El presidente del Gobierno en funciones sigue escudándose en el «respeto institucional y democrático» a la decisión del jefe del Estado de encargar a Alberto Núñez Feijóo someterse a la investidura para evitar dar cuenta de los avances en las negociaciones que ya se están registrando, aunque a baja intensidad, para su propio intento, una vez fracase el candidato del PP.

El líder socialista esperaba que este mes «en blanco» –como lo definen los socialistas– supusiera una tortura para Feijóo y que acabara «achicharrado» por la sobreexposición mediática y ante su incapacidad para conseguir sumar los votos suficientes para conseguir la confianza de la Cámara. Sin embargo, el debate sobre una futura amnistía o una fórmula asimilable, como contrapartida al apoyo de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez, ha capitalizado el discurso político y ha dado al traste con la estrategia de los socialistas que quería volar bajo el radar durante estas semanas.

El Gobierno y Ferraz se han abonado a la «máxima discreción» y evitan hacer cualquier pronunciamiento que comprometa la buena marcha de las conversaciones, pero ese vacío comunicativo lo están llenando otros actores que, en busca de protagonismo y de rentabilidad política, marcan la agenda y distorsionan el enfoque socialista. Entre estos posicionamientos destaca el de Oriol Junqueras que, el martes, aseguró que la amnistía ya estaba pactada en el marco de las condiciones que se fijaron para hacer, el 17 de agosto, presidenta del Congreso a Francina Armengol. Aunque en público desde el Gobierno han sido cuidadosos para evitar desautorizarle, en privado son taxativos sobre el rechazo a que exista cualquier pacto en este sentido.

Tampoco Sánchez quiso hoy desmentir al líder del ERC y se limitó a señalar que, una vez reciba el encargo del Rey, tras la investidura fallida de Feijóo, hablará con total «transparencia» de los acuerdos a los que se llegue. «Lo que tenga que decir, lo diré a partir de ese momento, cuando sea candidato», señaló en rueda de prensa antes los medios de comunicación en la misión de España ante la ONU en Nueva York.

El presidente en funciones sí avanzó que la línea que va a seguir su Ejecutivo en los próximos cuatro años –dando, por tanto, por hecho por hecho que prosperará su investidura– será «coherente con lo que hemos hecho hasta ahora». El presidente se refería al cumplimiento de la Constitución en su apuesta por recuperar la relación con Cataluña, sin embargo, en relación a Carles Puigdemont, el Gobierno defendía hasta hace escasas fechas que el que fuera presidente de la Generalitat debía volver a España y rendir cuentas ante la justicia. Sánchez incluso se comprometió en la campaña de 2019 a traerle de vuelta. También, durante otra campaña, esta vez la de las últimas generales, que una amnistía no tenía encaje constitucional y no se había concedido como contrapartida a los independentistas.

Cuestionado abiertamente por esta cuestión, si el Ejecutivo sigue manteniendo esta línea de «coherencia» , en relación a que Puigdemont debe responder ante la justicia por los delitos derivados de la deriva independentista en Cataluña, Sánchez cambió de tercio y apostó por otra vía: la vía de la solución política. El presidente en funciones aseguró que «una crisis política», como la catalana, «nunca tuvo que derivar en una acción judicial».

Recordó también que, en su día, le transmitió su «malestar» a Mariano Rajoy por no «haber sido consultado», cuando, tras apoyar el PSOE la aplicación del artículo 155 para intervenir la autonomía de Cataluña, el Gobierno del PP apostó por la judicialización del conflicto. En este sentido, Sánchez aboga ahora por «devolver a la política lo que nunca tuvo que salir de la política» en su relación con Puigdemont, una estrategia que, según él, va en la línea de la que se ha desplegado durante estos años con la concesión de los indultos o las reformas del Código Penal para derogar la sedición o abaratar la malversación.

El jefe del Ejecutivo hace un nuevo giro discursivo que allana el camino para una futura amnistía o fórmula asimilable que consiga «pasar página» al «desgarro que se produjo en 2017 con una crisis constitucional y territorial». Una crisis que, en su opinión, generó un «profundo desgarro» en la sociedad, mientras que ahora la demoscopia catalana demuestra que el apoyo a la unilateralidad ha descendido hasta el 10 por ciento, por lo que entiende que el 90% restante quiere «el diálogo, la concordia y el reencuentro». «Si queremos apelar a una mayoría lo que tenemos que hacer es mirar a ese 90%», dijo.