En el Parlamento Europeo hay una mayoría conservadora que, dirigida por el Partido Popular Europeo (PPE), podría activar en Pleno el procedimiento para que la Comisión Europea intervenga frente a la ley de amnistía hecha a la medida del independentismo y sobre la que se sostendrá la investidura de Pedro Sánchez esta semana. Tras el éxito de la movilización de ayer, el PP se moverá en Europa, pero prefiere que el protagonismo lo lleven las asociaciones de jueces, fiscales, abogados y otros representantes de la sociedad civil, que a través de comunicados y manifestaciones ya han puesto en marcha lo que se califica de «rebelión civil» contra el acuerdo de Sánchez con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Que sea la sociedad, y no un partido, quien llama primero a la puerta del grupo de monitorización del Estado de Derecho, que funciona en el Parlamento Europeo dentro de la Comisión de Libertades, es la vía que puede resultar más eficaz para que Bruselas actúe contra los planes de Sánchez, al margen de lo que suceda en el ámbito penal. Y los precedentes a los que se mira están ahí: Polonia, Hungría y Rumania, aunque en este último caso hubo una rectificación del Gobierno socialista antes de que llegara la sanción comunitaria por aplicación del artículo 7 del Tratado europeo.

El Estado de derecho es uno de los valores de la UE porque contribuye a garantizar la equidad y la transparencia, entre otras cosas. El procedimiento bajo el artículo 7 del Tratado de la UE fue introducido por el Tratado de Ámsterdam, en 1997. E incluye dos mecanismos para proteger los valores de la UE: uno preventivo, que se activa ante un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2 (entre ellos figuran la democracia, la igualdad y el Estado de derecho); y otro de carácter sancionador, que se activa en caso de que se constate la existencia de una violación grave y persistente.

En 2019, cuando Rumania estaba al frente de la Presidencia de la UE, el país afrontó el debate sobre una amnistía para varios dirigentes políticos condenados por corrupción por falsificar resultados electorales (lo que en la oposición conservadora española entienden que es equiparable a convocar un referéndum ilegal). El entonces presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, se desplazó hasta el país para advertir solemnemente de que la propuesta era un ataque al Estado de derecho que podía suponer que se cortara el grifo de los fondos europeos. Ante las protestas sociales, el Gobierno, liderado por el Partido Social Demócrata (PSD), convocó un referéndum que se saldó con el respaldo de un 80 por ciento de los participantes a una reforma constitucional que impedía llevar a cabo la iniciativa que proponía el Ejecutivo.

Al margen de la vía penal

Desde entonces los socialistas no han vuelto al gobierno rumano por el desgaste que les supuso este movimiento. En Polonia y Hungría sí han llegado a suspenderse los fondos por entender la Comisión Europea que había vulneración del Estado de derecho.

El PPE tiene mayoría suficiente en el Parlamento Europeo como para activar el grupo de monitorización del Estado de derecho a fin de que fiscalice la amnistía que Sánchez ha negociado con Puigdemont con el objetivo de sacar adelante su investidura. No hace falta que la ley esté aprobada para que la Comisión pueda resolver sancionar a España por no respetar los valores comunitarios. Y esta decisión no se dilata en el tiempo, sino que, de activarse el grupo, podría estar aprobada para Navidad.

La previsión que manejan en este entorno crítico con la negociación con Puigdemont es que las distintas asociaciones (jueces, fiscales, abogados…) que han levantado ya la voz en España llamen también a la puerta del citado grupo de monitorización del Estado de derecho. Y en medios diplomáticos próximos al PP aseguran que los manifiestos que han ido haciéndose públicos serán suficientes como para que la cuestión se resuelva en contra del nuevo Gobierno de coalición.

Todo este procedimiento es independiente de la vía penal, es decir, de la posible cuestión prejudicial que el Tribunal Supremo o cualquier otro juzgado afectado eleven al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por entender que la amnistía vulnera el derecho de la Unión Europea. Esta figura también implicaría paralizar el procedimiento hasta que el TJUE resolviera y los plazos pueden dilatarse varios años. El auto con el que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acaba de imputar a Puigdemont en el marco de la investigación por Tsunami Democrático allanan además esta vía, ya que el magistrado considera que los hechos pueden ser considerados indiciariamente como terrorismo y a la hora de justificar esta posición apunta al derecho de la Unión Europea.

Este paso penal irá acompañado de cuestiones de constitucionalidad, ya ante en Tribunal Constitucional español, por parte de aquellos tribunales que consideren «que una norma con rango de ley aplicable a su caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución».