a él en la trama de Koldo, y, además, esperan que salgan nuevos datos que estrechen el cerco sobre el presidente del Gobierno.
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