Rajoy fuerza que el TC frene a Puigdemont

El Gobierno impugnará ante el Constitucional la candidatura del ex president con el informe del Consejo de Estado en contra. Este cambio de criterio busca impedir que se vote a un fugado.

El Gobierno rectificó ayer «in extremis» su estrategia frente a la investidura de Carles Puigdemont por miedo a que el Tribunal Constitucional (TC) no llegase a tiempo de evitar sobre la marcha su votación como presidente de la Generalitat, aun estando ausente del Parlamento catalán. Ya ocurrió con la declaración unilateral de independencia, que fue anulada «a posteriori», lo que en cualquier caso facilitó su uso simbólico por los líderes soberanistas. Así, aunque no había una decisión formal de la Mesa convocando un Pleno para investir de manera no presencial a Puigdemont, como en principio el Ejecutivo consideraba que era condición necesaria, éste decidió arriesgar y recurrir la convocatoria del Pleno en sí misma. Pero su estrategia no fue avalada por el Consejo de Estado, órgano que tiene que emitir un informe preceptivo sobre el recurso que el Ejecutivo lleve al Constitucional.

Este órgano consultivo respaldó los argumentos jurídicos planteados por el Gobierno, pero discrepó sobre el momento temporal de hacerlo ya que en estos momentos no se sabe ni siquiera si el candidato acudirá al Parlamento. Moncloa recordó anoche que el informe es preceptivo, pero no vinculante. Por tanto, el Ejecutivo continúa adelante con su decisión de recurrir la candidatura de Puigdemont.

La tensión sigue elevándose y la respuesta oficial del independentismo fue ratificarse en su posición y no dar ningún paso atrás, sino aprovechar la brecha que abre en el frente constitucionalista el informe del Consejo de Estado.

Hasta ayer en el Gobierno entendían que sin hecho administrativo no había objeto para el recurso. Pero con el giro de estrategia pretenden que en cuanto sea admitida a trámite la impugnación, se suspenda el Pleno convocado por el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, y éste tenga que decidir si propone a otro candidato. Que la pelota quede en su tejado. Torrent firmó por la tarde la «convocatoria del debate de investidura del diputado Carles Puigdemont como candidato propuesto a la presidencia de la Generalitat», un Pleno fijado para el próximo martes, según explicó el Parlamento en un comunicado. Y ERC y el PDeCAT también ratificaron públicamente que mantienen su apoyo a ese candidato. Hasta el martes se abre un escenario lleno de tensión e incertidumbre, y en el que Torrent se juega acabar como la anterior presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, afectada por la causa que instruye el Tribunal Supremo contra el alzamiento soberanista.

El independentismo está utilizando la misma estrategia que en sus «trampas» anteriores con el referéndum ilegal o con la declaración unilateral de independencia. El camino es apurar los plazos sin desvelar sus cartas para torpedear la respuesta del Estado de Derecho. En este caso la artimaña consiste en la negativa de Torrent a aclarar de qué manera va a celebrarse la sesión de investidura de Puigdemont para evitar que haya un acto jurídico que facilite el recurso ante el Constitucional.

Ayer se precipitó todo con este cambio de posición del Gobierno por miedo a que si llega a votarse la investidura no presencial de Puigdemont, aunque luego sea suspendida por el TC por no ajustarse a derecho, Cataluña quede en una especie de limbo jurídico y político a la espera de que el TC resuelva definitivamente su recurso tras la suspensión cautelar dictada entre la votación y la toma de posesión. Mientras, no sería posible nombrar a otro presidente de la Generalitat, y, además, esa votación nula sería utilizada simbólicamente para la épica independentista.

Pero el paso tenía riesgos y el Consejo de Estado se posicionó del lado del criterio que hasta ayer mantenía el Ejecutivo. El martes, a última hora de la noche, confirmaba que no tenía la intención de recurrir la candidatura de Puigdemont como tal porque no había ningún acto jurídico recurrible. Así lo explicó también el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Onda Cero el pasado miércoles, cuando aclaró, una vez anunciada la candidatura de Puigdemont, que aún no era posible recurrir ante el Tribunal Constitucional porque no había un acto administrativo de convocatoria del Pleno con investidura no presencial. Se refería a la decisión de la Mesa en ese sentido, que ayer seguía sin haberse producido.

El fundamento del recurso del Gobierno es el estatus jurídico de Puigdemont, que es incompatible con su comparecencia en la Cámara, ya que sobre él pesa una orden de busca y captura. En cuanto pise España tendría que ser detenido, y luego sería ya decisión del juez Pablo Llarena su respuesta a la petición que éste pudiera hacerle para acudir a su investidura. De darse ese supuesto en el que el ex presidente abandonase su refugio belga. El Gobierno también cuenta con el dictamen del Consejo de Estado sobre las trampas del independentismo para forzar una investidura telemática o admitir el voto delegado de los diputados huidos. Desde el Gobierno instaron a Torrent a rectificar de inmediato los primeros pasos que ha dado para saltarse la ley.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, fue quien anunció la intención de recurrir la candidatura de Puigdemont a última hora de la mañana de ayer. «Carece del derecho de libertad deambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia porque tan pronto como entre en territorio español debe ser puesto a disposición judicial», argumentó.