No es la primera vez que el PSOE muestra dos caras. Buen ejemplo es su actitud respecto al comunismo en Europa y la postura que adopta en España al respecto. En las últimas elecciones al Parlamento Europeo –en mayo de 2019–, los de Ferraz obtuvieron un total de 21 eurodiputados, siendo la mayor delegación nacional en la Cámara de la UE dentro del grupo de los socialistas y demócratas, que forman 146 europarlamentarios.

La resolución del Parlamento Europeo condenatoria del comunismo y el nazismo, con fecha del 18 de septiembre de 2019, fue promovida por cuatro grupos en la Eurocámara: el PPE (donde está el Partido Popular), el Grupo socialdemócrata (S&D, donde se encuentra el PSOE), el Grupo Renwe (donde milita el PNV) y el Grupo CRE (formado por conservadores y reformistas).

En el pleno donde se debatió esta cuestión fue brillante la intervención de la eurodiputada del PP Isabel Benjumea: «No nos corresponde a nosotros la tarea de escribir la historia. Los políticos no debemos imponer un único relato. No se puede utilizar la historia como arma política. Sé bien de lo que les hablo, porque esto es lo que está tratando de hacer la izquierda española desde hace unos cuantos años, con la Ley de Memoria Histórica, en España. No se puede imponer por una ley un único relato de la historia. La misión de escribir la historia es labor de los historiadores, señorías, de los historiadores. Nuestra labor es garantizar que puedan trabajar en un marco de libertad».

La votación tuvo lugar el 19 de septiembre, un día después del debate, con un resultado muy favorable a la condena de los regímenes totalitarios comunista y nazi (538 votos a favor y solo 42 en contra). De la imagen del pleno de aquel día se percibe que ni la extrema izquierda ni la extrema derecha europeas votaron la propuesta. Ni a favor ni en contra, porque se abstuvieron. De hecho, ni siquiera estuvieron presentes.

Dentro del Grupo S&D (socialdemócrata), un grupo de eurodiputados griegos votó en contra, reivindicando la memoria de Pavlos Fyssas –asesinado por grupos radicales nazis– y se puso en pie durante la votación, mientras que la bancada socialista votó a favor de la condena al comunismo, incluidos los 21 eurodiputados del PSOE, junto con los sectores de izquierda moderada, centro y centroderecha, de los cuatro grupos que promovieron la iniciativa.

En España, Vox planteó –noviembre de 2020– en el Senado una pregunta para quejarse de cómo se olvida la «gran lacra que supuso para la humanidad el comunismo». En su respuesta, el Ejecutivo afirmaba que «el Gobierno es plenamente consciente de la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa y está firmemente comprometido con la condena que hace la resolución del Parlamento Europeo de todos los totalitarismos».

En marzo de 2021, el PP promovió una iniciativa para condenar precisamente a «todos los totalitarismos», incluido el comunista, e instó al Gobierno a adoptar las medidas contempladas en la resolución del Parlamento Europeo mediante su incorporación a la legislación española sobre memoria histórica y democrática. El PSOE (junto con Podemos) votó en contra, y promovió más adelante la Ley de Memoria Democrática, con apoyo de Unidas Podemos, del PNV (que también respaldó la repulsa al comunismo en la UE) y de Bildu. Pero sin incluir ni una línea de repudio y reparación a sus víctimas.